El Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y constituye el primer marco normativo de carácter estatal que regula de forma transversal la accesibilidad cognitiva en España.
La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales de la vida y, de esta manera, posibilitar que toda la ciudadanía pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación.
Para ello, establece el uso de herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil, los pictogramas, la señalización accesible, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, así como diferentes apoyos tecnológicos.
La normativa vigente entiende la accesibilidad cognitiva como el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad las actividades que en él se llevan a cabo sin ningún tipo de discriminación.
El reglamento desarrolla los requisitos generales sobre información y comunicación que deberán cumplir todos los agentes públicos y privados, y las normas específicas aplicables en los siguientes ámbitos:
- Telecomunicaciones y sociedad de la información
- Espacios públicos, infraestructuras y edificación
- Transportes
- Bienes y servicios a disposición del público (incluidos los sanitarios)
- Relaciones con las Administraciones Públicas
- Administración de Justicia
- Participación en la vida pública y procesos electorales
- Patrimonio cultural e histórico
- Empleo
En cada uno de estos ámbitos se establecen obligaciones específicas, adaptadas a sus características, para garantizar la accesibilidad cognitiva.
Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), ya está trabajando en la elaboración de guías que faciliten la aplicación de la nueva normativa y está desarrollando iniciativas para hacer fáciles trámites administrativos como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, el DNI o la regularización de personas migrantes.