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Boletin Oficial del País Vasco

N.º 99, viernes 21 de mayo de 2021


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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2922

ORDEN de 5 de mayo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula el Programa de Ayudas para la Adquisición de Infraestructuras Científico-tecnológicas, Azpitek 2021.

El nuevo Plan de Ciencia y Tecnología de Euskadi 2030 (PCTI 2030), a su vez alineado con el nuevo programa marco Horizonte Europa, tiene por objetivo posicionar Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en innovación, contribuyendo a la resolución de los principales retos sociales: la salud, el empleo, la digitalización, el cambio climático y la igualdad de género, de conformidad todos ellos con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. Por ello, el nuevo plan tiene una relación directa con otras políticas de Gobierno como son: Desarrollo económico, Educación, Salud, Medio Ambiente, Vivienda, Agricultura y Cultura.

Euskadi asume el compromiso de alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y lo incorpora a la Agenda Euskadi Basque Country 2030. El ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, establece que la inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales de crecimiento y desarrollo económico.

Tomando como punto de partida el nuevo Programa Marco Horizonte Europa, el PCTI 2030 plantea tres pilares estratégicos y un elemento central: el talento.

– Pilar I. Excelencia científica: tiene por objeto mejorar la base científica y la generación de conocimiento fruto de la actividad de investigación de excelencia, así como incrementar las capacidades y competencias técnicas y científicas.

– Pilar II. Liderazgo tecnológico industrial: persigue consolidar el liderazgo tecnológico industrial de Euskadi y respaldar la investigación que contribuye a afrontar los desafíos de la sociedad vasca, mejorando los resultados e impacto de las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico.

– Pilar III. Innovación abierta: se centra en promover la innovación en cooperación, tanto la de carácter tecnológico como no tecnológico, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

– Talento: son las personas las que investigan e innovan y por tanto necesitamos de su talento para que los elementos anteriores puedan desarrollarse plenamente y ejercer su función de pilares estratégicos, contribuyendo a la consecución de los objetivos establecidos para este Plan y que se describen en el apartado siguiente.

Así pues, el PCTI 2030 contempla como uno de sus tres pilares el denominado «Excelencia Científica» que tiene por objeto mejorar la base científica y la generación de conocimiento fruto de la actividad de investigación de excelencia, así como incrementar las capacidades y competencias técnicas y científicas.

Euskadi tiene los retos de impulsar su competitividad económica y su prosperidad en un escenario competitivo global, de lograr la doble transición hacia una industria y una sociedad verdes y digitales y de aumentar la resiliencia y, en lo posible, la soberanía tecnológica en los principales ecosistemas y cadenas de valor. La capacidad para cumplir esas ambiciones depende en gran medida de la I+D+i. La capacidad de la industria para incorporar las tecnologías en nuevos productos, procesos y servicios es fundamental para impulsar su productividad y competitividad. En este contexto, las empresas deben reforzar su colaboración con los agentes de I+D+i y se debe garantizar un fácil acceso a las infraestructuras científico-tecnológicas (IC-T) de vanguardia.

Para seguir respondiendo a los retos socioeconómicos de Euskadi desde la ciencia y la tecnología, es necesario contar con infraestructuras científico-tecnológicas excelentes para abordar las 3 transiciones con impacto en Euskadi: la transición tecnológico-digital, la transición energético-climática y la social y sanitaria.

Las infraestructuras científico-tecnológicas (incluidos los demostradores, los bancos de pruebas, las instalaciones de experimentación, los living-labs, etc.) son la columna vertebral de los ecosistemas de I+D+i y de las cadenas de valor que se apoyan en la innovación. Como tales, las IC-T apoyan el desarrollo y la creación conjunta de tecnología, desde la prueba de concepto y la validación en laboratorios hasta la demostración de prototipos en el entorno industrial, con el objetivo de asegurar la adopción de tecnología, con el impacto socioeconómico consecuente en Euskadi.

Estos entornos físicos y/o simulados son esenciales para las empresas de todos los tamaños. Las IC-T les permiten colaborar con los agentes de I+D+i para desarrollar tecnología y soluciones de alto valor añadido, ofreciendo apoyo en todas las fases, desde el diseño hasta la prueba final de productos, servicios o procesos enteros en condiciones controladas, seguras y cercanas a la realidad, incluyendo la validación ante clientes e inversores. La industria depende de la disponibilidad de infraestructuras tecnológicas para el desarrollo, la validación, la creación de prototipos y el escalado de tecnologías antes de que puedan ofrecer al mercado nuevas soluciones tecnológicas. Sin embargo, las IC-T requieren muchos recursos y competencias para su construcción, gestión, funcionamiento y mantenimiento. Suelen ser muy costosas y requieren de personal técnico altamente cualificado para su operación. Por lo tanto, la mayoría de las empresas no pueden permitirse tener su propia IC-T.

El programa de adquisición o actualización de infraestructuras científico-tecnológicas tiene como objetivo principal reforzar las infraestructuras científico tecnológicas del País Vasco e impulsar la actividad de I+D+i y la validación y demostración de sus resultados al apoyar adquisición, instalación y actualización de equipamiento científico–técnico necesario para la ejecución de la investigación de calidad, la mejora de los resultados y del impacto científico, económico y social de los mismos, así como para el propio funcionamiento de las infraestructuras de investigación existentes.

