Un informe elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) analiza los efectos de la pandemia de COVID-19 en los Servicios Sociales en la Unión Europea y destaca las lecciones que esta crisis ha reportado para contribuir al desarrollo del sector y favorecer su fortalecimiento y resiliencia frente a nuevos retos y riesgos sociales.

El documento se estructura en torno a tres grandes objetivos: los argumentos para disponer de unos Servicios Sociales sólidos en el contexto de una política social más amplia, como medio de las sociedades contemporáneas para dar respuesta a riesgos sociales y para estar preparadas para afrontar retos (con previsión de dificultades), en lugar de limitarse a reparar daños imprevistos; para examinar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la provisión y uso de los Servicios Sociales y, en tercer lugar, para extraer lecciones de la pandemia y revisar las tendencias en gasto social en el conjunto de los países de la Unión Europea.

El capítulo 1 delimita el marco conceptual del análisis realizado, definiendo el contexto de los Servicios Sociales y perfilando la relación entre estos y los riesgos sociales. El estudio define la finalidad de los Servicios Sociales desde la prestación de apoyo y asistencia para mejorar las condiciones de vida de las personas y permitirles ejercer sus derechos fundamentales sobre la base de la inclusión social. En consecuencia, los Servicios Sociales aspiran a dar respuesta a diversas necesidades derivadas de riesgos sociales (como la vejez, la discapacidad, la pobreza, la escasez de habilidades, la desigualdad de género y el cambio climático) que pueden volver a las personas vulnerables. Estos riesgos son gestionados desde las políticas de protección social en combinación con los esfuerzos de los Estados, el mercado y los hogares. Sin embargo, los regímenes de protección (o bienestar) social de los Estados miembros de la Unión Europea son diversos y la organización de los Servicios Sociales difieren entre sí, aunque comparten una tendencia creciente a la inversión como mecanismo para mitigar los riesgos sociales y lograr gradualmente mayores niveles de igualdad y cohesión social.

El informe presenta en este capítulo los principales riesgos, como fenómenos dinámicos y complejos, que enfrentan los sistemas europeos de Servicios Sociales y que las personas pueden padecer individualmente en forma de riesgos sociales a lo largo del curso vital (desempleo, enfermedad, limitaciones físicas o mentales, etc.), pudiendo resultar en una pérdida de ingresos, pobreza o situaciones de marginalidad con consecuencias para el conjunto de la sociedad. El informe clasifica los riesgos sociales en tres categorías:

• Riesgos relacionados con la clase social, y referidos a la distribución desigual de los riesgos en base a la estratificación social y el estatus ocupacional.
• Riesgos que se producen a lo largo del ciclo vital, y que incluyen la diferencia entre necesidades e ingresos en dos momentos: infancia y vejez.
• Riesgos intergeneracionales, conectados directamente con la clase social y referidos a la falta de oportunidades en comparación con otros que pueden ser resultantes de la herencia.

Son varios los factores contextuales que, según el estudio, afectan de forma creciente a la naturaleza de los riesgos sociales en las sociedades posindustriales. Entre estos se encuentran los cambios demográficos (envejecimiento, incorporación de las mujeres al mercado laboral, crecimiento de la monomarentalidad, migraciones, etc.), la sociedad digital (brecha digital, sesgos derivados del empleo de algoritmos, efectos del uso de dispositivos digitales para la salud mental de la población más joven, violencia sexual favorecida por las nuevas tecnologías, etc.), los cambios en el mercado laboral y empleo (automatización, cambios en las características de los perfiles y roles laborales, proliferación de fórmula de teletrabajo, los riesgos del presencialismo virtual, etc.), y la descarbonización (riesgos para la degradación y amenaza ambiental, con consecuencias individuales -pérdidas de empleo, enfermedad, carestía de comida, etc.-).

El informe aborda también el concepto de inversión social y su papel en el crecimiento inclusivo en vista de que, a diferencia del antiguo Estado de Bienestar que fundamentaba su actividad en transferencias de efectivo para mitigar los riesgos sociales, el nuevo Estado de bienestar prioriza la provisión de servicios al abordar nuevos riesgos sociales. La estrategia de inversión social surge con un enfoque que busca priorizar el desarrollo de las capacidades humanas, desde la infancia hasta la vejez, con una anticipación a los riesgos sociales y centrándose en la preparación -en el aumento de la resiliencia- para el daño que la precariedad -condiciones cambiantes de empleo, por ejemplo- puede ocasionar a la vida de las personas. Así, el paradigma de la inversión social destaca el papel de los Servicios Sociales en el fortalecimiento de las capacidades de las personas para que se vuelvan más resistentes a los eventos adversos o períodos de adversidad. En consecuencia, el gasto en políticas sociales se centra más en garantizar la disponibilidad y accesibilidad a servicios de buena calidad más que en fundamentarse únicamente en transferencias de efectivo.

