Un informe financiado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y elaborado por el grupo de investigación POSEB (Políticas Sociales y Estado del Bienestar) del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) identifica las dificultades y aprendizajes de la gestión de la primera ola de la COVID-19 en las residencias españolas.

Enfoque

Atendiendo a los datos de incidencia y prevalencia del virus SARS-CoV-2 en España, uno de los más elevados del mundo, y a la alta mortalidad con COVID-19 o sintomatología compatible registrada en las residencias de personas mayores, este informe explora la experiencia de gestión en el plano institucional -de las administraciones autonómicas y de la administración central- y organizativo de los centros residenciales de mayores en España.

Metodología

A fin de identificar las áreas de mejora, obstáculos y lecciones aprendidas, el grupo de investigación POSEB analizó la documentación elaborada por las administraciones concernidas, por organizaciones independientes, así como las respuestas al cuestionario elaborado por el IMSERSO sobre la identificación de lecciones aprendidas al respecto por parte de las administraciones autonómicas, las administraciones locales, los sindicatos y las patronales de las residencias. Asimismo, el análisis documental fue complementado con 25 entrevistas en profundidad realizadas a responsables de residencias (personal de dirección, gerencia y dirección médica) de las diferentes Comunidades Autónomas, y a responsables de la gestión de los servicios sociales y de los servicios de salud de las administraciones autonómicas y central.

Conclusiones

El informe destaca una serie de problemáticas identificadas en la gestión de la COVI-19 en los centros residenciales:

• La insuficiente planificación existente (ausencia de previsiones en el marco de la Estrategia Nacional de Salud, por ejemplo) para la gestión de situaciones de contagio, pandemia y/o brotes tanto por parte de las autoridades como de las organizaciones responsables de los centros.
• El desconocimiento de los planes y protocolos para la gestión de epidemias, previos a la crisis generada por la COVID-19, o inexistencia de estos en los centros residenciales.
• La insuficiente formación y recursos de las personas responsables de la implementación de planes y protocolos de prevención y actuación frente a la COVID-19 en el medio residencial.
• La descoordinación intersectorial, tanto a nivel político administrativo (Ministerios y Consejerías), como en el organizativo (rentre residencias y centros sanitarios) en algunas Comunidades Autónomas.
• La coordinación intergubernamental de los datos sanitarios y, en particular, de los datos sobre las residencias, para dimensionar adecuadamente el impacto de la epidemia en el medio residencial.
• El conocimiento de las capacidades y limitaciones de cada nivel de gobierno (Gobierno Central y CC.AA.) en materia administrativa (adquisición de material sanitario, por ejemplo), jurídica y política en relación con el uso de determinados instrumentos legales y funcionales para responder con eficacia a los problemas derivados de la pandemia.
• Los problemas estructurales de capacidad que manifiestan los centros residenciales, la inadecuación de los ratios profesionales por categoría, la precarización del empleo en el sector de las residencias, las carencias informativas en los centros o la mejorable inspección e intervención de los centros por parte de las autoridades en algunas CC.AA.
• La carencia de material de protección y la modificación de especificaciones en los protocolos, que plantearon numerosas dificultades en la protección de la salud de las plantillas profesionales de los centros residenciales.
• El elevado número de bajas laborales en las plantillas de profesionales de las residencias, motivo de sobrecarga laboral para el resto de trabajadoras/es en activo, en ocasiones con el desempeño de funciones no habituales y con insuficiente preparación para ello. También se constata insuficiente preparación por parte del personal reclutado para cubrir perfiles profesionales afectados por bajas.
• El desgaste psicológico de las y los profesionales de los centros residenciales afectados por el estrés producido por la gestión de las contingencias epidémicas en su entorno profesional y familiar, así como por la estigmatización del sector.
• La falta de coordinación entre las residencias y el sistema sanitario, especialmente con los centros de salud y centros hospitalarios durante las primeras semanas de la crisis. La existencia de mecanismos de coordinación sociosanitaria previos o la articulación de mecanismos de relación con el sistema sanitario contribuyeron al apoyo sanitario a los centros residenciales, pese a que en algunos casos la epidemia agravó situaciones de ausencia de medicamentos y equipos sanitarios, atención inadecuada o desatención a residentes, saturación de los centros sanitarios de referencia, sensación de abandono y necesidad de asumir responsabilidades sanitarias sin contar con personal o formación adecuada, entre otras.
• El fallecimiento en soledad de personas en los centros residenciales, sin posibilidad de comunicación con familiares y amistades en sus últimos momentos de vida.
• La aplicación a la población residente de medidas de aislamiento, con suspensión de las visitas familiares y por extensión de la vida social, y la suspensión de actividades de continuidad de cuidados por la escasez de personal.
• La inexistencia de una evaluación del funcionamiento del sistema de atención a las personas en situación de dependencia -tras 14 años de su puesta en marcha-, y que considere la crisis económica que ha afectado a su financiación e implementación.
• La necesidad de mejorar la continuidad de cuidados a través de mecanismos efectivos de coordinación entre centros residenciales, Atención Primaria, hospitales, Sistemas de Salud Pública y Servicios Sociales de Atención Primaria.
• La controversia que ha rodeado a las iniciativas de apoyo sanitario a las residencias, vividas en algunos casos como una sanitarización de los centros residenciales.

Así, el informe subraya una serie de áreas de mejora tanto para el entramado institucional como para los centros residenciales que proporcionan cuidados a personas mayores tras la experiencia vivida con la primera ola de COVID-19 (de marzo a agosto de 2020):

• La preparación institucional y organizativa en la gestión de los centros residenciales, lo que implica la capacidad de identificar las amenazas, la valoración de las mismas en su justa medida, y la planificación, organización, entrenamiento y evaluación de las respuestas a los incidentes ocurridos. Esto implica disponer de planes generales por parte de las administraciones y de los centros residenciales para actuar en caso de contagios o brotes.
• La coordinación intersectorial en el nivel institucional y en el organizativo, entendida como la sincronización de los objetivos, estrategias, procedimientos de diferentes ámbitos de política pública para garantizar su implementación eficaz.
• El fortalecimiento de la coordinación intergubernamental entendida como el ejercicio de identificar objetivos, diseñar e implementar políticas y resolver conflictos entre diferentes niveles de gobierno.
• La capacidad de gestión o habilidad de asegurar recursos materiales, tecnología y profesionales para alcanzar determinados objetivos.
• La necesidad de garantizar la atención simultánea, coordinada y estable de los servicios sanitarios y sociales a las personas que requieren un abordaje integral y continuado de sus cuidados basada en la colaboración institucional, la cooperación profesional efectiva y la adecuación de las intervenciones y los recursos.
• La conveniencia de repesar el futuro del cuidado de las personas mayores.

 Si desea ampliar esta información, consulte el informe “Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y COVID-19: dificultades y aprendizajes" (Instituto de Políticas y Bienes Públicos-CSIC, 2020).