El Gobierno Vasco lanza un programa que se enfoca exclusivamente en reforzar las infraestructuras científico-tecnológicas de Euskadi con el objetivo de apoyar avances en los siguientes ámbitos:

a) Transición Tecnológico-Digital – La industria es el motor del desarrollo económico y social de Euskadi. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos en el pasado y que hoy está mejor preparada para afrontar los retos de la transición tecnológico-digital, para la que existen nuevos desafíos. La tecnología y la digitalización se convierten así en instrumentos clave para desarrollar nuevos productos y soluciones que aporten mayor valor añadido y mejoren la posición competitiva de la industria vasca.

En el documento «PCTI Euskadi 2030 – Líneas estratégicas y económicas básicas», se identifica un mapa de tecnologías base que integra tecnologías digitales o virtuales y tecnologías físicas, biológicas, químicas o de materiales: inteligencia artificial y big data/ciencia de datos, internet de las cosas y tecnologías 5G, ciberseguridad, sistemas ciberfísicos, tecnologías de materiales y procesos, almacenamiento de energía, electrónica de potencia, biotecnologías y genética, nanotecnologías, y tecnologías cuánticas y neutrónica.

La inversión en infraestructuras científico-tecnológicas hará posible la investigación, el desarrollo y la validación de dichas tecnologías, así como su adopción por la industria vasca.

b) Transición Energético-Climática – La Estrategia Energética de Euskadi 2030 establece 9 áreas prioritarias de investigación, desarrollo tecnológico e industrial en el campo energético con el objetivo de impulsar la competitividad de la red de empresas y agentes científico-tecnológicos vascos del sector energético. Las áreas básicas de actuación contemplan la energía eólica, undimotriz, solar fotovoltaica, hidrógeno, oil&gas, eficiencia energética, movilidad eléctrica, almacenamiento de energía, redes eléctricas y electrónica de potencia.

Por su parte, la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 pretende que el medio ambiente se convierta en un factor clave de sostenibilidad, competitividad y creación de empleo y el crecimiento económico se desacople del consumo de recursos naturales, de la generación de residuos y de la emisión de gases de efecto invernadero. La estrategia se articula en 4 ámbitos de actuación y 10 líneas de actuación entre las cuales destacan la creación de nuevos modelos de negocio circulares, la innovación y nuevas tecnologías en economía circular, el desarrollo de nuevos materiales sostenibles, el eco-diseño de productos y edificios y la fabricación eficiente.

La sostenibilidad y estabilidad perseguida en estas estrategias incide directamente en la transición energético-climática incorporado el nuevo PCTI Euskadi 2030. La inversión en infraestructuras científicas que generen la posibilidad de investigar y desarrollar nuevas tecnologías, así como su posterior transferencia a la industria, permitirá la optimización de la eficiencia, resiliencia y sostenibilidad en todo el ciclo de vida energético y de fabricación, incluidas las cadenas de suministros de energía y materiales con su efecto significativo en el tejido industrial y la sociedad en general.

Por todo lo anterior, se considera necesario regular un nuevo programa de ayudas para apoyar la adquisición, instalación y renovación o actualización del equipamiento científico-técnico necesario para el desarrollo de la I+D +i y la validación y demostración de sus resultados, a realizar por parte de los centros tecnológicos multifocalizados y los centros de investigación cooperativa (CIC), de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Y, en virtud de ello,

RESUELVO:

Artículo único.– Aprobar, en los términos que se recogen en el Anexo I, las bases reguladoras del Programa Azpitek, y convocar, para el ejercicio 2021, las ayudas destinadas a la adquisición, instalación y renovación o actualización del equipamiento científico-técnico necesario para el desarrollo de la I+D +i y la validación y demostración de sus resultados.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En todo lo no previsto por las bases en materia de procedimiento será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2021.

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ANEXO I
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA AZPITEK DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular un programa de ayudas a conceder en el ejercicio 2021, para el apoyo a la adquisición, instalación y actualización de infraestructuras científico-tecnológicas y equipamiento científico-técnico para el desarrollo de la I+D+i y la validación y demostración de sus resultados, a realizar por parte de los centros tecnológicos multifocalizados y a los centros de investigación cooperativa (CIC), de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todo ello orientado a la mejora de la calidad de los resultados y del impacto científico-tecnológico, económico y social de los mismos

La presente normativa de ayudas, en lo que se refiere a la actividad económica de las infraestructuras científico-tecnológicas, se acoge al artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (en adelante, también Reglamento general de exención por categorías) en lo relativo a las ayudas a la inversión para infraestructuras de investigación.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Los recursos económicos destinados a la finalidad de este programa, que ascienden a 5.313.631 euros procederán de los créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2021. El volumen total de las ayudas a conceder dentro del ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Podrán acceder a las ayudas reguladas en la presente Orden los agentes científico-tecnológicos integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y acreditados a tal efecto en las categorías de centros tecnológicos multifocalizados y centros de investigación cooperativa (CIC), de conformidad con lo establecido en el Decreto 109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y sus disposiciones transitorias, o la normativa que lo sustituya.

2.– En todo caso, las entidades beneficiarias señaladas en el párrafo anterior deberán realizar ellas mismas las actividades subvencionables establecidas en esta norma y localizar los proyectos objeto de ayuda en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de que pueda subcontratarse alguna parte de la actividad del proyecto, dentro o fuera de la misma.

3.– Las entidades beneficiarias tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como, en su caso, de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.

