Normativa

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ORDEN de 11 de noviembre de 2025, de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, por la que se convocan, para el año 2026, las ayudas a inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización (ISV inversión).

Identificación

  • Ámbito territorial: Autonómico
  • Rango normativo: Orden
  • Órgano emisor: Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
  • Estado vigencia: Vigente

Boletín oficial

  • Boletín oficial: BOPV (País Vasco)
  • Nº boletín: 222
  • Nº orden: 4910
  • Nº disposición: ---
  • Fecha de disposición: 11/11/2025
  • Fecha de publicación: 18/11/2025

Ámbito temático

  • Materia: Organización administrativa; Economía y Hacienda; Medio natural y vivienda
  • Submateria: Gobierno y Administración Pública; Economía; Agricultura y pesca

Texto legal

Con la entrada en vigor del nuevo periodo de programación de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) que abarca los ejercicios 2023-2027, la Comisión Europea puso en marcha una nueva filosofía de actuación; si en el anterior periodo de programación el objetivo de la PAC se centraba en la legalidad, el control del gasto y la protección de los intereses financieros de la Unión, en el periodo actual la PAC se centra en la consecución de resultados concretos vinculados a tres objetivos generales:

  1. fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo;

  2. apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad y la acción por el clima contribuyendo a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París;

  3. fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

    Esto es, si anteriormente la única relación entre las distintas medidas era el control del gasto y la mera contención presupuestaria, ahora, con la entrada en vigor de esta nueva PAC, todos los antiguos programas de ayuda dejan de ser medidas aisladas entre sí, para pasar a concebirse dentro de un plan estratégico que debe contribuir a la consecución de los objetivos generales mencionados.

    Este nuevo enfoque se articula sobre una mayor subsidiariedad de los Estados Miembros que son quienes controlan y diseñan sus propias intervenciones, basándose en el marco normativo de referencia de la nueva PAC, que tiene su esencia en el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la Política Agrícola Común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

    En respuesta a las exigencias del Reglamento citado, en el ámbito estatal se publicó el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PEPAC) de España 2023-2027, que fue aprobado por la Comisión Europea el 31 de agosto de 2022 mediante la Decisión C(2022) 6017 y posteriormente modificado el 30 de agosto de 2023 mediante la Decisión C(2023) 5746.

    Centrándonos en el sector vitivinícola, con la entrada en vigor del PEPAC el antiguo programa de apoyo al sector vitivinícola español (PASVE) dejó de ser una medida aislada del resto de la PAC para pasar a formar parte del Plan Estratégico de la PAC como una intervención más, denominada Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV).

    El marco normativo europeo de referencia se encuentra en el citado Reglamento (UE) 2021/2115, que en su Capítulo III establece los tipos de intervenciones a llevar a cabo en determinados sectores; dentro de este Capítulo, en su artículo 43, establece la obligatoriedad de la intervención en el sector vitivinícola para todos los Estados miembros y en su artículo 57 y siguientes los objetivos y las actuaciones a llevar a cabo en el sector vitivinícola y la ayuda financiera de la Unión para esta intervención.

    La regulación de la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del PEPAC en el estado español se desarrolla en el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, en cuya Sección 2.ª se establecen las ayudas a las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización.

    En el ámbito autonómico se publicó el Decreto 66/2024, de 28 de mayo de 2024, que establece las bases para la implementación del PEPAC 2023-2027 en Euskadi y de caracterización de las zonas rurales.

    Las ayudas establecidas en esta Orden están incluidas en el Plan de Ayudas a la cadena de valor agroalimentaria, forestal y pesquera en Euskadi, del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, que constituye una herramienta estratégica al servicio del sector primario y agroalimentario de Euskadi para impulsar un sector económico con profundo arraigo territorial, identidad propia y vocación de futuro, capaz de liderar la transición hacia un modelo alimentario y agrario sostenible, competitivo, resiliente e inclusivo. Este Plan se fundamenta en los principios y líneas estratégicas del Plan de Legislatura 2024-2027.

    Por último, dado que esta es una Orden cuyo gasto se imputará al presupuesto FEAGA 2027, su efectividad quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 2026, de conformidad con la Orden de 26 de abril de 2007, de la consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

    En su virtud,

Aprobar la convocatoria para el año 2026 de las ayudas a las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, cuyas bases de convocatoria se recogen en el Anexo I de la presente Orden.

De conformidad con la Orden de 26 de abril de 2007, de la consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la efectividad de la presente Orden queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2026 en el momento resolutorio definitivo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2025.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca,

AMAYA BARREDO MARTÍN.

Base 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto convocar para el año 2026 las ayudas a las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, en aplicación del Decreto 66/2024, de 28 de mayo de 2024, de implementación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y de caracterización de las zonas rurales.

La regulación de estas ayudas se adaptará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, (completado por el Reglamento Delegado 2016/1149/UE, de 15 abril), en el Reglamento (CE) 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, en el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y en el Decreto 66/2024, de 28 de mayo de 2024, de implementación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y de caracterización de las zonas rurales.

Base 2. Ámbito de aplicación.

La normativa aplicable en el presente ejercicio para la medida de Inversiones será la contenida en la Sección 2.ª del Capítulo II del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y en la Sección 3 del Capítulo V del Decreto 66/2024, de 28 de mayo de 2024, de implementación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y de caracterización de las zonas rurales.

En virtud de la reglamentación mencionada, esta Intervención tiene como finalidad mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola, sus niveles de adaptación a las demandas del mercado y su competitividad a través de la concesión de ayudas a la realización de inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como estructuras e instrumentos de comercialización, incluso con el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles.

Dichas inversiones deberán ser realizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se referirán a la producción, comercialización o ambas de los productos vitivinícolas mencionados en el Anexo VII, parte II del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva. A estos efectos se entiende por concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las ayudas se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismos de acuerdo con los criterios de adjudicación fijados estas bases, concediendo subvención solo a aquellos que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Base 3. Beneficiarios.

