| 4.1.4.2. ACCIÓN SOCIAL Introducción El primer paso que hay que dar para abordar un diagnóstico de la situación de las personas jóvenes en el ámbito de la acción social es, precisamente, definir qué se entiende por acción social, ya que se trata de un tipo de intervención que abarca cuestiones tan diversas como las necesidades de educación, trabajo, vivienda, etc. Es preciso, pues, definir qué tienen en común las personas jóvenes a las que se dirige la intervención social, así como los agentes que intervienen en este tipo de acciones. El primer elemento que define la acción social es que ésta se orienta a aquellas personas (jóvenes o no) que se hallan en una situación de desventaja, de dificultad y/o de conflicto para mejorar su calidad de vida, entendiendo ésta como los mínimos económicos, culturales, educativos, etc. de los que se debería disponer en nuestra sociedad para situarse fuera de la marginalidad. Se trata, por tanto, de dotar de recursos a personas que se encuentran en una situación especial para normalizarla. Dentro del colectivo de personas jóvenes en situación conflictiva, de riesgo o desventaja estarían, entre otras, aquéllas en las que se observan indicadores de riesgo, como la ausencia de habilidades sociales básicas, consumo inadecuado de drogas, problemas de escolarización, dificultades por discapacidad, etc. Dentro de ese amplio colectivo también habría que incluir un subgrupo que cada vez está cobrando mayor importancia desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo: las personas jóvenes inmigrantes. Este subgrupo tiene cierta especificidad frente al resto de los colectivos ya que, en muchos casos, las personas inmigrantes parten de una situación de ilegalidad que dificulta la intervención. Además, se trata de un problema en el que, hasta el momento, no se ha profundizado lo suficiente. Por ello, requiere un tratamiento específico por parte del Plan Joven. Para continuar definiendo acción social, hay que decir que tal intervención o actuación parte de unos postulados ideológicos claros en la medida en que se fundamenta en una determinada interpretación de los conceptos de calidad de vida, integración, justicia social, etc. El tercer rasgo que define la acción social es su carácter territorializado, ya que las situaciones de desventaja o conflicto tienen diferentes fuentes u orígenes dependiendo del contexto en el que se manifiestan, por lo que la respuesta a tales situaciones ha de darse desde el entorno más cercano a los problemas. La acción social debe ofrecer planteamientos específicos para problemas específicos. Por último, la acción social se caracteriza igualmente por desarrollarse siguiendo una estructura de red en la que se da un trabajo coordinado entre diferentes agentes sociales y entre éstos y la administración (sistema social, sistema laboral, sistema educativo...), por lo que se requiere del establecimiento de servicios coordinados, el desarrollo de convenios y la discusión en torno al reparto y asignación de competencias. Tipos de acción social Por otra parte, hay que tener en cuenta que la acción social cobra sentido en la medida en que los sistemas en los que la persona desarrolla su actividad vital fallan o se muestran insuficientes para dar respuestas satisfactorias a las diferentes necesidades. Por ello, resulta de vital importancia que se lleve a cabo un trabajo de transversalización del problema de la marginalización a lo largo de los diferentes sistemas. En este sentido, aunque actualmente existe un marco normativo que prevé medidas favorables a la inserción de colectivos, como el de las personas con discapacidades en el ámbito laboral, la vivienda, etc., queda todavía un largo camino por recorrer que empieza por hacer efectivo el cumplimento de dichas normas y pasa por incluir el criterio de exclusión en el diseño de las políticas públicas en el resto de los sistemas. En cuanto a los objetivos de la acción social, ésta se desarrolla a lo largo de un eje que va desde la prevención en edades tempranas hasta lo que puede denominarse como intervención directa (tanto dirigida a individuos como a colectivos). A pesar de que no existe un límite claro entre los objetivos preventivos y los de acción directa o individualizada, es necesario distinguirlos de cara a establecer un diagnóstico que permita priorizar en el marco del Plan Joven II. Por prevención se entiende detectar situaciones de riesgo e intervenir de manera que éstas no deriven en problemas graves; tiene, por tanto, una función previa a la aparición del problema en toda su dimensión, lo que lleva a considerarla como el eje central de la acción social. Acción directa, por el contrario, sería aquella cuya necesidad viene determinada por la aparición de un problema que precisa una solución (personas jóvenes infractoras, ayudas de emergencia social, etc.). Uno de los problemas con los que actualmente se enfrenta la acción social desde un punto de vista preventivo es, en determinados casos, la escasez de indicadores claros y objetivables que permitan una detección prematura de ciertas situaciones de riesgo. Por otra parte, las limitaciones de los intervalos de edad con los que es posible trabajar constituye otro de los obstáculos de la intervención social, ya que actualmente se trabaja fundamentalmente desde los 5 años hasta los 