4.– Será, asimismo, requisito indispensable que las entidades beneficiarias tengan personalidad jurídica propia y suficiente capacidad de obrar y que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otro ente público.

5.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– No podrán ser beneficiarias las empresas y entidades en crisis, de acuerdo con la definición de la Comunicación de la Comisión Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

7.– No podrán ser beneficiarias las entidades sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

8.– Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta orden las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9.– La condición para ser entidad beneficiaria deberá cumplirse también en el momento de la liquidación.

Artículo 4.– Actividades subvencionables.

1.– Serán subvencionables las actuaciones de adquisición, instalación y actualización de infraestructuras científico-tecnológicas y equipamiento científico-técnico (en adelante infraestructuras y equipamiento CT) , incluida la obra civil de edificación, remodelación o mejora de edificios y el mobiliario utilizado en actividades de investigación, desarrollo e innovación incluyendo la validación y demostración de sus resultados.

Se entiende infraestructuras y equipamiento CT a los efectos de esta convocatoria el conjunto de medios físicos (equipos) e instalaciones (recinto provisto de los medios físicos necesarios) que se requieren para el desarrollo de actividades de I+D+i y la validación y demostración de sus resultados. Dicho equipamiento puede consistir en un único equipo, o bien una instalación, o un conjunto de equipos para la dotación de un espacio único o finalidad concreta, pudiendo incluir, asimismo, las modificaciones, adiciones, accesorios o aparatos auxiliares que se requieran para que el equipamiento pueda cumplir el propósito para el que se adquiere.

2.– Cuando una infraestructura de investigación desarrolle actividades económicas y no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de cada tipo de actividad se consignarán por separado, sobre la base de principios de contabilidad de costes aplicados con coherencia y justificables objetivamente.

3.– Cuando una infraestructura de investigación desarrolle actividades económicas:

a) El precio que se cobre por el funcionamiento o la utilización de las infraestructuras deberá corresponder al precio de mercado.

b) El acceso a las infraestructuras estará abierto a varias entidades usuarias y se concederá de forma transparente y no discriminatoria. Las empresas que hayan financiado al menos un 10 % de los costes de inversión de la infraestructura podrán beneficiarse de acceso preferente en condiciones más favorables. Con el fin de evitar una compensación excesiva, dicho acceso será proporcional a la contribución de la empresa a los costes de inversión y las condiciones se harán públicas.

c) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento general de exención por categorías, para garantizar el efecto incentivador de las ayudas las actuaciones subvencionables deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud al programa de ayudas.

Artículo 5.– Gastos subvencionables.

1.– Se considerarán gastos financiables los costes de ejecución, en activos fijos materiales e inmateriales, realizados hasta el 31 de diciembre de 2021, y derivados directamente de la adquisición de infraestructuras y equipamiento CT definida en el artículo 4, así como la adquisición de accesorios o aparatos auxiliares necesarios para la actualización y otros costes que se requieran de forma indubitada para la puesta en marcha y el funcionamiento del equipamiento. Asimismo, podrán ser gastos financiables las licencias permanentes de software de carácter especializado y destinado exclusivamente a la investigación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido.

Se entiende por actuaciones de actualización únicamente aquellas que supongan aumentar sustancialmente las prestaciones del equipo o retrasar su obsolescencia.

2.– El coste total de inversión de cada proyecto de infraestructuras y equipamiento CT deberá ser mayor o igual a 100.000 euros y menor o igual a 1.000.000 euros. No se admitirá el fraccionamiento en varios proyectos de equipos con presupuesto superior a 1.000.000 euros. Tampoco se admitirán, en un mismo proyecto, varios elementos no relacionados entre sí con un coste unitario inferior a 100.000 euros. En ningún caso el coste de adquisición podrá ser superior al valor de mercado.

Los proyectos con singularidad extrema (aquellos que hayan obtenido una puntuación superior a 90 puntos en la evaluación técnica) podrán superar el límite de 1.000.000 de euros de presupuesto.

El importe global del presupuesto presentado de cada centro no podrá superar el 10 % de sus ingresos de explotación de I+D.

3.– En cumplimiento de lo establecido en el apartado tercero artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la entidad solicitante deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes entidades proveedoras, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado y pagado con anterioridad a la resolución de concesión de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Asimismo, en el caso de que, por la excepcionalidad del servicio o bien, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten o suministren, se deberá aportar una memoria justificativa de la imposibilidad de presentar tres ofertas.

4.– Además, según dispone el apartado cuarto del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en la adquisición, instalación y actualización de infraestructuras y equipamiento inventariable, la entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un período de tiempo no inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

Si se trata de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

El incumplimiento de dicha obligación de destino, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, con las salvedades que al efecto regula dicho apartado cuarto del artículo 31 de la ley general subvencional.

Artículo 6.– Naturaleza de las ayudas y procedimiento de concesión.

1.– Las ayudas a conceder tendrán la naturaleza de subvenciones no reintegrables, y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

2.– La selección de los proyectos se realizará en concurrencia competitiva, en base a la documentación aportada, y conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 13 de esta orden. Los proyectos serán aprobados cuando superen la puntuación mínima establecida en el citado artículo 13 párrafo 2.

3.– La asignación de las subvenciones a los proyectos aprobados se realizará conforme a las cuantías que se determinan en el artículo 7 de esta orden.

Artículo 7.– Cuantía de las ayudas.

