- El consejero de Vivienda y Agenda Urbana considera que la sentencia avala una concepción cooperativa de las competencias y respalda el despliegue en Euskadi de instrumentos como las zonas de mercado residencial tensionado
- El Gobierno Vasco seguirá vinculando la regulación del alquiler en estas zonas a planes trianuales destinados a incrementar la oferta de vivienda asequible
- El último informe de la EMAL, publicado en julio, revela que han comenzado a apreciarse señales de contención y moderación en la evolución del mercado del alquiler, con bajadas en el precio medio de las nuevas rentas en Donostia-San Sebastián (3,7%), Errenteria (4,1%), Irun (3%) y Lasarte-Oria (0,6%)
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha valorado la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso interpuesto en 2024 por el anterior Ejecutivo vasco contra distintos preceptos de la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. Itxaso ha subrayado que la resolución “no debe interpretarse en términos de una pérdida para Euskadi”, sino como la confirmación de que la legislación estatal y las competencias vascas en materia de vivienda pueden complementarse para ampliar la capacidad de las administraciones públicas frente a la emergencia habitacional.
En palabras del consejero, “el Constitucional confirma algo que desde el Departamento de Vivienda defendimos desde el principio: la Ley estatal de Vivienda no vacía nuestras competencias. Al contrario, nos proporciona nuevos instrumentos para ejercerlas y para intervenir allí donde el mercado por sí solo no está siendo capaz de garantizar el acceso a una vivienda asequible”, ha señalado.
El recurso fue presentado por el Gobierno Vasco en la anterior legislatura contra el criterio mantenido entonces por el Departamento de Vivienda y por los consejeros socialistas del Ejecutivo, que no compartieron su interposición. Para Itxaso, la sentencia “confirma ahora que aquella interpretación excesivamente defensiva de las competencias no era necesaria”. A juicio del consejero, una de las principales conclusiones de la resolución es precisamente la necesidad de superar una visión exclusivamente defensiva o patrimonial de las competencias. “Las competencias no están para levantar fronteras entre administraciones. Están para ejercerlas y para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Ante un problema de la magnitud de la vivienda, ninguna institución dispone por sí sola de todas las respuestas. Necesitamos colaboración entre ayuntamientos, Gobierno Vasco y Gobierno de España”, ha afirmado.
Más capacidad para intervenir en el mercado del alquiler
Itxaso ha destacado que el mejor ejemplo de esa complementariedad son las zonas de mercado residencial tensionado, una figura incorporada por la Ley estatal de Vivienda y que corresponde declarar al Gobierno Vasco a iniciativa y en colaboración con los municipios. Euskadi está desplegando actualmente este instrumento en aquellos municipios que, de manera autónoma, deciden solicitar su declaración y acreditan la existencia de una especial presión sobre el mercado residencial.
La declaración permite activar medidas de contención y regulación de los alquileres, establecer obligaciones específicas para grandes tenedores y aplicar los índices de referencia previstos en la legislación. “La realidad demuestra que la Ley nos ha dado capacidad de actuación que antes no teníamos. Hoy podemos intervenir con más herramientas sobre mercados especialmente tensionados y proteger mejor a quienes buscan una vivienda en alquiler”, ha explicado el consejero.
Regular precios y, al mismo tiempo, aumentar la oferta
El responsable de Vivienda ha insistido en que la estrategia vasca no se limita a la regulación de precios. Cada declaración de zona tensionada va acompañada de un plan de acción trianual dirigido a corregir las causas estructurales que provocan la tensión residencial.
Estos planes incluyen actuaciones para construir vivienda protegida, incrementar el parque de alquiler asequible, movilizar vivienda vacía, rehabilitar el parque existente, desarrollar suelo residencial y adaptar las políticas públicas a las necesidades concretas de cada municipio. “Regular sin aumentar la oferta sería insuficiente, pero aumentar la oferta sin actuar sobre situaciones de tensión extrema tampoco resolvería los problemas inmediatos de muchas familias. Necesitamos hacer las dos cosas a la vez”, ha defendido Itxaso.
El consejero ha explicado asimismo que comienzan a apreciarse señales de contención y moderación en la evolución del mercado del alquiler, que deberán seguir siendo evaluadas a medida que el sistema alcance un mayor grado de implantación. “Estamos comprobando que la intervención pública puede amortiguar tendencias de mercado que estaban expulsando a muchas personas de los lugares en los que quieren vivir. Ese es el objetivo: no sustituir al mercado, sino establecer reglas para que la vivienda, que es un bien de primera necesidad, pueda cumplir también su función social”, ha concluido.
Cabe destacar que el último informe de la EMAL (Estadística del Mercado del Alquiler Libre) publicado en julio dio reveló que la renta media de los nuevos contratos de alquiler libre bajó en el cuarto trimestre de 2025 en Donostia-San Sebastián (3,7%), Errenteria (4,1%), Irun (3%) y Lasarte-Oria (0,6%), coincidiendo con el primer periodo en el que se aplicaron íntegramente en Gipuzkoa las herramientas previstas para las zonas de mercado residencial tensionado, incluido el Índice de Precios de Referencia, llamado a objetivar los precios del alquiler más allá de las reglas de mercado. El descenso se produjo, además, sin que el número de viviendas registradas en alquiler se viera resentido. Y es que Euskadi cerró el pasado año con 86.522 contratos de alquiler libre vigentes, el mayor volumen de la serie histórica.
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