Una investigación receptora del IX premio de investigación del Colegio de Trabajo Social de Cataluña (2018) explora la dimensión política de los servicios sociales e interpela a quienes han asumido la responsabilidad de gestionar las áreas de servicios sociales a nivel municipal y comarcal.
El objetivo del estudio se centraba en conocer la situación de los servicios sociales, sus limitaciones y oportunidades de transformación en los municipios no metropolitanos de la provincia de Girona de acuerdo a la opinión y aportaciones de responsables políticos de los servicios sociales en los municipios y consejos comarcales de estos (221 municipios y 7 comarcas en una provincia de 755.716 habitantes con una distribución del 51% en los municipios más grandes y el resto entre más de 200 municipios).
La investigación se articula en cuatro grandes apartados:
- Una aproximación teórica al ámbito de los servicios sociales, en particular al rol jugado por los ayuntamientos y entidades locales en la provisión de los servicios sociales, con atención a aspectos como: la proximidad y su creciente importancia a la hora de rendir cuentas y dar repuesta a las necesidades de la ciudadanía y garantizar una cierta calidad de vida; las competencias de los entes locales; el protagonismo histórico de los servicios sociales en los universos locales; o la crisis financiera de 2008 y su impacto en los servicios sociales.
Entre algunas de las características del contexto identificadas en el estudio sobresalen:
- La transformación de un modelo de administración local a un modelo de gobernanza local dado que, en el transcurso de las décadas de gobierno en democracia, los ayuntamientos amplían su capacidad de incidencia política en paralelo a la creciente demanda ciudadana de más y mejores servicios sociales. En este nuevo contexto, los entes locales se reivindican como esfera propia de gobierno con la adopción de planteamientos estratégicos y anticipativos y con un estilo de intervención pluralista y relacional orientado a la dimensión local, y también a sus redes y relaciones. En definitiva, los gobiernos locales emergen como actores políticos de pleno derecho en un escenario de gobernanza multinivel.
- La ausencia de mecanismos jurídicos, políticos y económicos para hacer frente a problemáticas que afectan al ámbito local: inmigración, menores no acompañados, refugiados, crisis de vivienda y procesos de segregación urbana y gentrificación, generalización de la precariedad, aumento de las desigualdades sociales, entre otros fenómenos.
- La emergencia de relaciones de poder no estrictamente verticales junto a nuevas dinámicas de gobierno que suponen actuaciones en red, de carácter horizontal y con participación de nuevos actores que toman parte en la coproducción de las políticas públicas, también en materia social, ocasionando una diversificación de las agendas políticas.
- La entrada en vigor de la Ley 12/2007 de Servicios Sociales en Cataluña, coincidiendo con la aprobación de diversas leyes llamadas de segunda generación, genera frustración ante la imposibilidad de lograr dar respuesta a las expectativas de satisfacción de necesidades sociales desde el ámbito local. Las políticas presupuestarias de austeridad dificultaron que los servicios sociales paliasen las consecuencias de la crisis financiera de 2008, en particular en lo referido a la gestión de ayudas de emergencia social.
- Aumento de presión asistencial, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (2006) y derivada de la atención a las personas afectadas por la crisis económica. Los servicios sociales son puerta de entrada de situaciones desesperadas que provocan un aumento de demanda de repuestas asistenciales reactivas, asistencialistas y paliativas, y que disminuyen la capacidad de acción integral, comunitaria y preventiva de dichos servicios.
- Carencia de un desarrollo normativo que plantee la aplicación operativa y detalle la ordenación de los servicios sociales básicos, que provoca interpretaciones diversas de los derechos subjetivos que se derivan de la Ley de Servicios Sociales por parte de los gobiernos locales gestores de servicios sociales.
- Metodología, como sección en la que se explican las características del estudio realizado en base al análisis cualitativo de la información obtenida fundamentalmente a través de entrevistas en profundidad y grupos de discusión.
- Análisis de resultados, estructurado en relación con a) el perfil de las/los responsables de servicios sociales; b) las acciones desarrolladas en el marco competencial de las administraciones locales; c) y la gobernanza de las políticas locales de servicios sociales.