1.– La subvención a conceder a cada proyecto aprobado será la resultante de aplicar la intensidad máxima de ayuda prevista en el apartado 2 de este artículo sobre el presupuesto de gastos subvencionables aceptado para cada uno de los proyectos aprobados.

2.– Los límites de las ayudas a conceder a cada entidad beneficiaria podrán alcanzar los siguientes porcentajes:

– 50 % en el caso de que la utilización de la infraestructura esté relacionada con la actividad económica de la entidad.

– 100 % en el caso de que la utilización de la infraestructura esté relacionada con la actividad no económica de la entidad.

3.– Si la dotación económica global destinada a la financiación de la convocatoria no alcanzase para atender todas las solicitudes, se procederá al prorrateo entre las entidades beneficiarias del importe global máximo destinado a las subvenciones.

Artículo 8.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Las actuaciones de los agentes científico- tecnológicos que se acojan a las ayudas establecidas en esta orden podrán recibir otras ayudas, cualquiera que sea su naturaleza y el órgano o Administración que las conceda. Una vez conocido el total de las ayudas a recibir por cada entidad beneficiaria, para la determinación de las ayudas que el mismo pueda percibir en virtud de lo establecido en esta orden, se tendrán en cuenta las normas que al respecto se encuentren vigentes en la Unión Europea, y, en particular, a lo establecido en el artículo 8 y 26 del Reglamento general de exención por categorías.

2.– Cuando los agentes científico-tecnológicos declaren al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ayudas recibidas de otras Administraciones o entes para la misma actividad, las ayudas no podrán superar los límites señalados en el artículo anterior, de forma que las ayudas concedidas en base a esta orden se verán minoradas en la cuantía que corresponda para respetar el citado límite.

Artículo 9.– Control de las ayudas.

1.– En relación a la publicación e información de las ayudas sujetas al Reglamento general de exención por categorías, ha de señalarse que las autoridades responsables de la gestión de este programa de ayudas se comprometen a respetar y cumplir escrupulosamente las obligaciones definidas en el artículo 9 del citado reglamento.

2.– Asimismo, según lo establecido en el apartado b) del artículo 11 del Reglamento general de exención por categorías, las autoridades responsables elaborarán un informe de carácter anual donde se detalle la aplicación y desarrollo del presente régimen de ayudas.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes.

1.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones, subsanaciones y demás gestiones implicadas en esta orden se efectuará por medios electrónicos, de conformidad con el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y especialmente, y a efectos de subsanaciones, con el artículo 28.3 de dicho decreto; así como con la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración-Platea (BOPV n.º 44, de 3 de marzo de 2006).

2.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará través de la sede electrónica que se señala a continuación:

https://www.euskadi.eus/servicios/1110701/ (castellano)

https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1110701/ (euskera)

Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos estarán disponibles en la citada sede electrónica.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y consulta del expediente, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

https://www.euskadi.eus/micarpeta

https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de su publicación en el BOPV hasta el día 24 de junio de 2021.

5.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el siguiente punto, en los términos dispuestos en el Decreto 21/2012 de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

6.– Las entidades interesadas habrán de presentar una solicitud por cada proyecto con firma electrónica del representante legal de la entidad. La solicitud deberá ir acompañada de ficheros con la copia digitalizada de la documentación siguiente:

a) Impreso de solicitud, firmado por la entidad solicitante del proyecto, con el detalle de las actividades a realizar y el presupuesto previsto.

b) Memoria técnico-económica descriptiva y justificativa de la propuesta de infraestructura o equipamiento CT (según modelo Anexo II)

c) Memoria descriptiva de los datos básicos de actividad de la entidad solicitante, incluido el detalle de la actividad económica y no económica de la entidad.

d) Informe de auditoría de los estados financieros aprobados en el ejercicio anterior al de la convocatoria.

e) Certificado emitido por una entidad auditora que especifique, de acuerdo con el procedimiento contable de costes de la entidad, el coste de la actividad no económica, desglosado por concepto de gasto, correspondiente al ejercicio anterior al de la convocatoria.

f) Certificado emitido por una entidad auditora que especifique los ingresos por actividad no económica, desglosados por origen de la financiación, correspondientes al ejercicio anterior al de la convocatoria.

g) Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad no económica correspondiente al año de la convocatoria.

h) Copia digitalizada del poder de representación de la persona solicitante de la entidad solicitante.

i) Presupuestos o facturas proforma acreditativos del coste de la actuación, si se disponen

j) Licencia de obras, en su caso.

k) Declaración responsable respecto a la veracidad de los siguientes aspectos:

– Relación de las ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas de otras instituciones públicas o privadas, incluídas las ayudas de minimis relativas a los mismos costes subvencionables, recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

– Que la entidad no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, ni esté sujeto a intervención judicial ni inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

– Que no está incursa la entidad solicitante, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

– Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

– Que se encuentran al corriente de pago de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Que la entidad solicitante no está incursa en expediente de reintegro o sancionador, ni se halla sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, así como tampoco se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Que la entidad solicitante no es una empresa o entidad sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

– Que la entidad solicitante no es una empresa o entidad en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01), salvo que concurra la excepción establecida en el apartado 3.1.22.c bis del Marco temporal de 19 de marzo de 2020, relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 [C (2020) 1863].

– En su caso, declaración del efecto incentivador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento general de exención por categorías.