  1. Podrán acogerse a las ayudas reguladas en esta Orden:

    1. Las empresas vitivinícolas que en el momento de la solicitud produzcan o comercialicen los productos contemplados en el Anexo VII parte II del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, o que, como consecuencia de la ejecución de la operación objeto de la solicitud de ayuda, comiencen esa producción o comercialización. Las empresas deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

    2. Las organizaciones de productores vitivinícolas, reconocidas de acuerdo con el artículo 152 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y sus asociaciones.

    3. Las asociaciones de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los productos mencionados en el Anexo VII parte II de dicho Reglamento. Las asociaciones deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

    4. Las organizaciones interprofesionales.

    5. Las organizaciones profesionales.

      Cuando se trate de empresas cuya actividad sea únicamente la comercialización, al menos un 80 por ciento de su facturación del último ejercicio cerrado deberá proceder de la comercialización de los productos del Anexo VII parte II del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

      Este requisito no se aplicará a las cooperativas que comercializan vinos elaborados por ellas o por sus miembros.

  2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, ni aquellas en situación de crisis, según se define en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01 de la Comisión, de 31 de julio de 2014).

  3. En el caso de industrias vinícolas, deberán estar inscritas y tener actualizados sus datos en el registro correspondiente. En el caso de que el solicitante sea una asociación de exportadores o consorcio de exportación, al menos 2/3 de las empresas que lo integren deberán estar inscritas en dicho registro.

    Base 4. Presentación de solicitudes y plazos.

  1. Las solicitudes para las ayudas a las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, estarán dirigidas al titular de la Dirección de Política e Industria Alimentaria, y se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden y antes del 1 de febrero de 2026.

    No obstante, se admitirán las solicitudes presentadas desde el 1 de febrero de 2025, este día incluido.

    El contenido del formulario de solicitud es el que figura en el Anexo III de esta Orden.

  2. Las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de las direcciones indicadas en el apartado 3 de este resuelvo.

  3. La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección:

    https://www.euskadi.eus/servicios/1222908

    Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de:

    https://www.euskadi.eus/micarpeta

  4. Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección:

    https://www.euskadi.eus/representantes

    Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

    https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

  5. Si el órgano gestor de las ayudas observase que la documentación aportada por la persona solicitante no reúne los requisitos exigibles conforme a la presente Orden, lo pondrá en su conocimiento y le concederá un plazo de diez días hábiles al objeto de que subsane las faltas o acompañe la documentación preceptiva con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  6. Solo podrá presentarse una solicitud por establecimiento.

    Base 5. Durabilidad.

    Los activos materiales e inmateriales adquiridos permanecerán tanto en la propiedad como en posesión de la persona beneficiaria durante un período de cinco años a partir de la fecha del pago final.

    En el caso de microempresas y pequeñas y medianas empresas en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, el período indicado en el apartado anterior será de tres años a partir de la fecha del pago final.

    En caso de que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 11.9 del Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2021, deberá rembolsarse la ayuda, más los correspondientes intereses, de manera proporcional a la duración del incumplimiento. Las autoridades competentes podrán disponer no recuperar la ayuda financiera cuando la persona beneficiaria cese una actividad productiva debido a una quiebra no fraudulenta.

    Base 6. Objetivos de las operaciones.

    Las operaciones objeto de ayuda deberán contribuir, al menos, a uno de los objetivos estratégicos previstos en el Anexo IX del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

    Para la consecución de dichos objetivos estratégicos, en cada operación deberán identificarse uno o varios objetivos generales cuya relación no exhaustiva se presenta en el Anexo X del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre. En el supuesto de que alguno de los objetivos generales de una operación concreta no se encuentre recogido en esta relación, dicho objetivo deberá ser especificado por el solicitante.

    Base 7. Características de las operaciones.

  1. La ayuda a las inversiones, conforme al artículo 58.1.b) del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, podrá consistir en operaciones:

    1. Anuales, que afectarán al ejercicio financiero siguiente al ejercicio financiero en el que se cierre el plazo de presentación de solicitudes de ayuda. Los conceptos de gasto deberán limitarse al primer ejercicio financiero inmediatamente siguiente al ejercicio financiero en el que se cierre el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda objeto de la convocatoria.

    2. Bienales, que afectarán a los dos ejercicios financieros siguientes al ejercicio financiero en el que se cierre el plazo de presentación de solicitudes de ayuda. Deberán tener un mínimo del 50 % del importe de los conceptos de gasto aprobados incluidos en el primer ejercicio inmediatamente siguiente al ejercicio financiero en el que se cierre el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda objeto de la convocatoria.

  2. La fecha de inicio de ejecución de las operaciones para las que se solicita ayuda tiene que ser posterior a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, salvo para las excepciones previstas en el Anexo XII, apartado 8, del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, situación que se comprobará por el personal de la Dirección de Política e Industria Alimentaria, mediante un Acta de no inicio.

  3. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 20.3, del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, serán elegibles las operaciones con un presupuesto de inversión solicitada igual, inferior o superior a 100.000 euros.

    Base 8. Criterios de admisibilidad de las solicitudes.

    Se examinarán las solicitudes basándose en los criterios siguientes:

  1. Las solicitudes de la intervención de inversiones contendrán las operaciones de inversión, que estarán claramente definidas, especificando el detalle de las acciones y actuaciones de la misma y su duración, desglosando los conceptos de gasto que componen cada acción y los costes estimados de cada una de ellas.

    Igualmente se especificará el objetivo u objetivos, estratégicos y generales, a los que cada operación pretenda contribuir.

  2. Garantías de que los costes de la operación propuesta no superan los precios normales de mercado y se cumple la moderación de costes.

