La conciliación entre la vida laboral y personal es una prioridad creciente en la UE. Desde 2017, con la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, se han ido desarrollado distintas estrategias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. La Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, estableció estándares mínimos de permisos laborales y flexibilidad, mientras que la Estrategia Europea de Cuidados (2022) garantizó el acceso a servicios de atención, asequibles y de calidad. Desde España se han adaptado estas normativas, enfrentando los desafíos que han surgido para su implementación.

El Derecho de la UE se basa en diferentes tipos de normas, conformadas por los reglamentos, que son de aplicación directa y obligatorios en todos los Estados miembros. Las directivas, que fijan objetivos que cada país debe cumplir mediante su legislación nacional en unos plazos establecidos y finalmente, las decisiones que son de carácter obligatorio para aquellas y aquellos sujetos a quienes se dirigen, ya sean países, empresas u otros actores específicos.

El sistema europeo, trata de garantizar una serie de permisos laborales destinados a fomentar la conciliación. El permiso de paternidad concede al menos 10 días laborables, remunerados como una baja por enfermedad, tras el nacimiento de los hijos o las hijas. El permiso parental/marental, reconoce un derecho individual a 4 meses por persona progenitora, de los cuales 2 son intransferibles, con el objetivo de equilibrar la implicación de ambas personas progenitoras. Asimismo, el permiso para personas cuidadoras permite disponer de al menos 5 días al año para atender a familiares con necesidades graves de atención. En cuanto a la flexibilidad laboral, las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar modalidades de trabajo flexible, como el teletrabajo, la jornada reducida o los horarios flexibles, especialmente si tienen responsabilidades de cuidado. Finalmente, se prohíbe el despido o trato desfavorable relacionado con la solicitud o uso de estos permisos, y se exige a los Estados miembros poder garantizar una protección legal efectiva para todas las personas.

España ha adaptado las directivas europeas mediante varias reformas legislativas. El Real Decreto-ley 5/2023 introdujo modificaciones orientadas a facilitar la conciliación. El Real Decreto-ley 7/2023 incorporó medidas para fomentar el trabajo flexible. Finalmente, el Real Decreto-ley 2/2024 ajustó el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar los derechos de conciliación. Sin embargo, la Comisión Europea ha advertido que España aún no ha completado plenamente la transposición de la Directiva 2019/1158, especialmente en lo que se refiere a la remuneración de las últimas semanas del permiso parental, dando lugar a un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Junto con esta normativa básica, el marco normativo de la Unión Europea incluye otras Directivas que, pese a no ser propiamente Directivas centradas en la conciliación, tienen un impacto directo sobre la misma. La Directiva 2023/970 sobre igualdad retributiva y transparencia salarial tiene como objetivo combatir la discriminación salarial y reducir la brecha salarial de género en la UE, que se ha mantenido en torno al 13% durante la última década. Por su parte, la Directiva 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles busca garantizar que todas las personas trabajadoras de la UE, incluidos aquellos con formas de empleo no convencionales, conozcan sus condiciones laborales desde el inicio de la relación laboral. Establece derechos mínimos, como la información sobre el lugar de trabajo, el tipo de trabajo, el tiempo de trabajo y la remuneración. Finalmente, la Directiva 2006/54/CE sobre igualdad de género en el trabajo consolida y actualiza la legislación europea en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Prohíbe la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en aspectos como el acceso al empleo, la formación profesional, la promoción y las condiciones laborales. También aborda la discriminación relacionada con el embarazo y la maternidad, y promueve la igualdad de oportunidades y el trato en el trabajo. España ha incorporado todas estas normas en su ordenamiento jurídico interno, mediante la modificación del Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de la Seguridad Social, así como otras leyes y normas con rango de ley.

Aunque se han producido diversos avances normativos, la conciliación laboral sigue enfrentando desafíos importantes. En primer lugar, la desigualdad de género sigue siendo un problema estructural, ya que gran número de mujeres continúa realizando la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado, lo que repercute negativamente en su desarrollo profesional. En segundo lugar, hay una notable falta de infraestructuras de cuidado, como guarderías y centros de atención a mayores, incrementando así la carga sobre las familias, que en muchos casos no cuentan con servicios públicos adecuados para poder hacer frente a estas necesidades. Además, la rigidez de los modelos laborales tradicionales y la cultura del presentismo dificultan la adopción de nuevas modalidades de trabajo más flexibles, como pueden ser el teletrabajo o los horarios adaptados, dificultando que muchas personas trabajadoras puedan ejercer plenamente sus derechos de conciliación. Por otra parte, la digitalización del trabajo, que se ha visto acelerada tras la pandemia, representa una gran oportunidad para la conciliación, pero a su vez, también supone un riesgo, pudiendo implicar la hiperconectividad y la falta de separación entre vida personal y profesional, lo que hace necesario la existencia de un marco normativo claro sobre el derecho a la desconexión. Finalmente, el envejecimiento de la población europea conlleva una demanda creciente de cuidados de larga duración, demandado la aparición de políticas específicas para apoyar a quienes cuidan, tanto formales como informales, y adaptar los sistemas de protección social a esta nueva realidad.

Para el período 2024-2029, pese a no encontrarse entre las prioridades políticas de la Unión Europea, se espera que continúe el desarrollo de iniciativas relacionadas con el teletrabajo, la desconexión digital, la igualdad de género y el apoyo a personas cuidadoras, actuando como medidas clave para seguir avanzando hacia una sociedad más equitativa y cohesionada. La UE ha impulsado importantes avances en conciliación laboral, estableciendo un marco legal común que reconoce los derechos tanto de personas trabajadoras y cuidadoras. No obstante, persisten desigualdades y obstáculos estructurales que dificultan su plena aplicación, siendo fundamental reforzar la corresponsabilidad en el hogar, mejorar las infraestructuras de cuidado, adaptando la legislación al contexto digital y demográfico europeo actual.