7.– El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, o, en su caso, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, que actuará como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones contempladas en la presente Orden, podrán requerir cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.– Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

– La Administración actuante podrá recabar o consultar los documentos necesarios para la tramitación obrantes en la misma o elaborados por otras Administraciones, no obstante la entidad solicitante puede oponerse a dicho tratamiento, en cuyo caso deberá aportar el correspondiente documento acreditativo del cumplimiento de la obligación.

– Las entidades solicitantes no estarán obligadas a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la instrucción del procedimiento, debiéndose indicar en la solicitud el número del expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.

9.– Las personas físicas, empresas, fundaciones y las personas representantes de las asociaciones de empresas verán garantizado el derecho a usar y ser atendidas en su misma lengua, euskera o castellano, de manera oral o por escrito, en las relaciones que sostengan con el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y con SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a raíz de la presente Orden.

Artículo 11.– Subsanación de las solicitudes.

1.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior, se requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la persona titular de la Dirección competente en materia de Tecnología y Estrategia, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos.

3.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 12.– Órgano para la evaluación de las solicitudes.

1.– Corresponderá al órgano de evaluación, creado a estos efectos, el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, así como la elaboración de las propuestas de aprobación de proyectos.

2.– El órgano de evaluación estará presidido por la persona titular de la Dirección competente en materia de tecnología e innovación, Alberto Fernández González, o persona que lo sustituya en el cargo, y como suplente la persona titular de la Dirección de Transformación Digital y Emprendimiento, Leire Madariaga Bilbao, o persona que la sustituya en el cargo.

Serán vocales los siguientes miembros:

– La persona titular de la Dirección competente en materia de industria y transición energética, Mikel Amundarain Leibar, o persona que lo sustituya en el cargo, y como suplente un técnico de la Dirección competente en materia de desarrollo industrial, Agustín García Pérez.

– Una persona representante del Departamento de Tecnología de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Amaia Martínez Muro y como suplente, Cristina Oyón.

– Una persona en representación del Consorcio Científico-Tecnológico Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Rikardo Bueno Zabalo, y como suplente Jon Kepa Guerrikagoitia Arrien.

– Una persona del equipo técnico de la Dirección competente en materia de tecnología e innovación del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que realizará las funciones de secretaría, Sonia Larrabide Izurieta, y como suplente Natividad Niño Bartolomé.

En la composición del órgano de evaluación se garantizará que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, incluido el conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Los trabajos materiales de estudio y evaluación de las propuestas serán realizados por el Departamento de Tecnología de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial que los presentará en el órgano de evaluación.

4.– La constitución del órgano de evaluación será válida a los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, con la presencia de quienes ostentan la presidencia y secretaría o, en su caso, de quienes los sustituyan y al menos una persona más del resto de vocales. En todo lo relativo al funcionamiento del órgano de evaluación, no previsto en este apartado, se aplicará supletoriamente los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.– En el proceso de evaluación, si así se estima conveniente, se podrá sugerir a las entidades solicitantes la introducción de modificaciones en los proyectos para conseguir una mejor adaptación de los mismos a los objetivos establecidos.

Artículo 13.– Criterios de evaluación.

1.– Para la selección y fijación, en su caso, del porcentaje de ayuda al proyecto de infraestructura o equipamiento CT se aplicarán los siguientes criterios:

a) Criterios clave y específicos:

1) Calidad y relevancia de la infraestructura o equipamiento CT (40 puntos):

1.– Calidad técnica: La infraestructura o equipamiento CT cumple con una serie de características técnicas y prestaciones que actualmente no son accesibles para el solicitante (15 puntos).

2.– Adecuación: Las características de la infraestructura o equipamiento CT son adecuadas para la consecución de los objetivos científico-técnicos perseguidos, lo que justifica la necesidad del equipamiento o necesidad de la actualización del mismo (15 puntos).

3.– Contribución: El uso científico-tecnológico y de transferencia de tecnología a la industria contribuye en el avance en líneas de investigación de la entidad solicitante de la ayuda y se encuentran alineados con la estrategia de Euskadi, Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y Estrategia RIS3 (10 puntos).

2) Modelo de explotación (20 puntos):

1.– Plan de utilización y gestión: Se dispone de un plan de utilización, gestión y modelo de explotación detallado de la infraestructura o equipamiento CT, incluyendo un cronograma detallado de las distintas fases (10 puntos).

2.– Plan de cesión y cooperación: Utilización de la infraestructura o equipamiento CT en colaboración y cooperación con agentes e investigadores locales o internacionales, así como con instituciones referentes a nivel internacional (10 puntos).

3) Impacto científico-tecnológico y socio-económico (20 puntos):

1.– Impacto científico-tecnológico: Se valorarán, entre otros, las publicaciones científicas, el apoyo a tesis doctorales, la contribución a los proyectos de I+D+i tanto con empresas como con agentes de la RVCTI y otros agentes internacionales, así como el número de patentes que se esperan generar en base al uso de la infraestructura o equipamiento CT (10 puntos).

2.– Impacto socio-económico: Se valorarán los resultados derivados del desarrollo de la infraestructura y de los proyectos derivados de la misma (si es posible en términos de facturación, inversión, nuevos mercados, empleo directo, empleo indirecto, etc.) y su potencial contribución a las transiciones tecnológico-digital, energético- climática y socio-sanitaria, así como el conocimiento por parte de la población de los resultados derivados de las investigaciones realizadas en las infraestructuras científico-tecnológicas y la contribución del equipamiento al bienestar social (10 puntos).

b) Criterios Generales (20 puntos).

