En el marco de la Conferencia anual de la Asociación Europea de Instituciones de Pensiones del Sector Público, celebrada hoy en Donostia, el Viceconsejero de Finanzas y Presupuestos, Hernando Lacalle, ha puesto en valor el modelo de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) como modelo de liderazgo de Euskadi en cuanto a visión de futuro en esa labor de previsión, recordando que el Parlamento Vasco aprobó hace 40 años una norma pionera en todo el Estado y ligada a la tradición histórica de Euskadi, el “auzolan”.
En la apertura de esta jornada, Lacalle ha asegurado que las EPSV desempeñan un papel fundamental para afrontar situaciones económicas personales desfavorables como desempleo, incapacidad permanente, dependencia o enfermedad grave, configurándose como el segundo pilar de la previsión social complementaria.
Una visión de futuro que está dando sus frutos y que ha sido reconocida recientemente por el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, estructura de investigación creada por la Universidad de Barcelona.
En su exposición, Lacalle ha aportado las cifras que contextualizan la actual dimensión de las EPSV. En 2022 el patrimonio de las EPSV se situó en 26.887 millones de euros. Expresado en términos macroeconómicos, ese patrimonio equivale al 31% de nuestro Producto Interior Bruto. En cuanto a las personas socias, a 31 de diciembre de 2022, participaban un total de 847.887 personas, el 45% de la población mayor de 16 años. En cuanto al volumen de cobertura que se está otorgando, el importe de las prestaciones pagadas el pasado año se cifra en 667 millones de euros, con un incremento del 6,3% en relación al año anterior. El 74% del pago realizado en prestaciones correspondió a la contingencia de jubilación y el 18% lo percibieron las personas beneficiarias por la muerte de una persona incorporada en la Entidad de Previsión.
El Gobierno Vasco está en puertas, ha destacado también Lacalle, de la aprobación del nuevo proyecto de Decreto que desarrollará las EPSV preferentes con el objetivo de ampliar el ámbito de inversión, dando cabida a inversiones vinculadas a las transiciones digital, medioambiental y social. Un decreto que, ha puntualizado, reducirá “los gastos de administración en mejora de las pensiones de las personas socias e impulsa los sistemas preferentes donde las pensiones deben cobrarse en forma de renta”.