    Los importes máximos subvencionables contemplados en el Anexo XI del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre no eximen de la obligación de evaluar la moderación de los costes.

    En caso de que la Dirección de Política e Industria Alimentaria considere que los costes superan los precios normales de mercado, o que no se cumple la moderación de costes, requerirá al solicitante la subsanación de la solicitud o que lo justifique debidamente.

    La moderación de costes se evaluará mediante al menos uno de los siguientes sistemas, o una combinación de los mismos:

    1. Comparación de diferentes ofertas.

      Con carácter general, el solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de proveedores diferentes e independientes, de todas y cada una de las inversiones para las que solicita ayuda, cualquiera que sea el importe del coste estimado, incluso cuando el gasto subvencionable sea inferior al importe del contrato menor, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, lo que deberá acreditarse.

      Las ofertas deberán ser solicitadas a los proveedores de forma verificable, por lo que en cualquier momento podrán requerirse a la persona solicitante o beneficiaria las pruebas documentales de las fechas en las que se solicitaron y recibieron dichas ofertas. Las ofertas deberán ser de fecha anterior a la contratación, ejecución y/o facturación del elemento de inversión.

      Los presupuestos deben estar emitidos por empresas independientes con capacidad para servir y realizar la inversión presupuestada; asimismo, deben estar lo suficientemente detallados e incluir conceptos de gasto comparables y la claridad y el detalle de la descripción de las ofertas.

      La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en el momento de la solicitud de ayuda, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, así como en su caso, la inexistencia de suficientes proveedores. Este aspecto será igualmente aplicado cuando lo finalmente ejecutado no coincida con lo aprobado, como en el caso de las modificaciones.

      El importe de los gastos subvencionables presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

    2. Costes de referencia.

      La Dirección de Política e Industria Alimentaria establece o utiliza una base de datos de precios de referencia. Esta base de datos deberá ser completa, estar suficientemente detallada, actualizarse periódicamente y garantizar que los precios reflejen los precios de mercado.

    3. Comité de evaluación.

      Si se establece un comité de evaluación o se lleva a cabo un estudio de mercado, deberá tenerse en cuenta la experiencia de los miembros del comité en el área correspondiente. El trabajo del comité deberá documentarse correctamente.

  3. El solicitante demostrará que tiene acceso a recursos técnicos y financieros suficientes para garantizar que se ejecute la operación correctamente y que la empresa no está en situación de crisis, tal como se contempla en la Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014.

    El solicitante deberá demostrar viabilidad económica de la empresa, excepto cuando sea estatutariamente una organización sin ánimo de lucro.

    Cuando el solicitante sea una asociación de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los productos mencionados en el Anexo VII parte II del Reglamento UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, cada uno de los integrantes deberán demostrar la capacidad de acceso a los recursos técnicos y financieros necesarios independiente de acuerdo a su participación en la inversión, o bien, alternativamente, que dicha asociación cuenta con esa capacidad de acceso a los recursos técnicos y financieros necesarios.

    Se entenderá que estos extremos no quedan demostrados, y, por ende, el solicitante no podrá ser beneficiario de la subvención, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

    1. Cuando se encuentre en situación de crisis, según se define en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).

    2. Cuando se encuentre en proceso de haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

    3. Cuando no quede acreditado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos previstos por el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  4. Coherencia de las estrategias propuestas por el solicitante con los objetivos fijados por este y el probable efecto y éxito de la operación en la mejora del rendimiento general de la transformación o comercialización en las instalaciones del solicitante y su adaptación a las demandas del mercado y el aumento de su competitividad.

    No se concederá ayuda alguna en aquellos casos en que sean detectadas situaciones de incoherencia dentro de las solicitudes de ayuda o que reflejen expectativas no suficientemente documentadas.

    Base 9. Ponderación de los criterios de prioridad en las ayudas a las inversiones.

    A efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, la ponderación de los criterios de prioridad de las solicitudes de ayudas a las inversiones en la Comunidad Autónoma de Euskadi será la que figura en el Anexo II de esta Orden.

    Base 10. Documentación a presentar junto a la solicitud de ayuda.

    Para personas físicas:

    Impuesto de la renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

    Para personas jurídicas:

    DNI del representante legal.

    Copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad donde figure el sello de haber sido inscrita en el correspondiente registro y, en su caso, copia de las escrituras registradas posteriores que demuestren la situación actual de la empresa.

    Impuesto de sociedades de los tres últimos ejercicios anteriores al de la presentación de la solicitud.

    Para entes sin personalidad jurídica:

    Copia de la escritura de constitución y de cualquier otra posterior que haya dado lugar a modificaciones en su composición o funcionamiento.

    En caso de que la empresa solicitante pertenezca a un grupo: documentación de la estructura organizativa del grupo al que pertenece la empresa, indicando los porcentajes de participación (a fecha de la solicitud de ayuda). Los datos agregados serán los siguientes:

    El importe neto de la cifra de negocios.

    1. º de empleados medio.

      Importe del activo total.

      Asimismo, se proporcionará la documentación que evidencie los datos aportados, como Cuentas Anuales Consolidadas, Cuentas Anuales auditadas de cada empresa (en su defecto Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias presentados en el Registro mercantil), Impuesto de sociedades, etc.

      Comunes a todos:

      En caso de no haber recibido subvención del Gobierno Vasco en los últimos 5 años, Documento de Alta de Terceros, que está disponible en la siguiente dirección web:

      https://www.euskadi.eus/altaterceros/

      Si la solicitud se realiza mediante representante, acreditación de la representación.

      En caso de empresa comercializadora:

      Compromiso escrito de que el 80 % de su facturación procede de productos del Anexo VII, parte II del R(UE) 1308/2013.