1.– Equipo de trabajo: Composición y experiencia del equipo responsable del equipamiento en la entidad solicitante, su manejo y gestión y relevancia de las contribuciones y proyectos realizados por la entidad solicitante hasta el momento. Se valorará positivamente la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el grupo de investigación (10 puntos).

2.– Presupuesto: El presupuesto es ajustado a la actuación y es idóneo en relación con los objetivos perseguidos y las actividades a realizar (10 puntos).

2.– Un proyecto podrá ser seleccionado/a cuando simultáneamente la nota total obtenida en la evaluación alcance el 50 % de la nota máxima total (50 puntos) y la nota particular obtenida en cada uno de los criterios clave supere el 50 % de la nota máxima correspondiente.

Artículo 14.– Propuesta de resolución.

1.– El órgano de evaluación efectuará la valoración de las solicitudes presentadas en atención a los criterios establecidos en esta orden y elevará a la persona titular de la viceconsejería competente en materia de tecnología, innovación y competitividad la propuesta motivada de resolución del procedimiento.

2.– La propuesta motivada de resolución contendrá como mínimo:

a) Relación de los proyectos para los que se propone su aprobación, indicando para cada uno de ellos entidad beneficiaria, puntuación obtenida en la evaluación, el presupuesto aceptado/aprobado, los plazos para su realización y la cuantía de la ayuda que se proponga conceder.

b) Relación de las solicitudes que se proponga desestimar por no cumplir los requisitos de la convocatoria, junto con la motivación que fundamenta la propuesta de desestimación, y, en su caso, la puntuación obtenida en su evaluación.

Artículo 15.– Resolución, recursos, plazo para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Las solicitudes presentadas se resolverán en un único procedimiento, cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponderá dictar, a propuesta del órgano de evaluación, a la persona titular de la viceconsejería competente en materia de tecnología, innovación y competitividad.

2.– La resolución determinará la relación de proyectos seleccionados y aprobados, indicando para cada uno de ellos entidad beneficiaria, puntuación obtenida en la evaluación, el presupuesto aceptado/aprobado, los plazos para su realización y la cuantía de la ayuda concedida, así como, la relación de los proyectos desestimados o excluidos, los motivos que fundamentan su desestimación y, en su caso, la puntuación obtenida en su evaluación.

3.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria de ayudas en el BOPV, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– La resolución que se adopte no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– La resolución será notificada individualmente a cada una de las entidades solicitantes. Todo ello sin perjuicio de que, para general conocimiento, se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias, proyectos subvencionados y subvenciones concedidas.

A esta resolución se acompañará un anexo con instrucciones en el cual se informará a la entidad beneficiaria de los sucesivos pasos a seguir hasta la finalización del expediente y de la documentación que deberá aportarse en la fase de justificación, y que se facilitará al efecto.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de subvenciones o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

Artículo 16.– Pago de las ayudas.

1.– El abono de las ayudas se realizará directamente a las entidades beneficiarias de las mismas, fraccionadamente, del siguiente modo:

a) Un 80 % de la subvención se abonará tras la notificación de la resolución, una vez transcurrido el plazo expresado en el artículo 17.3.a) sin mediar renuncia expresa.

Cuando la cantidad concedida exceda los límites establecidos en el apartado segundo del artículo 3 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión, se procederá al pago anticipado tras la constitución y presentación de aval bancario en los términos de dicho artículo.

b) El abono del 20 % restante de la subvención estará condicionado a la previa justificación documental de la realización de la actividad correspondiente, así como del grado de ejecución de los objetivos fijados y del gasto incurrido.

2.– La justificación de la subvención, que deberá realizarse durante el primer cuatrimestre siguiente al del año concluido, se llevará a cabo a través de cuenta justificativa, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

A efectos de facilitar la cumplimentación de la cuenta justificativa junto con la resolución de concesión se remitirán a cada entidad beneficiaria las correspondientes instrucciones.

La cuenta justificativa contendrá:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención. En la misma se especificarán: actuaciones realizadas; resultados obtenidos cuantificados y/o valorados; modificaciones solicitadas y concedidas; informe de cumplimiento final de los contratos, convenios, acuerdos, etc.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

– Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

– Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

– Certificado de tasación independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

– Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

– Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado la entidad beneficiaria.

c) Un Informe de auditoría de cuentas firmado, elaborado por una persona inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, debiéndose presentar un informe de auditoría por cada proyecto aprobado. A estos efectos será de aplicación la norma de actuación aprobada mediante la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

El informe se completará con un listado de comprobación facilitado en las instrucciones acompañantes de la resolución, integrado por una serie de hitos cuyo cumplimiento debe de ser certificado por la persona auditora.

2.– La entidad beneficiaria pondrá a disposición del Departamento, antes del abono de las ayudas, y previo requerimiento del mismo, toda aquella documentación que fuera precisa para la comprobación de los datos que aparecen en la declaración responsable a la que alude el artículo 10 de esta orden.

3.– El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente podrá requerir cuanta documentación e información complementaria considere necesaria en orden a la comprobación de la veracidad de los datos de la documentación presentada por la entidad beneficiaria.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Las inversiones y gastos, o compromiso de gastos previstos, deberán ser realizados en el año para el que se ha concedido la ayuda, y en el plazo referido en el artículo 5.1 de esta orden, salvo los correspondientes al informe de auditoría que podrá ser facturado en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución.

