El Consejo de Gobierno aprueba el V Plan Vasco de Inclusión 2022-2026 que pretende atajar las nuevas brechas de desigualdad (Consejo de Gobierno 27-12-2022)

27 de diciembre de 2022

Persigue incrementar la eficacia de las prestaciones, reducir la pobreza en el empleo y prevenir las desigualdades en salud

“Queremos transitar de un sistema centrado en lo que pueden ofrecer los servicios, a un sistema centrado en lo que debemos ofrecer a las personas”, señala Mendia 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el V Plan Vasco de Inclusión 2022-2026, un instrumento con el que se pretenden atajar las nuevas brechas de desigualdad, reducir la pobreza en el empleo e incrementar la eficacia de las prestaciones. 

A propuesta de la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, el Consejo ha ratificado en su sesión de hoy el V Plan Vasco de Inclusión, que sucede al que ha estado en vigor entre 2017 y 2021. Fue presentado el pasado mes de septiembre en la II Jornada de Inclusión celebrada en Donostia-San Sebastián ante todas las entidades públicas responsables de su ejecución, así como las entidades del Tercer Sector que trabajan en este ámbito y que han participado en su elaboración, los agentes sociales y los grupos parlamentarios.  

El V Plan de Inclusión 2022-2026 establece los retos y una serie de resultados que suponen un esfuerzo para priorizar de forma consensuada las principales transformaciones y avances que se tienen que producir en las políticas relacionadas con la inclusión, así como para definir de forma conjunta los cambios que se han de producir en la situación de la población vasca. 

Entre los resultados que se espera poder alcanzar con este plan, la Vicelehendakari ya destacó en su presentación el incremento de la eficacia del sistema de prestaciones; reducir las tasas de desempleo, especialmente las vinculadas al desempleo de larga duración; disminuir la pobreza en el empleo y el porcentaje de población con bajos salarios que accede al sistema de estímulos al empleo en el marco de la Renta de Garantía de Ingresos; reducir el gasto excesivo en vivienda, esto es, el porcentaje de población que debe destinar más del 40% de su renta a gastos de vivienda; y reducir la exclusión residencial grave, el número de personas en la calle, albergues y centros de corta estancia. 

Asimismo, se busca materializar el derecho subjetivo a la vivienda incrementando el número de personas que residen en viviendas de alquiler de promoción pública, así como el de las que acceden a la prestación económica de vivienda; reforzar la capacidad de actuación de los servicios sociales en el ámbito de la exclusión social; prevenir la pobreza energética reduciendo el porcentaje de población que la experimenta; y prevenir las desigualdades en salud en cuanto a mortalidad, salud percibida, prevalencia de enfermedades crónicas y estado de salud mental entre territorios con diferentes niveles de renta y entre personas de diferentes estratos socioeconómicos. 

Datos de partida 

Para la definición del Plan se ha realizado previamente un diagnóstico de necesidades que ha revelado que desde la elaboración del documento anterior en 2017 han crecido en Euskadi las situaciones de exclusión social severa, que afectan al 9% de la población vasca, así como las de pobreza severa, que afectan al 6,1% de la población, el doble que, en 2008, pese al incremento del PIB. Además, se han incrementado las tasas de desigualdad debido a que los ingresos del 20% más pobre crecen en mucha menor medida que los ingresos del 80% restante. 

Asimismo, y pese al impacto del COVID, se mantienen las tasas de actividad y de ocupación y se reducen las de desempleo, se reduce la demanda de vivienda, pero se incrementan los precios de acceso a la vivienda en compra y alquiler, y disminuye también el número de desahucios, pero crecen aparentemente las situaciones de sin hogarismo. El diagnóstico apunta, además, que persisten las desigualdades socioeconómicas con relación a la salud, la mortalidad y a los resultados educativos, que la discapacidad, el género, la edad y el origen siguen siendo factores de riesgo en relación a la pobreza y la exclusión, y que desde 2015 ha crecido el número de personas inmigrantes, si bien la pandemia ha ralentizado los flujos migratorios. 

Para la puesta en marcha del Plan se establecerá un marco estratégico con prioridades comunes, objetivos y recomendaciones que orienten las políticas de todos los agentes implicados en las políticas para la inclusión, y dos planes operativos, uno para el periodo 2023-24 y otro 2024-25 con actuaciones y proyectos tractores específicos promovidos por las administraciones públicas y por el Tercer Sector. Asimismo, el Departamento de Trabajo y Empleo articulará una línea específica de financiación para promover la puesta en marcha de proyectos. 

Tal y como apuntó la Vicelehendakari durante su presentación en septiembre, con este Plan de Inclusión “queremos transitar de un sistema centrado en lo que pueden ofrecer los servicios, a un sistema centrado en lo que debemos ofrecer a las personas”, y este va a ser el marco estratégico de los próximos cinco años. Asimismo, ha recordado que uno de los principios esenciales del programa del Gobierno vasco es que “ningún miembro de nuestra sociedad quede descolgado, no sólo de un mínimo de bienestar, sino de las oportunidades de reenganche social y laboral”, y no se abra “ninguna nueva brecha de desigualdad”.