      Memoria descriptiva del proyecto que contenga como mínimo:

      Descripción detallada de las acciones y actuaciones propuestas para la operación especificando las acciones y su duración, y detallando los conceptos de gasto que componen cada acción y los costes estimados de cada una de ellas.

      Calendario de ejecución por anualidad y justificación por ejercicio financiero.

      Objetivo, u objetivos, generales y estratégicos, a los que cada acción de la operación pretende contribuir.

      Presupuesto detallado con documentación soporte, como facturas proforma, copia de los contratos o pedidos en firme. Garantías de que los costes de la operación propuesta no superan los precios normales de mercado y se cumple la moderación de costes de todas las inversiones adjuntando, al menos, tres ofertas de tres proveedores diferentes. La presentación de ofertas falsas supondrá la denegación de la solicitud de la ayuda y la aplicación de las penalizaciones previstas en el Anexo I del Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero.

      Tabla en la que se relacionen todas y cada una de las inversiones solicitadas, los tres presupuestos de cada una de ellas y el presupuesto elegido. En caso de ser imposible la presentación de tres presupuestos en alguna de las inversiones, memoria justificativa en la que se argumente, de forma irrebatible, dicha circunstancia.

      En caso de proyectos con obra civil: copia del proyecto de ejecución de obra visado (en su caso) y copia de la solicitud completa de las preceptivas licencias y autorizaciones. En caso de no ser necesaria dichas licencias o autorizaciones, certificado municipal que así lo acredite.

      En el supuesto de que la obra civil sea para realizar un nuevo establecimiento productivo, copia del título de propiedad o copia del contrato de usufructo o arrendamiento de los terrenos o inmuebles donde se vaya a ejecutar la inversión.

      En el caso de adquisición de edificaciones se deberá aportar un certificado de una tasación independiente debidamente acreditada o de un órgano u organismo público debidamente autorizado, en el que se acredite que el precio de compra no excede del valor de mercado, desglosando el valor del suelo a precios de mercado.

      Memoria de viabilidad técnico-económica de la empresa, que contenga como mínimo:

      Identificación de los promotores (antecedentes de la empresa).

      Estructura empresarial.

      Descripción del proceso productivo y de los productos elaborados.

      Mercados de los productos elaborados.

      Localización del proyecto.

      Resultados previstos con la inversión (económicos, modernización, generación de empleo...).

      Balance y cuenta de resultados de los dos últimos años.

      Memoria justificativa que acredite los criterios de priorización específicos para el País Vasco (Anexo XIV del Real Decreto 905/2022 de 25 de octubre).

      En el supuesto que la subvención solicitada sea superior a 30.000 euros y las personas solicitantes estén incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se presentarán las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas.

      Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, certificación, emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora, para acreditar los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

      En caso de empresas solicitantes que cuenten con más de 50 personas empleadas, Plan de Igualdad requerido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con el artículo 23 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres aprobado por el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, así como la justificación del registro obligatorio de dicho Plan en REGCON en cumplimiento del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

      En caso de empresas solicitantes que cuenten con más de 50 personas empleadas, documentación que justifique haber cumplido la cuota establecida legalmente de reserva de puestos de trabajo en favor de personas con discapacidad.

      Base 11. Gastos subvencionables.

      Se considerarán subvencionables los costes de las siguientes acciones:

    1. Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.

    2. Compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto. Dentro de estos gastos quedan incluidas las inversiones en activos materiales consistentes en sistemas que generen energía, siempre que la cantidad de energía anual generada no supere la cantidad de energía consumida anualmente en las instalaciones objeto de la inversión.

    3. Gastos administrativos vinculados a los gastos contemplados en las letras a y b tales como honorarios de arquitectura, ingeniería y asesoría, así como estudios de viabilidad, de acuerdo con los límites establecidos en el artículo 76 del Real Decreto 905/2022 de 25 de octubre.

    4. Adquisición o desarrollo de soportes lógicos de ordenador y adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y el registro de marcas colectivas.

      Los importes máximos subvencionables dentro de las operaciones de inversión para los conceptos señalados en el Anexo XI del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, se atendrán a los límites que se indican en dicho anexo, de manera que cuando en una operación concreta se superen esos límites, el exceso será considerado gasto no subvencionable.

      No tendrán la consideración de subvencionable los gastos establecidos en el Anexo XII del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

      Base 12. Gestión y Comisión de Valoración.

      1. El órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria es la Dirección de Política e Industria Alimentaria.

      2. Para la evaluación y valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, la cual estará compuesta por tres personas que ejercerán la condición de vocal, pertenecientes al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, siendo una de ellas la persona responsable del Programa Empresarial. Las otras dos serán elegidas entre el personal técnico de la Dirección de Política e Industria Alimentaria y serán nombradas mediante resolución de la persona titular de la citada dirección, en la cual se designará quién ejercerá la Secretaría y la Presidencia de la Comisión; también se designarán personas suplentes para todas las personas que componen la Comisión de Valoración, elegidas entre el personal técnico de la citada Dirección. La resolución relativa a la composición de la Comisión de Valoración se publicará en el BOPV con anterioridad a la constitución de la Comisión.

      3. Con carácter previo al examen de viabilidad y a la valoración de los expedientes por la Comisión de Valoración, cada solicitud será estudiada por una persona que tenga la categoría de técnica adscrita a la Dirección de Política e Industria Alimentaria, que realizará un análisis técnico y económico del proyecto, lo que dará lugar a un informe sobre la adecuación del proyecto a los requisitos establecidos en la presente Orden, informe que será presentado a la Comisión.

      4. La Comisión de Valoración tendrá las siguientes funciones:

        1. Examinar la totalidad de las solicitudes presentadas, separando las que cumplen la normativa de aplicación de las que no. Respecto de estas últimas se realizará un listado que contendrá la causa de denegación de cada una de ellos.