2.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, deberán cumplir la normativa vigente, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por el artículo 14 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;

3.– Las entidades beneficiarias están obligadas además a:

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la ayuda la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma se entenderá que esta queda aceptada.

b) Destinar la subvención a las actividades para las que ha sido concedida, sin perjuicio de que el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente pueda aceptar las variaciones que puedan producirse en la ejecución de dichas actividades, siempre que dichas variaciones hayan sido plenamente justificadas y haya obtenido la autorización expresa de la persona titular de la viceconsejería competente en materia de tecnología, innovación y competitividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la presente Orden.

c) Autorizar a la persona titular de la viceconsejería competente en materia de tecnología, innovación y competitividad, o a la persona auditora que esta designe, a tener libre acceso a los trabajos que constituyen el desarrollo del proyecto y demás documentación vinculada al mismo.

d) En la documentación, carteles, propaganda o publicaciones que se elaboren para su difusión pública deberá figurar el logotipo del Gobierno Vasco y la frase «Subvencionado por el Gobierno Vasco», en la forma determinada en las instrucciones que se faciliten, anexas a la resolución de concesión. Las entidades beneficiarias tendrán la obligación de utilizar las dos lenguas oficiales en la publicación, anuncio y publicidad de las acciones relacionadas con la actividad subvencionada.

e) Facilitar a la persona titular de la viceconsejería competente en materia de tecnología, innovación y competitividad la realización de las comprobaciones que estime oportunas en relación con las ayudas concedidas, debiendo aportar las entidades beneficiarias cuanta información Complementaria les sea solicitada.

f) Archivar las facturas definitivas y ponerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo mínimo de diez años.

g) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

h) Comunicar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o ente, tanto público como privado.

i) Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenian o reciben ayudas de la Administración, debiendo disponer de datos desagregados por sexo, hacer un uso no sexista del lenguaje, promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y respetar los principios generales que, en materia de igualdad de mujeres y hombres, establece el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

j) Haber cumplido con los mandatos del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y del Real Decreto-ley 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Artículo 18.– Entidad colaboradora.

1.– Para la gestión de las subvenciones que se concedan de conformidad con la regulación contenida en la presente Orden se declara a la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, como entidad colaboradora de conformidad con el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión, y con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

2.– SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, como entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Recepción y evaluación inicial de las solicitudes.

b) Estudio y evaluación de los proyectos.

c) Recepción de la documentación justificativa

d) Propuesta de pago y requerimiento de inspecciones.

e) Definición e implantación de los procesos de control y seguimiento de los proyectos aprobados.

f) Evaluación final de los resultados obtenidos.

g) Colaborar con cualquier otra actuación necesaria para una correcta gestión del programa, a indicación del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de este programa puede efectuar el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden, así como en los restantes supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no será exigible el abono de la ayuda o subvención y, en su caso, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora que resultasen de aplicación.

2.– El procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 53.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en su desarrollo reglamentario, regulado en el título II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión. En la resolución de incoación se comunicará a la persona beneficiaria el inicio del procedimiento de reintegro, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. La resolución del procedimiento declarará la pérdida del derecho al cobro de la subvención, acordando, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y de los intereses de demora que procedan.

La incoación de expediente de reintegro, así como su resolución, corresponderá a la persona titular de la viceconsejería competente en materia de tecnología, innovación y competitividad total o parcial, pudiendo efectuarse a propuesta de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial cuando las circunstancias que pudieran lugar a la incoación se detecten en un momento anterior a la finalización del proyecto.

3.– El incumplimiento consistente en una desviación a la baja menor o igual al 25 % de las cantidades consignadas en alguna de las partidas integrantes del presupuesto que sirvió de base para aprobar la concesión de la ayuda, no implicará necesariamente la pérdida del derecho al cobro total de la subvención, ni el reintegro de las cantidades previamente percibidas, siempre que el órgano administrativo aprecie en la resolución que ponga fin al procedimiento de justificación que concurren las siguientes circunstancias:

– que se acredite la actuación del beneficiario inequívocamente tendente al cumplimiento total.

– que no se han dañado derechos de terceras personas.

– que la beneficiaria ha motivado y acreditado debidamente las causas de dicha desviación.

En este supuesto a la beneficiaria le será abonado el importe efectiva y debidamente justificado de la subvención concedida, una vez haya sido acreditada su justificación y haya sido aceptada por la entidad concedente.

Igualmente caben efectuarse compensaciones de dicha desviación con los gastos debidamente justificados y motivados de cualquiera de las restantes partidas, hasta un límite coincidente con la cantidad expresada para cada partida en el presupuesto de la solicitud, y siempre que no se supere el importe del presupuesto global aprobado en la resolución de concesión.

Artículo 20.– Modificación de las ayudas.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden.

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de la entidad beneficiaria, con carácter excepcional, se podrá conceder, por el órgano administrativo que concedió las ayudas, un aplazamiento en la ejecución de las actividades a realizar, que conllevará un retraso en el pago de la ayuda que corresponda, siempre que las razonas alegadas así lo justifiquen.