- Conclusiones, entre las que además de la identificación de nuevas líneas de investigación, destacan:
- La mejora de la percepción de las áreas de servicios sociales en los últimos años, que empiezan a ser consideradas de primer nivel y a recibir más recursos y profesionales. Pasan a ser dirigidas por personas con mayor peso político dentro de los equipos de gobierno que, en algunos casos, adoptan un giro social en sus administraciones.
- La importancia de la denominación elegida para el área, dado que el lenguaje crea realidad social. El análisis de la comarca de Girona evidencia la escasa relevancia concedida al nombre del área, aunque no existe una fórmula común en las denominaciones. Se detecta, por tanto, una falta de delimitación nítida del objeto de dichos servicios lo que provoca dificultades de relación con otros sistemas de bienestar. La eliminación de la diversidad de denominaciones podría afectar a la pluralidad de orientaciones ideológicas, aunque compartir una cierta nomenclatura contribuiría a una más clara definición de los servicios sociales.
- La colonización del ámbito local por problemáticas relacionadas con la vivienda, en un nivel en el que los servicios sociales municipales o comarcales no disponen de competencias, responsabilidades directas y recursos necesarios para dar respuesta a estas necesidades. Se produce, asimismo, una confusión con los servicios básicos recogidos en la cartera (servicios de acogida residencial de urgencias o de residencia temporal para personas en situación de exclusión social), que se dirigen a otro colectivo diana: personas sin vivienda y con problemática social añadida.
- La distribución competencial entre diferentes niveles, lo que implica una gobernanza multinivel en el desarrollo del sistema de servicios sociales, con recursos no adaptados a las particularidades demográficas, territoriales y socioeconómicas de los diversos municipios y/ o comarcas. Además, se detectan disfunciones en la financiación de los servicios sociales en el marco de esta gobernanza multinivel con transferencias de crédito de unas administraciones a otras y sus dificultades de coordinación (costes de gestión administrativa, etc.).
- Adulteración de los principios de proximidad y subsidiariedad (la administración más cercana es la más adecuada para adoptar políticas eficientes en respuesta a las particularidades del territorio y de la población) ya que, en algunos casos, se sobreestiman los efectos beneficiosos del municipalismo ante la dificultad de abordar problemas globales (fenómenos de exclusión y vulnerabilidad derivados de la globalización) que necesitan del desarrollo de políticas desde niveles administrativos superiores.
- Los servicios sociales como última trinchera, cuando son los entes locales los que han de dar respuesta a actuaciones de administraciones superiores que no asumen sus responsabilidades. El resultado: una administración local que proporciona servicios sociales con respuestas paliativas como último recurso.
- El intrusismo de los políticos locales en las intervenciones técnicas, que pueden provocar interferencias y distorsiones en la intervención social.
- El riesgo de la inequidad en las respuestas sociales (e intensidad de estas) entre diferentes municipios.
- La fragmentación de los servicios sociales en el mapa local, que no facilita el aprovechamiento de las potencialidades derivadas del trabajo en común y de colaboración desde espacios compartidos.
- La carencia de enfoques estratégicos en las áreas de servicios sociales locales y la ausencia de prioridades en los períodos de mandato político. Existe un claro predominio de la “gestión del día a día”, y un claro déficit de planteamientos estratégicos y de planificación preventiva. Además, se constata la inexistencia de estructuras estables de planificación, ya sean políticas o técnicas (competencia del gobierno de la Generalitat en un lugar secundario).
- La compleja relación entre los mandos técnicos y políticos, destacando la falta de preparación de los primeros para ejercer funciones directivas y los frecuentes déficits de conocimiento de los segundos.
- La escasa presencia de los servicios sociales en el debate político local.
- El predominio de una actitud colaborativa y la ausencia de postura reivindicativa y de presión política de las entidades del Tercer Sector ante las carencias del sistema, lo que se traduce en un desaprovechamiento de la posibilidad de aumentar la significación de los servicios sociales en el entramado político institucional.
- La ausencia de promoción por parte de los responsables políticos de canales de participación y deliberación con las personas usuarias de los servicios sociales.
Si desea ampliar esta información, consulte el estudio "¿Quién gobierna a los servicios sociales en el ámbito local?" (Qui governa els serveis socials en el món local, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya: 2020).
