- Un informe del Observatorio Vasco de la Vivienda elaborado a partir de 8.224 encuestas, constata que el 28,5% de las unidades de convivencia inscritas comparte vivienda y que el esfuerzo económico para pagar un alquiler alcanza el 44,1% de sus ingresos entre quienes solicitan vivienda protegida en este régimen
- El estudio confirma que la necesidad de vivienda protegida ha evolucionado: junto a quienes buscan emanciparse, existe un volumen muy importante de hogares que ya ha accedido al mercado libre, pero no consigue consolidar una situación residencial estable
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha dado a conocer esta mañana las principales conclusiones del informe Análisis comparado de las solicitudes que demandan vivienda protegida en Etxebide en 2026: alquiler vs. compra, elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda. El documento ofrece una radiografía actualizada de las condiciones residenciales y económicas de las personas y familias inscritas en Etxebide que demandan una vivienda protegida, tanto en régimen de alquiler como de compra. Para ello, el Observatorio ha realizado dos encuestas mediante cuestionario electrónico durante los meses de mayo y junio de 2026, que han permitido reunir 8.224 respuestas completas: 5.807 correspondientes a demandantes de alquiler y 2.417 a solicitantes de compra.
Una de las principales conclusiones del estudio es el importante cambio que se ha producido en el perfil de la demanda de vivienda protegida. Si hace una década predominaban las personas que todavía vivían en el domicilio familiar y buscaban acceder a su primera vivienda, actualmente una parte muy significativa de quienes continúan inscritas en Etxebide ya se ha emancipado y reside en el mercado libre del alquiler. En concreto, el informe estima que el 72% de las unidades convivenciales inscritas que siguen necesitando una vivienda protegida vive actualmente en una vivienda completa de alquiler libre o comparte una vivienda alquilada. Este porcentaje representa aproximadamente 70.240 unidades de convivencia. Si se incorporan también quienes residen en viviendas cedidas por familiares o amistades, la proporción de hogares emancipados alcanza el 78,1%.
“La necesidad de vivienda protegida ya no se limita a quienes buscan emanciparse y acceder a su primera vivienda. Cada vez hay más personas y familias que ya han dado ese paso, pero que siguen necesitando una alternativa residencial asequible y estable”, ha destacado el consejero. El informe pone el foco en una de las realidades más preocupantes del mercado residencial: el aumento de las personas y familias que tienen que compartir vivienda para poder afrontar el coste del alquiler. Esta situación afecta ya al 28,5% del conjunto de los inscritos en Etxebide y alcanza al 33% entre quienes solicitan específicamente una vivienda protegida en régimen de alquiler. El estudio constata, además, que compartir vivienda no garantiza necesariamente unas condiciones económicas asequibles. Y es que las personas y familias inscritas que alquilan una habitación abonan de media alrededor de 450 euros mensuales: 452 euros entre quienes demandan alquiler protegido y 445,9 euros entre quienes solicitan compra.
La presión económica también se refleja en el esfuerzo que deben realizar estos hogares para pagar una vivienda completa. Entre las unidades convivenciales emancipadas que solicitan alquiler protegido, el esfuerzo medio estimado alcanza el 44,1% de sus ingresos, frente al 33,9% de quienes demandan una vivienda protegida en compra. En ambos casos se supera el umbral del 30%, pero la situación resulta especialmente desfavorable entre los hogares que buscan una alternativa de alquiler protegido.
A ello se suma la diferencia en los recursos económicos disponibles. Las unidades de convivencia emancipadas que demandan vivienda protegida en alquiler cuentan con unos ingresos netos conjuntos medios de 1.492,5 euros mensuales, frente a los 2.686 euros de quienes solicitan compra. Se trata de ingresos del conjunto de las personas titulares de cada solicitud, no de salarios individuales.
Las rentas que abonan actualmente también reflejan las dificultades de estos hogares. Quienes solicitan una vivienda protegida en alquiler pagan de media 741 euros mensuales por una vivienda completa, mientras que entre quienes demandan compra la cantidad asciende a 842,6 euros. En palabras de Itxaso, “los datos muestran una realidad especialmente exigente para quienes ya están emancipados: hogares que destinan una parte muy importante de sus ingresos al alquiler y que, en muchos casos, tienen que compartir vivienda incluso cuando cuentan con empleo e ingresos propios”.
