La consulta planteada por un Ayuntamiento se refiere a la comunicación a un concejal de los datos incluidos en un expediente tramitado para la concesión de una ayuda de emergencia social, teniendo en cuenta que dicho expediente puede contener información comprendida en las categorías especiales de datos o información vinculada a la situación de vulnerabilidad del solicitante: datos relativos a la salud, situación económica, relaciones familiares, etc. Se trata de resolver la tensión existente entre dos derechos fundamentales, el derecho a la participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución y el derecho a la protección de datos personales reconocido en el artículo 18.4 de la Carta Magna. En el dictamen, se concluye que, a la vista de la Jurisprudencia existente, cabe entender que el derecho a la participación política constituye un interés público esencial, que legitima el tratamiento al que se refiere la consulta, aun cuando existan categorías especiales de datos. No obstante, en aplicación del principio de minimización, únicamente habrá que tratar aquellos datos que resulten necesarios para la finalidad perseguida, debiendo optarse por aquellas vías menos invasivas para la privacidad si ello fuera posible, como información disociada o informes de trabajadores sociales.