        2. Evaluar las solicitudes que cumplen la normativa de aplicación valorando el proyecto y el grado de cumplimiento de los criterios objetivos establecidos en la presente Orden.

        3. Emitir, sobre la base de los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas, un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

          El informe incluirá el siguiente contenido:

        1. Respecto de las solicitudes que se recomienda estimar:

          Nombre o denominación social de las entidades beneficiarias y su CIF.

          Inversión subvencionable, criterios objetivos aplicados y porcentaje de ayuda.

        2. Respecto de las solicitudes que se recomienda desestimar:

          Nombre o denominación social de las entidades beneficiarias y su CIF.

          Los motivos que fundamenten la denegación.

      5. La Comisión de Valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

        Base 13. Propuesta de resolución de concesión de la ayuda.

      1. Una vez asignados los fondos por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural con la lista definitiva de las solicitudes seleccionadas y teniendo en cuenta el informe de la Comisión de Valoración, la Dirección de Política e Industria Alimentaria formulará propuesta de resolución, debidamente motivada, en la que se deberá expresar la persona solicitante para quien se propone la concesión de la subvención y su cuantía.

        Además, el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del citado órgano gestor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que las personas beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

      2. En aquellos casos en los que figuren en el procedimiento o sean tenidos en cuenta otros hechos u otras alegaciones y pruebas más allá de las aducidas por las personas interesadas, la citada propuesta de resolución tendrá carácter provisional y deberá ser notificada a las personas interesadas concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Una vez examinadas dichas alegaciones, se formulará la propuesta de resolución definitiva.

      3. En los casos en los que pueda prescindirse de este trámite de audiencia por no concurrir otros hechos pruebas o alegaciones más allá de los aducidos por las personas interesadas, la propuesta de resolución formulada de acuerdo con el apartado 3 de esta misma base tendrá el carácter de definitiva de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

        Base 14. Resolución.

      1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, corresponderá a la persona titular de la Viceconsejería de Alimentación y Desarrollo Rural, la resolución de la convocatoria mediante una única resolución, en la que se concederán o denegarán las ayudas solicitadas. En las resoluciones se indicará, al menos, el importe de las inversiones consideradas subvencionables, la ayuda concedida y el calendario de ejecución aprobado.

      2. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses contados a partir del día siguiente a la Conferencia Sectorial de Asignación de fondos. La persona titular de la de la Viceconsejería de Alimentación y Desarrollo Rural emitirá las correspondientes resoluciones denegatorias motivadas para aquellos casos en que se desestime la solicitud de ayuda y los recursos que en su caso procedan.

      3. Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse notificado a los interesados resolución alguna, estos podrán entender desestimada su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

      4. En el caso de resolución positiva, en el plazo de un mes siguiente a la notificación de la resolución de concesión, la persona beneficiaria deberá aportar la siguiente documentación:

        1. Una aceptación expresa de los términos de la concesión de la subvención.

        2. Un documento acreditativo del depósito de una garantía de buena ejecución, de acuerdo con las condiciones previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2022/127 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2021, que completa el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro, por un importe del 15 % del montante de la financiación comunitaria, con el fin de asegurar que el beneficiario ejecute las acciones que forman parte de la operación.

          Base 15. Modificación de las operaciones.

          1. El beneficiario podrá presentar modificaciones de la operación de inversión inicialmente aprobada, diferenciándose dos tipos de modificación:

            1. Modificación mayor, cuyas especificidades se desarrollan en el apartado 4.

            2. Modificación menor, cuyas especificidades se desarrollan en el apartado 5.

          2. Todas las modificaciones deberán estar debidamente justificadas y se presentarán ante la Dirección de Política e Industria Alimentaria, que evaluará todas las modificaciones presentadas.

          3. Las modificaciones deberán cumplir las siguientes limitaciones:

            1. No alterar los objetivos estratégicos o generales con que fue aprobada la operación.

            2. No alterar las condiciones de elegibilidad.

            3. No implicar una variación de la puntuación que recibió la solicitud de ayuda en el procedimiento de selección previo, de forma que quede por debajo de la puntuación de corte entre solicitudes aprobadas y no aprobadas. Las acciones que hayan dado lugar a la obtención de puntuación de acuerdo con los criterios de prioridad y sean eliminadas con posterioridad en la operación, solo podrán ser incluidas en una convocatoria posterior por causas debidamente justificadas.

            4. No suponer un traslado de pagos de un ejercicio FEAGA a otro posterior.

            5. No suponer una reducción de la inversión objeto de ayuda superior al 40 % de la inicialmente aprobada.

            6. No suponer un cambio de beneficiario, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1.b) y 9.c) del artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2021, salvo que el nuevo sea resultante de un proceso de fusión, de compraventa o una transformación del tipo de sociedad o personalidad jurídica, y no alterar las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.

          4. Las modificaciones mayores deberán ser autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente con carácter previo a su ejecución.

            Las modificaciones mayores deberán presentarse a la Dirección de Política e Industria Alimentaria antes del 1 de febrero del ejercicio financiero en el que se debe solicitar el pago de las inversiones objeto de modificación. No estarán permitidas más de dos solicitudes de modificación por operación y anualidad, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

            La no realización de una actuación será siempre considerada como modificación mayor.

          5. Las modificaciones menores no requerirán de autorización previa a su ejecución y deberán presentarse a más tardar antes de la comunicación de fin de actuaciones o de la presentación de la solicitud de pago.

            Solo podrán considerarse modificaciones menores:

            1. Cambio de marca o de proveedor de una máquina o instalación, siempre y cuando se mantengan o mejoren sus características técnicas considerando aspectos como rendimiento, consumos energéticos y mantenimiento.

            2. Cambio en el número de barricas, siempre y cuando se mantenga la capacidad total y sus características de acuerdo con la tipología prevista en el epígrafe V del Anexo XI del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

              El importe de inversión considerado subvencionable para estas modificaciones menores nunca podrá ser superior al previsto en la concesión de subvención.