Dos perfiles de demanda que requieren respuestas diferenciadas
Otra de las aportaciones relevantes del estudio es la identificación de perfiles distintos en función del régimen de acceso solicitado. Mientras que el 84,6% de quienes demandan vivienda protegida en alquiler ya está emancipado, este porcentaje se reduce al 50,7% entre quienes solicitan compra. La diferencia resulta especialmente significativa cuando se analiza la situación de quienes todavía viven con sus progenitores. Representan el 12,9% de las solicitudes de alquiler protegido, frente al 48,2% de las de compra.
El informe evidencia, por tanto, que las necesidades residenciales no son homogéneas. La demanda de alquiler protegido está formada mayoritariamente por personas y familias que ya han accedido al mercado libre y necesitan mejorar sus condiciones residenciales, mientras que la compra mantiene un peso mucho mayor de personas que todavía no han podido emanciparse.
También destaca la diversidad de las unidades de convivencia. Entre quienes solicitan alquiler protegido predominan las familias monoparentales, que representan el 27,7%, y las parejas con hijos e hijas, con un 25,8%. Las personas que viven solas suponen el 27,2%. En la demanda de compra, por su parte, las personas que viven solas alcanzan el 31,1%. Esta diversidad de situaciones refuerza la necesidad de contar con distintas modalidades de acceso y soluciones residenciales adaptadas a las características y posibilidades económicas de cada hogar.
Más vivienda protegida y movilización del parque existente
Entre sus conclusiones, el Observatorio Vasco de la Vivienda señala que la respuesta estructural a estas necesidades pasa por mantener la promoción de vivienda protegida y complementarla con otras herramientas dirigidas a ampliar la oferta de alquiler asequible. El documento menciona expresamente programas como Bizigune y Alokaplus, que permiten incorporar viviendas existentes al mercado del alquiler mediante garantías e incentivos dirigidos a las personas propietarias e inquilinas. En este sentido, el informe estima que las unidades de convivencia inscritas en Etxebide que ya residen en el mercado libre ocupan más de 50.000 viviendas de alquiler, una cifra que representa cerca de la mitad de las aproximadamente 110.000 viviendas que conforman el parque de alquiler libre de Euskadi.
El estudio subraya así la importancia de actuar tanto mediante la construcción de nuevas viviendas protegidas como a través de la movilización de viviendas ya existentes, con el objetivo de ampliar las alternativas residenciales a precios asequibles. “Necesitamos seguir aumentando el parque de vivienda protegida, pero también aprovechar todas las posibilidades que ofrece el parque residencial existente. La promoción y la movilización de vivienda no son estrategias excluyentes, sino complementarias”, ha explicado el consejero.
Por otro lado, en una entrevista realizada esta mañana en Faktoria de Euskadi Irratia, Itxaso ha abordado diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad de las políticas de vivienda en Euskadi. Entre ellas, ha analizado la evolución de los precios del alquiler a partir de los últimos datos de la Estadística del Mercado del Alquiler (EMAL) presentados la semana pasada y que reflejan una bajada de los precios en los tres territorios, así como las medidas fiscales impulsadas en materia de vivienda y la puesta en marcha de Alokaplus, el nuevo seguro público y gratuito destinado a ofrecer garantías a propietarios e inquilinos y movilizar hasta 25.000 viviendas vacías en zonas tensionadas.
En otro orden, la entrevista ha permitido también abordar la operación de adquisición de las 510 viviendas de Benta Berri, en Donostia, y otros desarrollos residenciales estratégicos para la capital guipuzcoana, como Auditz Akular y Antondegi. En el ámbito de la colaboración institucional, el consejero ha respondido a las cuestiones relativas a la disponibilidad de suelo municipal para construir vivienda protegida, la capacidad del Gobierno Vasco para desarrollar nuevas promociones y la implicación de los ayuntamientos en el incremento de la oferta residencial.
Asimismo, se han tratado los criterios para ampliar la protección social en materia de vivienda, con el objetivo de que una parte cada vez más amplia de la población pueda acceder a una solución residencial adecuada, así como la problemática de los desahucios.
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