Declaración del Departamento de Trabajo y Empleo con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente

7 de octubre de 2022

Desde hace quince años, por iniciativa de la Confederación Sindical internacional, el 7 de octubre es la Jornada Mundial del Trabajo Decente. La Organización Internacional del Trabajo lo define como el que ofrece iguales condiciones a mujeres y hombres para desempeñar un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, en las que los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. Principios recogidos por Naciones Unidas, que, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su punto 8, insta a todos los países a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.

Este compromiso, asumido por el programa del Gobierno Vasco en esta legislatura, lo estamos desarrollando en lo que compete a las políticas públicas de la mano de la Mesa de Dialogo Social. Y se concreta en la Estrategia Vasca de Empleo 2030, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2026, el Plan de Gestión de la Inspección de Trabajo, y el impulso de las medidas contra la brecha salarial, que se ha reducido en cuatro puntos en estos dos años.

Estas medidas complementan las adoptadas, en el ámbito de sus competencias, por el Gobierno de España, con la subida del SMI, la reforma laboral acordada con los agentes sociales que ha impulsado la contratación indefinida a máximos históricos, la protección del empleo con los ERTES, y el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, entre otras.

En esta nueva Jornada Mundial, en un contexto de incertidumbres y amenazas, el Departamento de Trabajo y Empleo ratifica su compromiso: 

• con las políticas públicas que favorezcan el trabajo decente y con la extensión del derecho de toda persona, parada u ocupada, a encontrar y mejorar sus oportunidades de acceso a un empleo de calidad, seguro, igualitario, que se reflejará en la primera Ley vasca de empleo.
• con la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo, edad, origen o capacidad funcional.
• con la garantía del derecho a la salud de las personas trabajadoras que atiendan las nuevas formas de empleo y la realidad demográfica.
• con el establecimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de una negociación colectiva que mejore las condiciones laborales de todas las personas trabajadoras.
• con la participación activa de los agentes sociales en la definición de estas políticas a través de los órganos establecidos en la Mesa de Diálogo Social.