El capítulo 2 describe el impacto de la epidemia de COVID-19 en los Servicios Sociales, en términos de condiciones de vida y efectos negativos y positivos en la provisión y uso de los servicios, extrayendo una serie de conclusiones obtenidas del uso de los Servicios Sociales durante la experiencia de la pandemia y sus adaptaciones constantes a las circunstancias para dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias. De las lecciones aprendidas el estudio destaca que:

• La pandemia demostró que incluso las sociedades avanzadas no se encuentran excluidas de las consecuencias de los fenómenos naturales con efectos sociales e impacto mundial. La pandemia puso de manifiesto la importancia de contar con estrategias de emergencia y planes de contingencia actualizados en todos los niveles de la administración y en todos los sectores, considerando los recursos disponibles, los mecanismos, y los actores sociales a involucrar.
• La prestación de servicios en el sector sanitario, incluyendo hospitales y atención primaria, fue priorizada durante la pandemia de COVID-19, frente a la prestación de servicios sociales y de cuidados de larga duración. En este sentido, se subraya la necesidad de garantizar que el sector de Servicios Sociales se encuentre adecuadamente preparado para enfrentar este tipo de contingencias, y que se comprendan y prioricen las consecuencias de la pandemia (la cantidad de personas fallecidas en instituciones de cuidados).
• El informe constata que los Servicios Sociales en Europa se encontraban, en general, mal preparados para afrontar la pandemia, tanto en lo que respecta a la atención médica como a la preparación y disponibilidad de equipos de protección (EPI), pero también en términos de debilidades estructurales del sector (problemas de financiación, de escasez de personal, de malas condiciones laborales y de desafíos para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad de sus servicios).
• Si bien es esencial garantizar la adopción de protocolos adecuados de seguridad y salud e iniciativas en Servicios Sociales, también es importante asegurar que los deseos, necesidades y elecciones de las personas que utilizan los Servicios Sociales son escuchadas, de modo que se les pueda dar respuesta a estas en el futuro. Esto permitirá un mejor equilibrio entre la provisión de los servicios médicos necesarios y la atención a las voluntad y consideraciones de los derechos humanos.
• La prestación digital de servicios de salud, cuidados sociales y educación, como alternativa al contacto cara a cara, fue impulsada por la necesidad de adaptarse a una emergencia. Aunque la adaptación fue improvisada y tuvo considerables inconvenientes, destaca la flexibilidad de servicios ofrecidos en medio de la adversidad. Sin embargo, a pesar de las muchas ventajas de la digitalización, se reconocen desventajas que afectaron a los servicios/ terapias de rehabilitación, en general, y a un conjunto de servicios y formas de asistencia que solo son posibles cuando se proveen de forma presencial y en los que la posibilidad de incorporación de alternativas digitales requiere de una adecuada y cuidadosa evaluación.
• En el sector sanitario, se procedió a la digitalización de servicios mediante la implementación de consultas electrónicas y emisión de recetas electrónicas como soluciones a corto plazo, aunque algunos países, como en el caso de Finlandia, ya contaban con algunas de estas alternativas telemáticas de forma previa. Durante la pandemia de COVID-19, estos servicios se extendieron por países como un medio para proporcionar apoyo a pacientes COVID-19 que no requerían hospitalización y pacientes no COVID-19. Iniciativas similares se desarrollaron en el ámbito educativo, con experiencias de e-learning, etc. Este informe aboga por que se dé continuidad a los procesos de digitalización en paralelo a una adecuación y mejora de las capacidades digitales de la sociedad.
• La necesidad de considerar la importancia de contar con servicios de atención a la infancia, de buena calidad y disponibles, que puedan dar apoyo a las familias y romper los ciclos de pobreza (sabiendo que la pobreza afecta al desarrollo emocional, cognitivo y social de niñas/os),
• Es obligada la protección de las/los trabajadoras/es de los servicios sanitarios y sociales de cara a garantizar un servicio de buena calidad y combatir la sobrecarga de trabajo, las malas condiciones laborales, los bajos salarios, las desigualdades y la falta de personal.
• Se hace necesario explorar en qué medida los provisores de Servicios Sociales, cuando han vuelto al formato tradicional de prestación de servicios, han logrado dar continuidad a algunos de los servicios adaptados durante de la pandemia. También merece análisis el surgimiento de nuevos perfiles y habilidades, especialmente en relación con la adopción de nuevas tecnologías.
• Durante la pandemia de COVID-19 se dieron interesantes experiencias de coordinación sociosanitaria, pero no se tiene constancia de cambios en la provisión de servicios en el ámbito social porque, como indica el análisis realizado por Eurofound “las actividades aún están en gran medida arraigadas en estructuras y sectores ‘antiguos’”.