          6. Independientemente de lo citado en este apartado, la Dirección de Política e Industria Alimentaria podrá excepcionalmente autorizar modificaciones que no se ajusten a las condiciones indicadas en los apartados anteriores en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

          7. Las modificaciones que supongan una disminución de los presupuestos aprobados supondrán la reducción proporcional de la subvención concedida.

          8. Las modificaciones que supongan un incremento de los presupuestos aprobados no supondrán incremento de la subvención concedida.

          9. La persona beneficiaria mantendrá su obligación de depósito de garantía de buena ejecución en razón de los importes calculados sobre la concesión de subvención inicial.

            Base 16. Financiación.

          1. El tipo máximo de ayuda en relación con los costes de inversión admisibles al que se refiere el artículo 59.2 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, será el 40 % en la Comunidad autónoma del País Vasco.

          2. Adicionalmente, al tipo de ayuda se le aplicarán las siguientes consideraciones:

            1. El tipo de ayuda establecido en el apartado 1 se aplicará a las microempresas y pequeñas y medianas empresas, según se definen en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

            2. Para las empresas que no están cubiertas por el título I, artículo 2.1 de la Recomendación 2003/361/CE con menos de 750 empleados o cuyo volumen de negocios sea inferior a 200 millones de euros, la intensidad de ayuda será el 50 % del tipo de ayuda al que se refiere el apartado 1.

            3. Para las empresas que no están cubiertas por el título I, artículo 2.1 de la Recomendación 2003/361/CE con 750 o más empleados y cuyo volumen de negocios sea igual o superior a 200 millones de euros, la intensidad de ayuda será el 25 % del tipo de ayuda al que se refiere el apartado 1.

          3. En todos los casos, incluidos los supuestos de grandes empresas, para determinar el número de empleados y el volumen de negocios de los solicitantes, se utilizarán los criterios de cálculo establecidos en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión.

          4. Cuando el solicitante sea una asociación, con personalidad jurídica, pero sin actividad económica de dos o más productores, de los productos mencionados en el Anexo VII parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la ayuda se calculará proporcionalmente a la participación de cada uno de los productores en la inversión, de acuerdo al tipo de ayuda que tendría cada productor de forma independiente.

          5. Para las inversiones en otros países de la Unión Europea, se tendrá en cuenta su ubicación para determinar el porcentaje de ayuda, de acuerdo a los tipos de ayuda establecidos en los apartados anteriores.

          6. Se podrán disminuir los tipos de ayuda en un máximo de 10 puntos hasta agotar el presupuesto disponible para la intervención dentro de la comunidad autónoma, siendo la autoridad competente de la misma quien determine el porcentaje en función de las solicitudes admitidas en la convocatoria.

            Base 17. Pagos.

          1. La inversión deberá ser justificada y pagada como máximo en dos ejercicios FEAGA, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

            Después de la finalización de cada operación o actuación y según su calendario de ejecución y financiación, las personas beneficiarias deberán justificar y solicitar el pago de la operación global de inversión o de la actuación correspondiente ante la Dirección de Política e Industria Alimentaria y antes del 1 de mayo de cada ejercicio financiero en el que está prevista la presentación de dicha solicitud de pago.

            En el caso de las operaciones bienales, cuando un beneficiario adelante la ejecución de una o varias actuaciones inicialmente previstas, según su calendario de ejecución, para su justificación en el segundo ejercicio financiero objeto de la convocatoria, podrá presentar la solicitud de pago de dichas actuaciones en el mismo plazo que las actuaciones previstas para su justificación en el primer ejercicio financiero objeto de la convocatoria, quedando condicionado el pago a la existencia de fondos.

          2. La Dirección de Política e Industria Alimentaria en materia de Industrias Alimentarias deberá emitir una resolución por cada solicitud de pago presentada, ya sea de la operación de inversión o, en su caso, de una o varias de las actuaciones que formen parte de la misma, siempre que se certifique que la operación o las actuaciones correspondientes se han ejecutado y que se han efectuado los controles administrativos y, en su caso, sobre el terreno. En los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, deberá verificarse si la ejecución de las mismas ha sido completa o no, con el fin de determinar el importe de la ayuda al que tiene derecho el beneficiario.

          3. La solicitud de pago irá acompañada, al menos, de la siguiente documentación:

            1. Memoria de ejecución valorada, con la relación de gastos, facturas y justificantes de pago y, en su caso, con la relación detallada de las modificaciones respecto de la solicitud inicial. Si existen diferencias entre las actuaciones previstas y las realizadas por causas excepcionales o de fuerza mayor, deberán justificarse a la Dirección de Política e Industria Alimentaria para su valoración.

            2. Tabla detallada con datos de las facturas y pagos realizados, tales como fechas y referencias de la facturación y el pago, proveedor, concepto e importe. Dicha tabla comparará, para cada inversión, el gasto ejecutado con el inicialmente aprobado o última modificación aprobada.

            3. En el caso de nueva construcción, liquidación de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento correspondiente.

            4. En el supuesto de que por normativa municipal sea necesario, la licencia municipal para haber llevado a cabo las inversiones. Cuando tales licencias y autorizaciones no sean preceptivas deberá aportarse justificación que acredite dicha circunstancia.

            5. Declaración de la persona beneficiaria en la que haga constar que no ha solicitado ni recibido ninguna otra ayuda para la misma inversión ni se encuentra inmersa en un proceso de reintegro de subvenciones.

            6. Declaración responsable referida a la cuenta bancaria en la que se solicita el ingreso de la subvención.

            7. Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, respecto del gasto y de la acreditación de los pagos.

            8. Acreditación de que la persona beneficiaria se encuentra al corriente respecto de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y, en su caso, al corriente del reintegro de subvenciones.

