Las economistas Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre son las autoras de este estudio sobre el modelo de dependencia de la población mayor de 65 años en España y que ha publicado por el Instituto de Estudios Fiscales , dependiente del Ministerio de Hacienda.

Contenidos
El estudio se organiza en dos partes:

• La primera de ellas presenta una revisión de los factores determinantes de la demanda de cuidados de larga duración relacionados con la dependencia: envejecimiento demográfico, estado de salud, factores sociales e institucionales y factores tecnológicos.
  Además, se investiga la actual demanda de cuidados de larga duración en España mediante el empleo de diversos enfoques: a partir de datos administrativos y a partir de los datos de encuestas a hogares (Encuesta de Condiciones de Vida, Encuestas Nacionales y Europeas de Salud y Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa -SHARE-)

• La segunda parte del estudio plantea un cambio radical del modelo de cuidados vigente en España. Las autoras proponen un modelo que garantice el derecho universal a los cuidados, junto con los derechos de todas las personas implicadas: personas dependientes, trabajadoras y el entorno familiar.
  Transcurrida algo más de una década de la implantación de las políticas públicas de atención a la dependencia, este estudio  plantea que es necesario extraer lecciones del contexto comparado que permitan un diseño adecuado de un nuevo sistema de atención a la dependencia. Para ello se propone Suecia como modelo maduro de referencia para la simulación de un nivel de cobertura adaptado al caso español.

Asimismo, el estudio estima el coste del modelo de cuidados y explora algunas vías para su financiación (con la eliminación de determinados incentivos fiscales asociados a la edad, la discapacidad y la dependencia en el IRPF -reducciones en la base imponible, incrementos en los mínimos personales y familiares, deducciones autonómicas en la cuota y deducciones estatales en la cuota diferencial del impuesto, etc.), conforme a los diversos escenarios de demanda:

1. Por un lado, la cobertura adecuada, con supuestos de uso basados en las recomendaciones de los expertos, de la demanda real actual estimada a partir de datos de encuestas (SHARE-2015) y definida conforme al baremo de valoración del sistema actual.
2. Por otro, la aplicación a España de los niveles de uso de los diversos servicios observados en Suecia por parte de los distintos subgrupos de sexo y edad de la población mayor dependiente, ajustando por las diferencias demográficas entre los dos países.

Por último, se analizan los incrementos de recursos necesarios para implantar el sistema diseñado y se estiman los retornos, tanto económicos como sociales, esperados del modelo propuesto: ahorros por la previsible disminución el gasto en prestaciones por desempleo; aumento de ingresos por las cuotas a la Seguridad social del empleo generado; aumento de los ingresos procedentes del IVA, Impuesto de sociedades e IRPF; previsible aumento de la cohesión social; mejora de la salud y calidad de vida de las personas cuidadoras; mejoras en el empleo y para la equidad de género, entre otros.

Conclusiones
El resultado de la simulación indica que la cobertura en España debería ampliarse hasta llegar a proteger al 18% de las personas mayores, aproximadamente 1,6 millones de usuarios, un 78% más de los que actualmente tienen derecho reconocido y más del doble de los que de hecho reciben prestaciones del SAAD.

Además, debería aumentar la intensidad protectora (más servicios por persona beneficiaria) y modificarse la estructura del catálogo de prestaciones, sustituyendo las prestaciones monetarias por servicios directos a las personas dependientes (atención domiciliaria, atención residencial, centros de día, etc.).

Las autoras concluyen que los aumentos en la cobertura y la intensidad protectora requeridos son superiores entre las personas de edad más avanzada, que constituyen el segmento en el que se detectan las mayores diferencias de protección entre los dos sistemas.

En consecuencia, la implantación de un sistema equivalente al sueco supondría proporcionar servicios de atención a 1,2 millones de personas de 80 y más años, cuando, en diciembre de 2016 solo se había reconocido el derecho a 660.381 personas, de las cuales recibían efectivamente cuidados 471.865.

Si desea ampliar esta información puede consultar el estudio La atención a la Dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales. Papeles de Trabajo 5/2018 (Instituto de Estudios Fiscales, 2018).