La evaluación de políticas públicas y sus parientes

Evaluar políticas públicas supone transitar por un territorio inspirador y desafiante en el que hemos de hacer un esfuerzo por precisar el sentido de las palabras que utilizamos.

En primer lugar, debemos suponer que cualquier persona responsable de cualquier actividad la llevará a cabo con algún tipo de retroalimentación en virtud de la cual podrá introducir cambios en lo que hace y rendir cuentas de lo que ha hecho y logrado. Parece que esa a la que hemos llamado retroalimentación puede ser considerada pariente de la evaluación.

En segundo lugar, fijémonos en las personas con autoridad jerárquica o funcional más o menos directa sobre las anteriores. Podemos llamar supervisión a la labor de estas personas con relación a las del párrafo anterior y también parece tener parentesco con la evaluación, como llave, por ejemplo, para alguna clase de autorización. Así, por ejemplo, en Decretos de estructura de Departamentos del Gobierno Vasco se dice que Consejeras y Viceconsejeros habrán de analizar el impacto de lo que hagan sus equipos. Por otro lado, es bastante evidente que esa que hemos llamado autoridad funcional (las Direcciones de Servicios) suelen ocuparse, especialmente ex ante (de forma previa), de asuntos como dinero, personal, contratos, infraestructuras, normas, o datos.

En tercer lugar, eso que hacen las personas del párrafo 1 en un marco de política pública puede estar sometido a la valoración (también de la familia de la evaluación) por parte de órganos, organismos, entes, entidades, institutos o instituciones con denominaciones como las siguientes: Inspección, Agencia, Consejo, Comisión, Observatorio, Defensoría, Mesa, Pacto, Acuerdo, Red y así sucesivamente. Dejemos anotado aquí, también, el estudio de la incorporación de perspectivas transversales como la perspectiva de género (y la consiguiente elaboración de informes de impacto de género).

En cuarto lugar, merece atención todo lo relacionado con el control (económico) interno y externo en las administraciones públicas. El control económico es una actividad regulada por ley. Así, por ejemplo, en lo que respecta al Gobierno Vasco, el control interno es aglutinado por la Oficina de Control Económico. El control contable se diferencia del control interventor, integrado por las siguientes modalidades; a) control económico-financiero y de gestión, b) control económico-fiscal, c) control económico-normativo y d) control económico-administrativo. Del otro lado, el control externo es el realizado, por ejemplo, por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que es el máximo órgano fiscalizador (fiscalizar, otra palabra de la familia) de las actividades financieras y contables del Sector Público Vasco. Podemos considerar, por cierto, al control de calidad como primo del control contable y a la gestión de calidad como prima del control de calidad.

Para agregar, en quinto lugar, otra palabra de esta familia (la palabra auditoría) y como muestra de una forma entre otras muchas de diferenciar y relacionar el control y la evaluación, entre otros términos, cabe traer a colación, por ejemplo, el Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (texto consolidado vigente), que señala que el control económico-financiero y de gestión se ejercerá mediante la revisión posterior de la actividad del sujeto controlado a través de técnicas de auditoría. Una de las clases de auditoría es la auditoría de gestión, sobre la que el artículo 13.1. dice lo siguiente: “Se entenderá por auditoría de gestión, la revisión sistemática de las actividades de una Entidad con el propósito de evaluar la eficacia, eficiencia y economía alcanzadas en la gestión de los recursos públicos adscritos a la misma para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, podrá evaluar las políticas públicas ejecutadas por los entes controlados, con el fin de analizar los resultados alcanzados, su utilidad e impacto, la calidad de los servicios ofertados, coadyuvar a corregir desviaciones y facilitar economías en la gestión de los recursos públicos, en función de los objetivos propuestos y de los medios utilizados”.

Por último, no podemos olvidar que las actividades de esta familia de la que venimos hablando (como evaluación, control, fiscalización, revisión [spending reviews] o auditoría) u otras no mencionadas todavía (como seguimiento, monitorización, asesoramiento científico, balance o verificación) pueden enmarcarse en planteamientos, enfoques, estrategias, proyectos o paradigmas que, a su vez, giran en torno a otras palabras como, por ejemplo: modernización, innovación, dato, digitalización, gobernanza, buen gobierno, interoperabilidad, nueva gestión pública, transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento normativo, evidencia, inteligencia, integración (vertical y horizontal), simplificación, participación, competencias, personalización, talento, apertura, diálogo, aprendizaje, sostenibilidad o excelencia.