            9. Cualquier otra documentación exigida por normativa de obligado cumplimiento, así como la indicada en la resolución de concesión con objeto de acreditar alguna de las circunstancias o requisitos necesarios para conceder la ayuda.

              El pago de la ayuda estará supeditado a la presentación de las cuentas justificativas de la inversión, verificadas por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o, en su defecto, a la verificación por parte de la comunidad autónoma de las facturas y documentos mencionados anteriormente. Esta comprobación incluirá, como mínimo, una inspección in situ para cada expediente de ayuda.

          4. Se comprobará mediante los controles:

            1. Que la fecha de inicio de ejecución de las operaciones para las que se solicita la ayuda es posterior a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda y a la comprobación por parte de la Dirección de Política e Industria Alimentaria del no inicio de las operaciones solicitadas, salvo las excepciones previstas en el Anexo XII, apartado 8, del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

            2. Cuando la operación aprobada sea o incluya la compra de barricas, toneles o tinos de madera de cualquier capacidad, deberá verificarse que:

              Se corresponden en calidad y cantidad con lo indicado en la solicitud de ayuda aprobada o, en su caso, modificada.

              No se utilizan como inversiones de mera sustitución.

              Se destinan al almacenamiento de los productos vitivinícolas objeto de la ayuda.

              No se almacenan en espacios distintos a los dedicados a la elaboración o crianza.

              Cada uno de los elementos cuenta con un código alfanumérico o matrícula individualizada indelebles en los que se incluye el código asignado por el órgano gestor de la ayuda y que es accesible para el control.

            3. Si en el momento de presentación de la solicitud de ayuda existían elementos similares en las instalaciones donde se efectúa el control, estos deberán estar convenientemente inventariados.

            4. Cuando la inversión incluya sistemas de generación de energía, deberá verificarse que la cantidad de energía generada anualmente no supera la cantidad que puede utilizarse anualmente para las actividades habituales del beneficiario.

              Base 18. Reducción de la ayuda por ejecución incompleta.

              En el caso de que una o varias acciones del proyecto de inversión incluido en la solicitud de ayuda aprobada o, en su caso, modificada, no se ejecute, la ayuda se abonará teniendo en cuenta lo establecido en esta base.

              1. Cuando la no ejecución obedezca a causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la ayuda final se reducirá de acuerdo con el importe de las acciones no ejecutadas, es decir, se abonará el importe correspondiente a las inversiones individuales que se hayan ejecutado totalmente.

              2. Cuando la no ejecución obedezca a causas distintas a fuerza mayor o circunstancias excepcionales, pero se alcance el objetivo global del proyecto de inversión, la ayuda final se reducirá aplicando una penalización igual al 100 % del importe correspondiente a las acciones incluidas en la solicitud de ayuda inicialmente aprobada o modificada que no se hayan ejecutado totalmente. Es decir, la ayuda final a abonar será calculada teniendo en cuenta el importe correspondiente a las acciones individuales que se hayan ejecutado totalmente y aplicando dicha penalización.

              3. Cuando no se hayan ejecutado una o varias acciones por causas distintas a fuerza mayor o circunstancias excepcionales y no se logre el objetivo del proyecto de inversión, no se abonará ninguna ayuda. En este caso, si ya se hubieran abonado pagos parciales se exigirá el reintegro de las cantidades abonadas más los intereses correspondientes.

                Base 19. Liberación y ejecución de garantías.

              1. La garantía de buena ejecución tendrá validez hasta el momento del pago final.

              2. La garantía se liberará cuando el Organismo Pagador acuerde su cancelación, previa solicitud por parte de la Dirección de Política e Industria Alimentaria, dirección que garantizará haber realizado las comprobaciones administrativas y sobre el terreno para verificar que se ha realizado la inversión, que la persona beneficiaria ha ejecutado todas las inversiones que formaban parte del proyecto de inversión global cubierto por la solicitud de ayuda inicialmente aprobada o modificada y que la persona beneficiaria ha entregado la documentación requerida en el artículo 29 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

              3. En el caso de que la persona beneficiaria no ejecute la operación cubierta por la solicitud de ayuda inicialmente aprobada o modificada o no cumpla el objetivo global, previo informe de la Dirección de Política e Industria Alimentaria, el Organismo Pagador solicitará al Departamento de Hacienda y Finanzas la incautación de la garantía de buena ejecución, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

                Base 20. Obligaciones de las personas beneficiarias, información y publicidad de la financiación con fondos europeos.

              1. Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 14, 27 y 42 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

              2. Al objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de información, publicidad y visibilidad del PEPAC y de la ayuda europea contemplados en los artículos 123 y 124 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, las personas beneficiarias deberán:

                1. Dar a conocer la ayuda del PEPAC en su sitio web oficial, cuando dicho sitio web exista. Asimismo, en sus cuentas oficiales en las redes sociales harán una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de la ayuda, indicarán sus objetivos y resultados, y destacarán la ayuda financiera de la Unión Europea.

                2. Facilitar una declaración que destaque la ayuda de la Unión Europea de manera visible en documentos y materiales de comunicación relacionados con la ejecución de la operación, destinados al público o a los participantes.

                  El emblema de la Unión Europea se consignará de manera destacada en todos los materiales de comunicación, como productos impresos o digitales, sitios web y sus versiones móviles, relativos a la ejecución de una operación y destinados al público. El emblema deberá ir acompañado de la declaración «Financiado por la Unión Europea» o «Cofinanciado por la Unión Europea», según el caso.

                  Base 21. Incompatibilidad.

