Saber de antemano cuánta energía consume un inmueble puede suponer un importante ahorro para el bolsillo. El certificado de eficiencia energética ofrece esta información de una manera gráfica, mediante una calificación que oscila entre la letra A -alta eficiencia-, y la letra G -ineficiencia-. De ahí la importancia de fijarse convenientemente en este distintivo antes de adquirir o de alquilar un inmueble: cuanto mayor sea la eficiencia menor será la cuantía de las facturas de gas y luz.

Las personas tienen derecho a exigir al vendedor/a o al arrendador/a que les muestre la etiqueta energética. Así dispondrán de datos objetivos para decantarse por una u otra oferta. Por eso, la letra asignada a la vivienda o local debe constar incluso en la publicidad. Si no aparece, las personas infractoras pueden enfrentarse a una sanción de entre 300 y 600 euros.

Pero, ¿qué se esconde detrás de esa letra? El estudio del inmueble mide dos parámetros, representados con dos letras. Por un lado, la cantidad de energía consumida en kilowatios hora por metro cuadrado útil al año (Kwh/m2 año), es decir, cuánta energía hay que gastar en agua caliente, calefacción y refrigeración para mantener la vivienda en condiciones óptimas de confort. Por otro, las emisiones de dióxido de carbono en kilogramos por metro cuadrado útil año (Kg CO2/m2 año), es decir, cómo repercute en el medio ambiente.

Esos kilowatios de energía, sin embargo, pueden traducirse en euros. Y el baile de letras también trastoca los números. Así, por ejemplo, si una vivienda de 90 metros cuadrados del año 1975, perteneciente a un bloque sito en Vitoria-Gasteiz, obtiene un calificación E/E (E en energía consumida y E en emisiones de CO2), supondrá un desembolso anual estimado de 1.436 euros al año. Si se acometieran las reformas necesarias para lograr una A en consumo energético, las facturas rondarían los 243 euros anuales, una reducción de más del 80%.

La obligación de contar con este certificado se extiende a todos los edificios de nueva construcción, a los edificios o sus partes –viviendas, locales…- que se vendan o alquilen, y aquellos de más de 250 metros cuadrados ocupados por una autoridad pública. Este deber recae sobre las personas promotoras o propietarias, que han de contratar a un/a técnico para que analice el inmueble y expida el certificado, y que deben asegurar su posterior inscripción en el registro habilitado por el Gobierno Vasco y la expedición de la correspondiente etiqueta. El certificado tiene una validez de diez años.