El Gobierno Vasco recibió ayer la notificación del Tribunal Constitucional de su admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, con solicitud de suspensión, presentado por el Presidente del Gobierno español contra la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento Vasco el pasado 27 de junio.

Como es sabido, la mera admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional produce la suspensión automática de dicha ley en virtud de la sola solicitud del señor Rodríguez Zapatero, lo que así ocurre con efecto desde el pasado 15 de julio, según la notificación referida.

Por lo tanto, Rodríguez Zapatero es el único y exclusivo responsable de que una decisión legal, legítima y democráticamente adoptada por el Parlamento Vasco hoy esté en suspenso, nada más y nada menos que una ley para consultar a la ciudadanía vasca, lo que supone de hecho la suspensión de nuestro autogobierno político, del autogobierno contenido en el Estatuto de Gernika.

En las providencias que el Gobierno Vasco ha recibido, el Tribunal Constitucional ha aceptado la petición del Abogado del Estado de habilitar el mes de agosto para sustanciar su recuso sin dar audiencia a las partes legitimadas para actuar en este caso. De hecho el Gobierno Vasco ni siquiera está todavía personado en la causa.

Este Gobierno ha instado al Tribunal Constitucional a obrar con celeridad, pero el pleno ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva no puede llevarse a cabo con el menoscabo de la igualdad de condiciones en la capacidad de acción de las partes implicadas.

Éste es, sin duda, un hecho menor, no obstante el Gobierno Vasco espera que no sea un precedente de cómo afronta el Tribunal Constitucional el desarrollo del procedimiento jurisdiccional de esta causa.

La al menos aparente celeridad con la que está actuando el Tribunal Constitucional en este asunto contrasta con la injustificada e injustificable dilación con la que esta misma instancia ha abordado cuestiones como el recurso de amparo presentado hace casi dos años por el Lehendakari en relación a su procesamiento penal, a todas luces inconstitucional, "fraude constitucional" en palabras del Tribunal Supremo en un caso análogo que afectaba al Presidente español, Rodríguez Zapatero.

Por no citar -entre otros más- los más de 10 años que el Tribunal Constitucional lleva sin resolver el recurso presentado por otro Gobierno español, el del señor Aznar, contra otra ley aprobada por el Parlamento Vasco, la Ley del Deporte.

En cualquier caso, el Gobierno Vasco anuncia que se personará, como legalmente le corresponde, en el procedimiento abierto por el Tribunal Constitucional y presentará sus alegaciones dentro del plazo de 15 días establecido por el mismo. El Consejo de Gobierno del próximo martes comenzará a adoptar decisiones en este sentido.

Al Tribunal Constitucional se le plantea el dilema de que su trayectoria de protección de los derechos fundamentales se pueda ver empañada por cercenar el derecho fundamental de participación política de la ciudadanía vasca.

De todas formas, es de conocimiento general que el deterioro, el desgobierno y el desprestigio de la Administración de Justicia en España obedece, entre otras causas, a la politización de que ha sido objeto -y en ocasiones también sujeto activo- por parte de los dos grandes partidos del Estado, PSOE y PP.

Incluida la justicia constitucional, baste como ejemplo la situación en que se encuentra el propio Tribunal Constitucional en su actual composición, que ha excedido con creces el periodo de su mandato, vulnerando así la propia ley orgánica que lo regula -como también sucede con lo preceptuado en dicha ley respecto a la designación de alguno de sus miembros a propuesta de las Comunidades Autónomas-.

Y para solucionar este deterioro, este desgobierno y este desprestigio se nos anuncia un nuevo pacto sobre Justicia como siempre a dos, entre dos, entre PSOE y PP, a abordar en la próxima e inminente reunión entre Rodríguez Zapatero y Rajoy.

El Gobierno Vasco espera, como esperaría cualquier demócrata, que el Tribunal Constitucional anteponga los derechos fundamentales a la restricción de derechos, la razón jurídica a la razón política, la razón democrática a la "razón de Estado".

Vitoria-Gasteiz, 18 de julio del 2008.