El Observatorio Social de La Caixa ha publicado recientemente (mayo de 2020), un informe sobre las necesidades sociales por grupos de población, siendo el primero de éstos la infancia. El informe repasa la situación de la infancia en España y en Europa y analiza el peso de las políticas públicas dirigidas a cubrir las necesidades de los/as menores (personas entre 0 y 17 años) y de sus familias.

Para ello, estudia el grado de cobertura de las necesidades vinculadas con el bienestar económico y material, la vivienda o la salud a partir de un conjunto de indicadores que miden el riesgo de pobreza (monetaria, laboral, crónica, etc.), los hogares con adultos desempleados, las condiciones de la vivienda, el acceso a la asistencia sanitaria o los hábitos de vida de los/as menores (obesidad, sedentarismo, dieta saludable, entre otros).

La situación de la infancia en España y Europa

Según los datos analizados en España el riesgo de pobreza es superior en los/as menores (26,8%) que en el resto de población (21,5%) sumada a una clara tendencia hacia la cronificación de la pobreza. En 2017 aproximadamente dos de cada diez menores se encontraban en una situación de pobreza desde hacía tres o más años. En lo relativo a la pobreza laboral (hogares en los que las personas adultas están ocupadas pero cuya renta disponible es inferior al umbral de pobreza); la incidencia de este tipo de pobreza es superior en los hogares con niños/as.

En lo relativo a la vivienda, en los últimos años las condiciones de habitabilidad han mejorado notablemente por lo que la mayoría de los hogares españoles reúnen las condiciones básicas ligadas a una vivienda digna. Si bien existen problemas estructurales o de mantenimiento en las viviendas (goteras, humedades, poca luz natural, etc.), éstos no se dan con mayor incidencia en las viviendas con menores que en las de la población general.

No obstante, existe una diferencia destacable en el riesgo de pobreza energética según la cual uno de cada diez menores reside en un hogar con dificultades para calentar la vivienda en invierno.

En lo relativo a la salud, la cobertura de las necesidades sanitarias indica que la asistencia médica a los y las menores es más rápida que en la población en general, sin embargo, es mayor el número de menores cuyas familias tienen que afrontar un gasto sanitario alto respecto a su capacidad adquisitiva.

Finalmente, en lo relativo a los hábitos de vida, se apunta a un incremento del sedentarismo entre los y las niños y niñas, un descenso del consumo de frutas y verduras y en consecuencia, un previsible aumento de la obesidad infantil.

El incremento de la pobreza en España acentuado con la reciente crisis ha azotado a los hogares más vulnerables que han visto mermados sus ingresos debido al desempleo y la precariedad laboral y, la falta de políticas públicas de mantenimiento de rentas. Todo ello, repercute en el desarrollo de los/as menores y en su progreso futuro; como se señala en el informe “los menores que crecen en familias pobres tienen una mayor probabilidad de tener una posición social de desventaja, tanto en lo que se refiere al nivel educativo, la calidad del empleo, el nivel de salud o la situación social en general”.

La comparación de la situación de la infancia española respecto a la europea muestra mayores tasas de pobreza y privación material en los hogares españoles y un mercado laboral más precario, lo que sitúa a España a la cola de los países de la Unión Europea (UE). Por citar algunas cifras, cerca del 13% de los menores en España viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza y, casi el 22% de este colectivo residen en hogares azotados por la pobreza laboral, frente al 15% de media en Europa.

Políticas públicas para la cobertura de las necesidades sociales

En este contexto, la intervención de los poderes públicos es clave para la protección y cobertura de las necesidades sociales de los niños y niñas. En el caso español, las políticas dirigidas a las familias han tenido un escaso peso dentro del sistema público de protección y se caracterizan por su carácter contributivo o por depender de la renta.

Una de las medidas más extendidas es la desgravación por hijo/a, sin embargo, resulta poco efectiva para reducir la tasa de pobreza infantil ya que, muchos de los potenciales receptores son hogares cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de pobreza estando exentos de tributación.

Lo mismo sucede con las prestaciones económicas de carácter contributivo por embarazo, maternidad y paternidad, y cuidado de menores de entre 0 y 3 años. Existe no obstante una prestación no contributiva, pero está dirigida a cubrir las necesidades de los hogares con menores con alguna discapacidad y su cuantía es tan reducida que no logra paliar las situaciones de pobreza infantil.

Por último, existen otras prestaciones monetarias que, reguladas por las Comunidades Autónomas, proporcionan pagos por nacimiento o adopción, pero su cobertura es muy desigual pues han estado sujetas a recortes y disponibilidad presupuestaria.

En contraposición se encuentran las políticas de intervención pública definidas a partir del sistema fiscal y del gasto público, con dotaciones de gasto específicas para las familias y otras medidas vinculadas a la conciliación laboral y familiar. En esta línea, muchos países de la UE han activado políticas de reducción del coste de crianza de los/as hijos/as a partir de mecanismos como prestaciones monetarias, redes públicas de cuidados infantiles para las familias o reducciones en los impuestos para hogares con menores.

Una de las políticas más extendidas en Europa (operativa en 17 países de la UE), es la prestación universal por hijo/a; que consiste en la percepción de un pago mensual para cada hijo o hija durante su menoría de edad, con variaciones entre países (algunos el límite para la percepción son los 16 años y otros, los 20 años) y con diferencias en el período de cobertura de la prestación (condicionado a la realización de estudios superiores) o, incluso, sin límite de edad para los casos en que los/as hijos/as no están capacitados desempeñar una actividad laboral. La prestación no está condicionada a la renta de las familias si no a la edad y el número de hijos/as por familia.

En lo que respecta a la reducción de la pobreza infantil, según simulaciones realizadas en el informe, la aplicación de esta política en España podría contribuir a reducir la pobreza infantil en un 18%, favorecería la reducción de la pobreza infantil en hogares monoparentales y familias numerosas y contribuiría a reducir la brecha entre las familias con renta más alta y aquellas con renta más baja; si bien requeriría un importante incremento de la partida de gasto público en protección social.

El Observatorio social de la Caixa es una iniciativa creada para la investigación y divulgación científica en el ámbito de inclusión social, la educación, la ciencia y la cultura que funciona como un instrumento catalizador de diagnósticos y tendenciales sociales.

Si desea ampliar esta información consulte el informe: 'Análisis de las necesidades sociales de la infancia', publicado por el Observatorio Social de La Caixa (2019).