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La Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre 1978 y 1999, modificada por Ley 5/2019, de 4 de abril, tiene por objeto la configuración de los derechos al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde el 29 de diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999, con los efectos y el alcance previstos en la misma.

El artículo 13.2 de la referida ley establece que, para facilitar la presentación de solicitudes por las personas interesadas, se emitirá una resolución de la persona titular de la Secretaría General competente en materia de derechos humanos, por la que se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes, y contendrá un modelo normalizado de solicitud. Asimismo, el artículo 13.5 establece que, las solicitudes para la declaración de la condición de víctima, se presentarán en el plazo de dos años desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la correspondiente resolución de la persona titular de la Secretaría General competente en materia de derechos humanos, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes.

Además, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 12/2016, de 28 de julio, prevé la aplicación retroactiva y excepcional hasta 1960, para reconocer a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en supuestos en los que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 2.2 de la Ley 12/2016, no estaban amparados por el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 70/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza, corresponde al Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación dictar la Resolución por la que se abre el plazo para la presentación de solicitudes, que debe contener un modelo normalizado de solicitud.

Por todo lo expuesto,