3.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la memoria aportada en el momento de la solicitud, pudiendo autorizarse cambios, por parte de la persona titular de la viceconsejería competente en materia de tecnología, innovación y competitividad, en las mismas siempre que hayan sido previamente solicitadas y plenamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe su naturaleza y objetivos perseguidos.

4.– En los supuestos en que el proyecto finalice con fracaso técnico, la entidad beneficiaria podrá solicitar igualmente la modificación de la resolución administrativa de concesión de las ayudas para ajustarla a la parte del proyecto realizado.

La persona titular de la viceconsejería competente en materia de tecnología, innovación y competitividad podrá aceptar la modificación siempre que esté plenamente justificado por la entidad beneficiaria.

Se entiende por fracaso técnico la inviabilidad, generada por la aparición inesperada de defectos técnicos insubsanables, de los objetivos previstos en la memoria descriptiva del proyecto de investigación aportado en el momento de la solicitud.

5.– Cuando la entidad beneficiaria ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo establecido los apartados anteriores de este artículo, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, podrá aceptarse la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceras personas.

ANEXO II
MEMORIA TÉCNICO-ECONÓMICA

La Memoria técnico-económica deberá contener los siguientes apartados:

1.– Justificación de la necesidad de la infraestructura o equipamiento CT, o necesidad de la actualización del mismo y detallar la/s actividad/es de I+D+i del solicitante que se beneficiará de la infraestructura.

2.– Descripción de la infraestructura o equipamiento CT solicitado, indicando las características técnicas y prestaciones mínimas requeridas en dicha infraestructura o equipamiento y sin que, en ningún caso, dicha descripción haga mención hacia marcas comerciales.

Descripción en términos de especificación de ventajas técnicas y nuevas prestaciones que aportará la adquisición o actualización de dicha infraestructura o equipamiento CT, indicando la necesidad de utilizar dicha técnica instrumental frente a otros equipamientos alternativos que se estén utilizando.

Descripción de la relación entre las características técnicas del equipamiento y la adecuación de las mismas en la consecución de los objetivos científico-tecnológicos del solicitante.

Breve análisis del estado del arte a nivel internacional de la materia/tecnología abordada por la infraestructura o equipamiento CT.

En el caso de que sea necesario realizar obras de instalación y acondicionamiento, se hará una breve descripción de la previsión de las mismas.

3.– Descripción del uso científico-tecnológico y de transferencia de tecnología a la industria que se pretende conseguir con la infraestructura o equipamiento CT, así como su contribución al avance de las líneas y proyectos de investigación que desarrolla la entidad solicitante de la ayuda y su alineación con la estrategia de Euskadi en base al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y la Estrategia RIS3.

Justificación de la adscripción de la infraestructura o equipamiento CT a una actividad económica o a una actividad no económica. En aquellos casos en que la actividad a la que se adscriba la infraestructura o equipamiento CT tenga participación tanto económica como no económica, se considerará actividad no económica cuando el uso económico de la actividad sea puramente accesorio.

4.– Plan de utilización, gestión y modelo de explotación de la infraestructura o equipamiento CT y de la oportunidad de transferencia de tecnología a la industria, que se encuentren alineados con la estrategia RIS3 Euskadi. Se deberá incluir un cronograma tanto para el diseño, desarrollo e instalación y puesta en marcha de la infraestructura o mejora de la misma, como para su explotación, utilización y gestión para los diferentes proyectos de investigación de la entidad solicitante de la ayuda.

Plan de apertura al uso de la infraestructura o equipamiento CT a terceras personas, bien sea agentes y empresas locales e internacionales.

5.– Descripción del impacto científico-tecnológico que se espera generar a partir del uso de la infraestructura incluyendo entre otros, contribución a proyectos de I+D+i tanto con empresas como con otros agentes de la RVCTI y centros de investigación internacionales, publicaciones científicas derivadas del uso de la infraestructura, transferencia de tecnología a la industria, patentes generadas, etc.

Identificar los principales sectores y áreas de aplicación de la I+D+i desarrollada haciendo uso de la infraestructura o equipamiento CT . Valorar la relevancia del impacto potencial (cualitativo y cuantitativo) en los mismos específicamente dentro de la estructura económica vasca.

Identificar la potencial contribución de los resultados derivados del desarrollo de la infraestructura y su uso a las transiciones tecnológico-digital, energético-climática y socio-sanitaria, así como el conocimiento por su parte de la población de los resultados derivados de las investigaciones realizadas en la infraestructura o equipamiento CT y su contribución al bienestar social.

6.– Equipo responsable de la operación de la infraestructura o equipamiento CT en la entidad solicitante de la ayuda. Se deberá adjuntar el curriculum vitae del equipo, incluyendo la cualificación técnica y la experiencia previa y actuaciones realizadas en el área (referido a los últimos 6 años contados desde la fecha de convocatoria) explicitando proyectos de I+D+i, resultados obtenidos, medios físicos y humanos con los que se cuenta, etc. En este sentido, se valorará positivamente la composición paritaria de género de este grupo de investigación.

7.– Presupuesto desglosado por conceptos de gasto, que incluya el coste total de la actuación, justificando la necesidad de dicho presupuesto para la adquisición o actualización de la infraestructura o equipamiento CT, así como para los trabajos accesorios que requieran de desarrollo para su instalación, adaptación y puesta en marcha. También se explicitará el coste de adquisición de accesorios o aparatos auxiliares necesarios para la actualización de la infraestructura o equipamiento CT.


Análisis documental