El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha elaborado el proyecto de decreto por el que se regula «la obligatoriedad de uso de medios electrónicos en la solicitud y demás trámites del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia», que ha de tramitarse conforme determina la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

En cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales dictó, con fecha 5 de mayo de 2023, la Orden por la que se dio inicio al procedimiento para la elaboración del citado proyecto de decreto. Asimismo, con fecha 25 de mayo de 2023 se dictó la Orden de aprobación previa del texto del proyecto de decreto, una vez redactado su articulado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la citada Ley 6/2022, los trámites de audiencia e información pública se deben realizar siempre que se afecte de manera directa a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas, y no concurra alguna de las causas de excepción previstas en este artículo.

A tal efecto, se somete el proyecto de Decreto por el que se regula «la obligatoriedad de uso de medios electrónicos en la solicitud y demás trámites del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia» al trámite de información pública, por un periodo de 20 días hábiles, a contar desde del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 2023, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se da inicio al procedimiento para la elaboración del mencionado proyecto de decreto, en relación con el artículo 16.a) del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.