                  Estas ayudas serán incompatibles con las ayudas que estén recogidas en los Programas de Desarrollo Rural al amparo del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, y con las medidas que están recogidas en el Reglamento (CE) 1040/2002 de la Comisión, de 14 de junio de 2002, por el que se establecen normas particulares de ejecución de las disposiciones relativas a la asignación de una participación financiera de la Comunidad para la lucha fitosanitaria y se deroga el Reglamento (CE) 2051/97, ni otras medidas financiadas por instrumentos financieros de la Unión Europea.

Ponderación aplicable en la Comunidad Autónoma de Euskadi de los criterios de prioridad contenidos en el Anexo XIV del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

  1. Priorización de solicitantes.

    Criterio de prioridad 1.1: ponderación: 1.

    Criterio de prioridad 1.2.1: ponderación: 3.

    Criterio de prioridad 1.2.2: ponderación: 1.

    Criterio de prioridad 1.3: ponderación: 1.

    Criterio de prioridad 1.4.1: ponderación: 1.

    Criterio de prioridad 1.4.2: ponderación: 1.

    Criterio de prioridad 1.5: ponderación: 6.

    Criterio de prioridad 1.6: ponderación: 4.

    Criterio de prioridad 1.7: ponderación: 5.

    Criterio de prioridad 1.8: ponderación: 4.

    Criterio de prioridad 1.9.1: ponderación: 6.

    Criterio de prioridad 1.9.2: ponderación: 4.

    Criterio de prioridad 1.9.3: ponderación: 2.

    Criterio de prioridad 1.10: ponderación: 4.

    Criterio de prioridad 1.11: ponderación: 4.

    Criterio de prioridad 1.12: ponderación: 2.

  2. Priorización de Proyectos.

    Criterio de prioridad 2.1: ponderación: 14.

    Criterio de prioridad 2.2: ponderación: 14.

    Criterio de prioridad 2.3: ponderación: 14.

    Criterio de prioridad 2.4: ponderación: 6.

    Criterio de prioridad 2.5: ponderación: 1.

    Criterio de prioridad 2.6: ponderación: 8.

    Criterio de prioridad 2.7.1: ponderación: 14.

    Criterio de prioridad 2.7.2: ponderación: 7.

    Criterio de prioridad 2.7.3: ponderación: 3.

    Criterio de prioridad 2.8: ponderación: 10.

    Criterio de prioridad 2.9: ponderación: 5.

    Criterio de prioridad 2.10: ponderación: 1.

    Criterio de prioridad 2.11: ponderación: 3.

Campos genéricos:

Tipo de documento de identificación.

Número.

Nombre (solo para personas físicas).

Primer apellido (solo para personas físicas).

Segundo apellido (solo para personas físicas).

Sexo (solo para personas físicas).

Nombre de la entidad (solo para personas jurídicas).

Teléfono fijo.

Teléfono móvil.

Correo electrónico.

Representante.

Territorio Histórico.

Canal de notificación y comunicación.

Dirección postal para recibir avisos.

Correo electrónico para recibir avisos.

Teléfono móvil para recibir avisos.

Idioma de las notificaciones, comunicaciones y avisos.

Responsable de la ejecución de los programas.

Domicilio fiscal.

Domicilio social.

Beneficiarios.

Estructura actual del capital social de la empresa solicitante.

Explotación agraria (en su caso).

Actividades desarrolladas actualmente y/o previstas.

Materias primas vitivinícolas utilizadas y/o comercializadas.

Productos elaborados y/o comercializados.

Localización de la inversión.

Descripción de la inversión.

Objetivos generales y estratégicos de las operaciones.

Calendario previsto de ejecución y justificación.

Importe de la inversión solicitada por ejercicios y acciones.

Financiación del proyecto de inversión.

Criterios de priorización:

Priorización del solicitante.

Priorización de Proyectos.

Campos complementarios - Declaración responsable de que:

No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

Las manifestaciones realizadas y la documentación presentada en la solicitud de ayuda son ciertas, aceptando cualquier responsabilidad que se pueda derivar de su falsedad o inexactitud, sin que quepa alegar ignorancia de los hechos que motivan dicha falsedad o inexactitud.

Se compromete a poner a disposición, tanto del Gobierno Vasco como de la Unión Europea, toda aquella documentación que fuese necesaria para la verificación de la realización del programa.

Garantiza la financiación para toda la duración del programa propuesto.

No tiene la consideración de empresa en crisis, según se define en las directrices europeas sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).

Se compromete con lo previsto en el artículo 31 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, referente al compromiso de durabilidad de la inversión.

No se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se haya incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

No está incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

En caso de empresa comercializadora, que el 80 % de su facturación procede de productos del Anexo VII, parte II del R (UE) 1308/2013.

No ha sido sancionada administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el período impuesto en la correspondiente sanción.

En lo relativo al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Declaración responsable de que (Marque la casilla que corresponda):

La empresa emplea a 50 o más personas trabajadoras y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

La empresa emplea a menos de 50 trabajadores y en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres no está obligada a la elaboración e implantación de un plan de igualdad.

La empresa emplea a 50 o más personas trabajadoras y ha establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

En lo relativo al tipo de empresa (Marque la casilla que corresponda):

La empresa no tiene la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de PYME.

La empresa tiene la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

En lo que se refiere a la categoría de la empresa (Marque la casilla que corresponda):

PYME-microempresa (emplea menos de 10 trabajadores, con volumen de negocios anual o balance general anual menor de 2 millones euros).

PYME pequeña empresa (emplea menos de 50 trabajadores, con volumen de negocios anual o balance general anual menor de 10 millones euros).

PYME mediana empresa (emplea menos de 250 trabajadores, con volumen de negocios anual inferior a 50 millones euros o balance general anual menor de 43 millones euros).

Deberá figurar, asimismo, el consentimiento explícito para que la Dirección de Política e Industria Alimentaria verifique automáticamente el NIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, con la posibilidad de que deniegue expresamente ese consentimiento, y la consecuencia de que, en ese caso, deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido.