(...) 1.º. Acordar la resolución del contrato que tiene por objeto "Ampliación y adecuación a la normativa de accesibilidad del CEIP Judimendi HLHI de Vitoria-Gasteiz (Araba)", por incumplimiento por parte de la contratista, Iñaki Aristondo Iciar, de las obligaciones asumidos en dicho contrato para la correcta ejecución de las tareas y prestaciones en el contenidas.

2. º. Procédase a iniciar los trámites pertinentes, para declarar en prohibición de contratar con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco al operador económico Iñaki Aristondo Iciar, por el periodo de tiempo legalmente establecido (...).

(...) A la vista de lo expuesto, el contratista incurrió en un supuesto de prohibición para contratar recogido en el artículo 71 párrafo 2 d) de la LCSP. Dicho artículo determina que son circunstancias que impiden a un empresario contratar con las entidades del sector público las que siguen:

1. Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 LCSP dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.

2. Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artículo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario.

3. Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley. La prohibición alcanzará a las empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones que los pliegos hubieren calificados como esenciales de acuerdo con lo previsto en el artículo 211.1.f).

   (...)

   IV. CONCLUSIONES.

   En vista de lo expuesto en la solicitud de fecha 12 de diciembre de 2022 y documentación adjunta relativa al expediente de contratación del que trae causa este procedimiento, se informa favorablemente la propuesta de declaración de prohibición para contratar para la empresa mencionadas, declaración que debería efectuar la Viceconsejeria de Administración y Servicios del Departamento de Educación.

   El ámbito de la prohibición será el relativo a los contratos que realice el Departamento de Educación, y su duración no excederá de tres años desde su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, caducando pasados tres meses desde que termine su duración. Asimismo, se procederá de oficio a su cancelación (...).

(...) La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.

2. Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.

3. Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley.

4. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista (...).

Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna de las circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado primero del artículo 71, una vez adoptada la resolución correspondiente, se comunicará sin dilación para su inscripción al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades Autónomas, en función del ámbito de la prohibición de contratar y del órgano que la haya declarado. (...)