16, existiendo grandes dificultades para trabajar la prevención en edades anteriores y posteriores, debido, en gran parte, a la vinculación de la prevención con el ámbito escolar. Igualmente, la eficacia de las medidas de acción preventiva disminuye a partir de los 15 o los 16 años, y toma mayor relevancia la acción directa o individualizada, es decir, aquella acción dirigida a la solución de problemas que ya han aparecido. Los ámbitos de la acción social El primero de los ámbitos en los que se desarrolla la acción social es el ámbito familiar. En este ámbito hay que considerar a las personas jóvenes tanto desde la perspectiva de hijos e hijas como desde la perspectiva de padres y madres (formación de madres y padres como futuros orientadores de sus hijos e hijas). Existen problemas de falta de comunicación, de ausencia de normas y de incapacidad para establecer pautas de comportamiento, etc. que requieren tanto de la prevención como de la acción directa en muchos casos, para lo que es necesario un enfoque tanto individual como grupal, e incluso comunitario. Trabajar con la familia supone admitir que muchas veces los problemas que puedan experimentar las personas jóvenes no son problemas individuales o individualizables, sino que requieren de un enfoque que abarque también el entorno. La calle es otro de los ámbitos en los que se da la intervención social. La calle es el principal espacio de desenvolvimiento para muchas personas jóvenes que se ven excluidas de los diferentes sistemas. Se trata de personas con problemas graves. En este sentido, los Programas de Intervención Socioeducativa (PISE) en medio abierto inciden tanto en el ámbito familiar (educador familiar) como en la calle (educador de calle) mediante programas de prevención específica y desarrollando estrategias de intervención, comunicación, sensibilización, desarrollo de competencias sociales y potenciación de ayuda comunitaria, participación y apoyo solidario a través de los Equipos de Intervención Socioeducativa (EISE). Ofertan actividades formativas e informativas que permiten afrontar y superar con éxito los problemas que se plantean en el ámbito social. Por ello, se trata de programas de gran importancia que es preciso reforzar, potenciar y coordinar. Así, se constata la necesidad de incidir en el entorno social cercano a la persona joven. En el trasfondo de esta propuesta subyace la necesidad de influir en el medio ambiente social y, muy especialmente, en el entorno doméstico, familiar y comunitario de la persona joven, lo cual supone la constatación de que la salud y la calidad de vida significan trabajar en la mejora de aspectos que van más allá de los límites corporales y físicos de la persona. Supone, en efecto, asegurar unas condiciones mínimas de subsistencia y, en general, mejorar las condiciones de vida del entorno familiar y comunitario de la persona joven. Por otro lado, la mayoría de edad marca el límite de acceso a determinados programas institucionales de intervención social, por lo que en ese momento, al cumplir los 18 años, se da un salto desde una situación de protección social a un cierto desamparo repentino, sobre todo en los casos en los que no hay un apoyo familiar. En muchos casos, no se produce un paso paulatino a la vida adulta, sino que llega de manera brusca y traumática. Por ello, es necesario buscar mecanismos que posibiliten acompañar a la persona joven en esta importante etapa de transición a la edad adulta. El reparto de responsabilidades Una de las características del ámbito de acción social es la necesidad de una fuerte coordinación entre administración y agentes sociales. Ello supone que al mismo tiempo que ha de clarificarse cuáles son las funciones de cada uno, tanto administración como agentes sociales han de colaborar estrechamente en aquellas funciones que lo requieran. En la actualidad, la administración cubre las funciones básicas de financiación, diseño, evaluación y, en menor medida, gestión. La tendencia de la administración en cuanto a la gestión es la de la gestión indirecta, la privatización, los convenios, etc. Por el lado de los agentes sociales, las principales funciones son las de gestión y detección de demandas. Partiendo de una responsabilidad básica de la administración sobre la acción social, se considera necesario su papel como financiadora de diferentes programas, siendo necesario incorporar en mayor medida la participación de los agentes sociales en las tareas de diseño, implementación y evaluación de los mismos, tarea esta última en la que habrá que incluir la implicación de las personas jóvenes. Asimismo, y sin olvidar que la responsabilidad última le corresponde a la propia sociedad, la participación de los diferentes agentes ha de darse de manera coordinada, evitando situaciones de solapamientos que actualmente se vienen produciendo.
El objetivo fundamental que se plantea desde el Plan Joven en materia de acción social trata de combinar la prevención de la exclusión social de las personas jóvenes con la intervención directa, dirigida tanto a dotar de recursos que permitan a las personas jóvenes en situaciones especiales alcanzar una situación de normalidad, como a reducir los riesgos de marginalización, básicamente en los siguientes colectivos:
El objetivo marcado se refleja en una línea de
intervención: |