La OCDE publica, en el marco de la serie de publicaciones sobre salud, una contribución que aborda la eficacia de la protección social para los cuidados de larga duración en la vejez y su contribución a la reducción del riesgo de pobreza.

El deterioro físico y/o cognitivo asociado comúnmente al proceso de envejecimiento (aunque no en exclusiva), supone en muchas ocasiones un deterioro funcional que determina la necesidad de ayuda para la realización de las llamadas actividades básicas de la vida diaria (ABVD) -vestirse, asearse, salir a la compra, cocinar, etc.- en el marco de lo que comúnmente y de manera amplia se denominan cuidados a de larga duración (Long-term care). 

Los cuidados de larga duración hacen referencia según la OCDE, la OMS y Eurostat (2017) a un abanico de servicios de atención médica, de enfermería, servicios de atención personal y servicios de asistencia que son objeto de consumo por parte de las personas usuarias con el objetivo principal de aliviar el dolor y el sufrimiento, y/o reducir o controlar el deterioro del estado de salud en pacientes con previsión de padecer un grado de dependencia a largo plazo. Así, en este informe, sus autores, Tiago Cravo Oliveira Hashiguchii and Ana Llena-Nozali, se centran en el análisis de los cuidados de tipo personal (apoyos para las actividades básicas de la vida cotidiana), los servicios de asistencia y las actividades sociales, siempre que tengan una duración superior a seis meses y de los que se excluye los cuidados técnicos de enfermería.

Atendiendo a la dificultad para estimar los costes sociales asociados a la dependencia en las personas mayores de 65 años (frecuentemente estos no contemplan los costes de oportunidad del cuidado informal) y especialmente en el caso de las personas menos favorecidas, este informe proporciona un conjunto novedoso de estimaciones completas e internacionalmente comparables sobre la idoneidad, equidad y eficiencia de los sistemas públicos de protección social para los cuidados de larga duración en la vejez en los países de la OCDE y los estados miembros de la Unión Europea.

Para ello, los autores recurren a un conjunto de "casos típicos" de necesidad de cuidados de larga duración al objeto de garantizar la comparabilidad -incluidos los diferentes niveles de gravedad y las diferentes formas en que se pueden satisfacer las necesidades-, de modo que se puedan determinar las variaciones entre países y regiones en relación a los costes totales de los servicios de cuidados de larga duración, el grado de cobertura pública, los costes que asumen las personas beneficiarias de la atención (en forma de copago, por ejemplo) y los riesgos de pobreza asociados a las situaciones de necesidad de cuidados de larga duración. Asimismo, el informe cuantifica la protección social pública para los cuidados de larga duración en una serie de escenarios de necesidades, ingresos y riqueza neta en base a datos para el período 2016-2019.

Los “casos típicos” son formulados por los autores en base a actividades descritas en función del número de horas de necesidad de ayuda para el desarrollo de actividades básicas y actividades instrumentales de la vida cotidiana, así como para actividades sociales. Dichos casos abarcan diferentes niveles de gravedad de la atención -baja, moderada y grave- y diferentes formas de satisfacer estas necesidades -atención domiciliaria profesional, atención informal y atención institucional-. En consecuencia, el informe solo considera dos entornos de cuidados profesionales, el hogar y las instituciones, pero no incluye a otros entornos de cuidados intermedios o de naturaleza comunitaria: guarderías, centros de día, etc.

De acuerdo con este informe, los desafíos financieros que suponen los cuidados de larga duración se pueden establecer al observar el coste total que tendría que enfrentar una persona con necesidades de larga duración si tuviera que adquirir servicios de atención profesional para satisfacer sus necesidades en una situación de ausencia plena de protección social pública. Así, sus autores presentan los costes totales de los cuidados de larga duración en los diferentes países, recopilados mediante un cuestionario destinado a los representantes de cada uno de ellos. En el coste de la atención se incluyen, por tanto, el valor de cualquier servicio en especie proporcionado como ayuda a las limitaciones para la realización de las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y necesidades sociales.

Algunas de las conclusiones más relevantes de este informe subrayan que en ausencia de un sistema público de protección social:

• Los costes totales de recibir cuidados de larga duración pueden ser muy elevados y absorber una cantidad significativa de los ingresos de una persona mayor. Según este informe, para una persona con necesidades graves, con un total de 41,25 horas de atención por semana los costes totales de los cuidados de larga duración representan de una a seis veces el ingreso medio disponible de las personas jubiladas o mayores, dependiendo del país, región o municipio. 

• Los grupos de ingresos más bajos se enfrentan a un mayor riesgo de incapacidad para enfrentar los costes totales de los servicios de cuidados de larga duración exclusivamente con sus ingresos. Además, es probable que necesiten más cuidados de larga duración en comparación con sus contrapartes más ricas.

• Los países, regiones y municipios brindan niveles muy heterogéneos de apoyo público para diferentes combinaciones de cuidado formal e informal, y dependiendo de si el cuidador informal es el cónyuge de la persona beneficiaria del cuidado o su hijo/a adulto/a. En España, por ejemplo, habría el mismo nivel de apoyo público para cualquier combinación de cuidado formal e informal, así como para cualquier elección de cuidador informal. Sin embargo, en Flandes (Bélgica), el apoyo público difiere significativamente dependiendo de si el cuidador informal es un/una hijo/a adulto/a o un cónyuge, y cuánto y qué tipo de atención brindan.

En definitiva, el nivel estimado de protección social pública frente a los costes totales de los cuidados de larga duración en la vejez varía mucho entre países de la OCDE y la Unión Europea y la atención de necesidades graves, incluso después del apoyo público, puede resultar demasiado costosa para las personas mayores de 65 años. Además, los costes a asumir por las personas pueden variar considerablemente a medida que evoluciona la gravedad de necesidades de cuidados de larga duración.

Del estudio se concluye que todos los países aplican diferentes fórmulas para compartir costes de financiación de los cuidados de larga duración con las personas perceptoras. Esto es, las personas contribuyen a su financiación con un determinado copago por los servicios.

En opinión de los autores la protección social pública es eficiente en la medida en que los beneficios en el bienestar y la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad económica se logran a un coste mínimo para el erario. Y la eficiencia se determina comparando la reducción de la pobreza con los costes totales de la protección social pública.

Sin embargo, este cálculo no es posible para un gran número de países debido a lagunas en la disponibilidad de datos sobre los costes de los programas y esquemas específicos de cuidados de larga duración, el número de personas beneficiarias de dichos programas y esquemas, y los ingresos y la riqueza neta de las personas beneficiarias.

El modelo utilizado en este informe se puede utilizar para probar el impacto de diferentes políticas y escenarios, como la introducción de un nuevo beneficio o esquema de cuidados de larga duración, o un cambio de las reglas empleadas por un beneficio o esquema de cuidados de larga duración específicos, ya que no solo es posible estimar el impacto de las nuevas políticas sobre el riesgo de pobreza asociado a los cuidados de larga duración sino también los efectos distributivos de tales políticas y reformas.

En definitiva, este informe proporciona una base para la medición, cuantificación y mejora de la eficacia (es decir, el acceso, la adecuación, la equidad y la eficiencia) de la protección social pública para los cuidados de larga duración en la vejez.

Si desea ampliar esta información, consulte el informe “La efectividad de la protección social para para los cuidados de larga duración en la vejez: ¿la protección social reduce el riesgo de pobreza asociado a las necesidades de cuidados?” (The effectiveness of social protection for long-term care in old age: Is social protection reducing the risk of poverty associated with care needs?), publicado en 2020 por la OCDE.