Este capítulo se cierra con una aproximación a las tendencias y retos que afectan a la evolución de los Servicios Sociales en Europa. Entre las tendencias destaca el fortalecimiento de la resiliencia de los Servicios Sociales, con una evaluación proactiva de riesgos y la adopción de técnicas de gestión modernas como oportunidad para lograr una mayor profesionalización y eficiencia del sector. Entre los retos se identifican las dificultades para la inversión y financiación de los Servicios Sociales. De hecho, el informe constata que la inversión en infraestructuras sociales, tanto por parte de entidades públicas como privadas, está lejos de dar respuesta a las necesidades de la población en la Unión Europea. Los datos indican que menos del 4% de las inversiones estratégicas del Fondo Europeo han sido empleadas para financiar infraestructuras sociales y menos del 1% han sido destinada a inversiones en Servicios Sociales. Otro desafío se detecta en el riesgo de pérdida de calidad de los servicios, como ha sucedido en el sector de los Servicios Sociales proporcionados a las personas con discapacidad. En este sentido, el informe destaca un aumento de la conciencia respecto a la importancia de la calidad de los servicios y la necesidad de contar con herramientas para monitorizar e informar sobre la calidad de estos de modo que se puedan justificar o desarrollar argumentos a favor de las inversiones en el sector.

El capítulo 3, presenta un análisis del desarrollo del gasto social en los veintisiete países de la Unión Europea y una aproximación a los gastos específicos de estos. El gasto en protección social se corresponde con el gasto en políticas y actividades relacionadas con la protección social e incluye todas las intervenciones del sector público u organismos privados destinados a ayudar a hogares y personas a la hora de enfrentar un conjunto definido de riesgos o necesidades. Como los datos sobre gasto social son obtenidos agregando datos de fuentes diversas, el análisis de estos enfrenta limitaciones varias, por lo que resulta difícil determinar el presupuesto exacto asignado directamente a Servicios Sociales específicos. Sin embargo, teniendo en cuenta estas limitaciones, la información estadística sobre el gasto social proporciona una aproximación útil a la prestación de Servicios Sociales en los Estados miembros. El análisis realizado se basa en el estudio del informe de Eurostat sobre el Sistema Europeo de datos estadísticos integrados sobre Protección Social y abarca todas las intervenciones públicas y privadas respecto a ocho funciones de protección social: enfermedad y atención sanitaria, discapacidad, vejez, supervivientes (por pérdida de cónyuge o padre/madre), familia e hijos, desempleo, vivienda y exclusión social. La información muestra que en la Unión Europea el gasto total en protección social ha aumentado de forma constante a lo largo de los años: en 2009, el gasto en la UE27 superaba ligeramente los 3 billones de euros y en el pico de la pandemia en 2020 este había crecido hasta alcanzar su máximo histórico y superar los 4 billones de euros. En cuanto a la protección per cápita, el gasto aumentó de 6.927 euros en 2009 a 9.537 euros en 2020. En general, el gasto en protección social representa la mayor proporción del gasto en la UE27, alcanzando en 2020 el 31,8% del PIB para protección social, el 8% para atención médica y el 5% para educación, lo que suma un total del 34,9% del PIB. Sin embargo, en 2021, en casi todos los Estados, la proporción del gasto en asistencia sanitaria y las prestaciones por enfermedad aumentaron, mientras que la proporción de las prestaciones por desempleo disminuyeron. En los Estados miembros, el gasto en protección social fue especialmente heterogéneo después de la crisis económica, cuando algunos países aumentaron el gasto para contener los efectos de la crisis y otros optaron por reducirlo. Sin embargo, el estado de emergencia provocada por la pandemia en 2020 obligó a todos los Estados miembros a adoptar medidas que condujeron a aumentos de gasto en protección social en áreas como servicios familiares e infantiles, apoyo al desempleo para personas que perdieron sus puestos de trabajo y apoyo a las personas perceptoras de pensiones.

El análisis se centra fundamentalmente en el uso y funcionamiento de Servicios Sociales personales, incluidos servicios sociosanitarios y de trabajo social, ya que su provisión se vio gravemente dificultada por los riesgos para la salud durante la pandemia de COVID-19, así como las medidas adoptadas para limitar la propagación del virus.

El informe destaca que uno de los aspectos críticos de la pandemia fue la necesidad de incrementar el gasto público en protección social, salud y educación y que, tras esta, se mantiene la incertidumbre respecto al futuro desarrollo de los Servicios Sociales en el contexto del interés político general y la inversión en la transición verde y digital. Y esto implica que la contribución de los Servicios Sociales a la resiliencia de las sociedades europeas debe permanecer en el debate político y que las políticas en este sentido deben perfeccionarse

Entre las lecciones obtenidas tras la pandemia de COVID-19 destaca que deberían desarrollarse iniciativas políticas para hacer un mejor uso de las tecnologías digitales en el sector de los Servicios Sociales y mejorar el acceso a las nuevas tecnologías, además de capacitar en su uso tanto a profesionales de estos servicios como a personas usuarias de colectivos determinados. Otro de los aprendizajes evidencia una clara necesidad de disponer de planes de contingencia y presupuestos para realizar las adecuaciones necesarias de prestaciones y Servicios Sociales en tiempos de crisis.

Si desea ampliar esta información, puede acceder a los contenidos del informe “Servicios Sociales en Europa: adaptándose a una nueva realidad” (Social services in Europe: Adapting to a new reality, 2023) publicado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.