Planeas una escapada y te topas con una oferta irresistible en una web de alojamientos o en la propia página del hotel. El precio de la habitación resulta inmejorable, pero la tarifa consta como “no reembolsable”. Tus conocimientos sobre consumo te hacen cuestionarte todo. Cuando compras por internet, ¿no tienes 14 días para dejar sin efecto el contrato? ¿Una cláusula de este tipo no sería abusiva? ¿Pueden cobrarte por un servicio que no has recibido si finalmente lo cancelas o intentas modificarlo para que lo disfrute otra persona?

Cuando reservas una habitación en internet a través de la página del hotel o de un portal intermediario, estás celebrando un contrato a distancia. En este tipo de negocios jurídicos, la norma general señala que dispones de 14 días para ejercer el derecho de desistimiento, es decir, para dejar sin efecto el contrato sin ningún tipo de penalización y sin justificar tu decisión. Sin embargo, la legislación actual señala una serie de excepciones a este derecho, entre los que se encuentran, precisamente, los “servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda (…), si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos”. Por tanto, no tienes un derecho amparado por la ley para desistir en un plazo de 14 días.

Aun así, sabes que, en ocasiones, los contratos incluyen cláusulas generales que, una vez analizadas, pueden considerarse abusivas. ¿Si no recibes un servicio pueden cobrarte por ello? ¿Una decisión así no te genera un desequilibrio a ti, como persona consumidora, frente a la empresa?

Lo cierto es que en estos casos es lícito imponer una condición de este tipo, como ha argumentado el catedrático Pascual Martínez Espín en una consulta planteada ante el Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Si tú conoces que la tarifa es “no reembolsable”, porque lo han expuesto de forma clara, concreta, sencilla, legible y accesible, y lo aceptas, sabes a lo que te expones. Si cancelas la reserva, pierdes el dinero; si intentas modificarla para ponerla a nombre de otra persona, también. Y no puede considerarse que una cláusula así genere un desequilibrio importante entre tus derechos y tus obligaciones y los del alojamiento. Ni tampoco que esta práctica pueda subsumirse en alguna de las conductas que la legislación actual entiende como abusivas. Como señala Martínez Espín, este tipo de tarifa es más barata, aunque entraña unos riesgos para la persona consumidora. A cambio, el establecimiento hotelero puede programar sus reservas “a corto o medio plazo” y “garantizar una clientela, al coste de reducir los márgenes de beneficio”. No existe, por tanto, desequilibrio alguno.