- El consejero Denis Itxaso ha destacado que “el Gobierno quiere ganar el partido de la vivienda” y ha expresado con estas medidas “conseguimos varios objetivos: evitar fraudes por sobreprecio, garantizar la transparencia y reforzar el carácter social del parque protegido”
- El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana reformará la Ley Vasca de Vivienda para preservar la función social del parque protegido y garantizar un acceso más justo y transparente
- La medida permitirá mantener la protección de 901 viviendas en municipios tensionados y regular más de 1.000 transmisiones anuales de VPO
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana afronta la segunda mitad de la legislatura con el objetivo de reforzar sus dos grandes ejes de actuación: aumentar la oferta de vivienda protegida y fortalecer la protección de las personas inquilinas. En este contexto, el consejero Denis Itxaso ha destacado este viernes en el Parlamento Vasco que “el Gobierno Vasco quiere ganar el partido de la vivienda”, y en respuesta a una pregunta formulada por el grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, ha anunciado el impulso de una reforma de la Ley Vasca 3/2015 del Derecho a la Vivienda que permitirá desplegar dos medidas de carácter estructural destinadas a preservar el parque protegido y garantizar un acceso más justo a la vivienda.
Estas actuaciones se suman a otras iniciativas ya planteadas por el Ejecutivo vasco, como la creación de un Fondo Social de Vivienda para movilizar hasta 2.000 millones de euros destinados a promover 10.000 nuevas viviendas protegidas en las dos próximas legislaturas, o el programa Alokaplus, un seguro público gratuito para incentivar la oferta de alquiler en zonas tensionadas garantizando el cobro de la renta a las personas arrendadoras.
Sin embargo, el consejero ha puesto el foco especialmente en dos medidas que ha definido como “las más novedosas” de esta nueva fase de la política de vivienda: la prórroga de la calificación protegida de las VPO ubicadas en zonas tensionadas y la creación de un derecho de adquisición legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida. La primera medida persigue evitar la descalificación de viviendas protegidas construidas antes de 2003 y que perderán próximamente su régimen de protección. Aunque las viviendas calificadas a partir de ese año cuentan con protección permanente, un total de 1.071 viviendas anteriores a esa fecha dejarán de estar protegidas en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas declaradas tensionadas. “Esto supone un riesgo evidente, tanto para las familias que residen en esas viviendas como para el equilibrio del mercado en esos municipios”, ha advertido Itxaso.
Para hacer frente a esta situación, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana promoverá una reforma de la Ley Vasca de Vivienda que permitirá prorrogar la calificación protegida de estas promociones mientras permanezca vigente la declaración de zona tensionada. Según ha explicado el consejero, la medida permitirá, por ejemplo, “evitar la descalificación de las 510 viviendas en alquiler de Benta Berri, en Donostia, y, en general, frenar dinámicas especulativas que podrían agravarse en contextos de escasez de vivienda”. Además de esta promoción de Donostia, la iniciativa beneficiará también a otra promoción de 119 viviendas en el barrio de Intxaurrondo y de 2 viviendas en Zubieta, a 248 viviendas en Vitoria-Gasteiz repartidas entre Lakua (200) y Zabalgana (48), 21 en Bilbao (Cortes) y otra vivienda en una promoción de Barakaldo, todas ellas en régimen de propiedad. En total, 901 viviendas mantendrán su protección mientras la zona tensionada siga vigente.
Tal y como ha subrayado Itxaso, esta actuación se enmarca plenamente en la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda, que habilita a las comunidades autónomas tanto para declarar zonas tensionadas como para adoptar medidas específicas destinadas a corregir desequilibrios del mercado residencial.
Una “gran inmobiliaria pública” para garantizar la función social de la VPO
La segunda medida incorpora un cambio estructural en la gestión del parque protegido mediante la creación de un derecho de adquisición legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de viviendas protegidas con calificación permanente. La reforma establecerá que, cuando una persona propietaria quiera vender una vivienda protegida, deberá ofrecerla previamente al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que designará a la persona compradora entre quienes figuren inscritas en Etxebide con base en criterios objetivos, como la antigüedad en el registro o la adecuación de la vivienda a la unidad convivencial. “Cuando una persona propietaria quiera vender una VPO, deberá ofrecerla previamente al Departamento, que designará a la persona compradora entre las inscritas en Etxebide, en función de criterios objetivos”, ha subrayado el consejero durante su intervención parlamentaria. A través de esta medida, el Ejecutivo vasco busca reforzar la transparencia y evitar prácticas irregulares vinculadas a sobreprecios encubiertos en la venta de vivienda protegida.
“Con esta medida conseguimos varios objetivos: evitar fraudes por sobreprecio, mediante contratos de venta de muebles o similares; garantizar que más de 1.000 transmisiones anuales de vivienda protegida se realicen con plena transparencia; y, sobre todo, reforzar el carácter social del parque protegido, asegurando que llegue a quien realmente lo necesita”, ha defendido Itxaso. Y ha resumido el alcance de esta transformación asegurando que, en la práctica, este instrumento permitirá al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana actuar “como una gran inmobiliaria pública de vivienda protegida”, superando el modelo actual basado exclusivamente en el tanteo y reforzando el control público sobre la función social de la vivienda protegida. “Ese es el compromiso del Gobierno: más vivienda, más protección y más justicia en el acceso”, ha concluido.
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