Boletín Oficial del País Vasco

N.º 215, martes 10 de noviembre de 2026

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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y AUTOGOBIERNO

4749

ORDEN de 5 de octubre de 2026, de la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, por la que se aprueba la modificación de estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava.

Con fecha de 7 de junio de 2023 tuvo entrada en el entonces Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, solicitud de aprobación de la modificación de estatutos del colegio denominado Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava. El texto que se modifica es el aprobado mediante Orden de 16 de abril de 2007, del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava, que fue publicada como anexo a dicha Orden en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 129 de 5 de julio de 2007.

El acuerdo de modificación estatutaria fue aprobado el 25 de abril de 2023, en asamblea general extraordinaria de la Junta de Gobierno del meritado Colegio, tal y como consta en el certificado emitido por la secretaria de dicho órgano.

Se recibieron los preceptivos informes de la Dirección de Justicia del Departamento de Justicia y Derechos Humanos y del Consejo de Procuradores del País Vasco competentes por razón de la materia de la profesión representada por el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava. Igualmente, fue solicitado y emitido Informe de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Tras acometerse algunas de las modificaciones sugeridas en los mencionados informes, el Colegio ha aportado el texto resultante de los Estatutos.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de colegios profesionales y el ejercicio de profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

Corresponde a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno dictar, mediante Orden, la resolución del presente expediente de modificación estatutaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38.6 del Decreto 21/2004 de 3 de febrero, sobre el Reglamento del Registro de Profesiones Tituladas, los Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales y en el 11.1.m) del Decreto 317/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, en relación con lo dispuesto en el artículo 9.1.n) del Decreto 18/2024, de 23 de junio, del lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Al presente expediente se han aportado cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose especialmente los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de Profesiones Tituladas, Colegios y Consejos Profesionales y en el artículo 38 del Decreto 21/2004, de 3 de febrero, ajustándose la modificación estatutaria practicada a las previsiones legales y reglamentarias que devienen de aplicación.

Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

Artículo único.– Aprobar la modificación de los estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava.

DISPOSICIÓN ADICIONA ÚNICA

Publicar los estatutos modificados en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante anexo de los mismos a la presente Orden, y notificación de la misma a las personas interesadas.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación y contra la misma, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2026.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno,

MARÍA UBARRECHENA CID.

ANEXO

PROYECTO DE ESTATUTO DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE ÁLAVA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Objeto.

El objeto del presente Estatuto es regular la organización y funcionamiento del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava (ICPTA).

Artículo 2.– Naturaleza y personalidad.

1.– El ICPTA es una Corporación de derecho público constituida y reconocida con arreglo a la Ley e integrada por quienes ejercen la profesión de Procurador de los Tribunales. Actuará al servicio del interés general de la sociedad y de sus colegiados mediante el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias.

2.– El Colegio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

3.– En su organización y funcionamiento goza de plena autonomía en el marco del presente Estatuto y bajo la garantía de los Tribunales de Justicia.

Artículo 3.– Ámbito territorial.

El ámbito territorial del ICPTA se corresponde con el del Territorio Histórico de Álava.

Artículo 4.– Domicilio.

El domicilio del ICPTA radica en Vitoria-Gasteiz, Avda. Gasteiz núm. 18.

Artículo 5.– Cooficialidad lingüística.

El euskera y el castellano son lenguas oficiales del ICPTA, en condiciones de igualdad, dentro del proceso de normalización de la primera y de la realidad de su arraigo social.

Artículo 6.– Fines esenciales.

Son fines esenciales del ICPTA:

a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de la profesión.

b) Ostentar la representación institucional exclusiva de la Procura en su ámbito territorial.

c) Defender los intereses profesionales de los procuradores.

d) Velar por la observancia de la deontología profesional y por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.

e) Promover y mejorar mediante su colaboración el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como prestar las funciones y servicios que las leyes procesales y orgánicas le encomiendan.

Artículo 7.– Relaciones con las Administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– El ICPTA se relacionará con la Administración de la Comunidad Autónoma de País Vasco, en las cuestiones relativas a los aspectos profesionales generales, institucionales y corporativos de carácter general contemplados en la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales a través del departamento competente en materia de colegios profesionales, y en las cuestiones referentes al contenido de la profesión, a través del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Justicia.

2.– El Colegio podrá ejercer, además de sus funciones propias, funciones administrativas delegadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Administración Pública foral, así como local del País Vasco en los términos previstos en el artículo 25 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre.

3.– Asimismo, el ICPTA mantendrá relaciones y atenderá a las vinculaciones institucionales que le correspondan con la Administración General del Estado, el Consejo General de Procuradores de España y demás organismos e instituciones públicos.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

RÉGIMEN DE COLEGIACIÓN

Artículo 8.– Obligatoriedad.

1.– Para el ejercicio de su profesión vienen obligados a la incorporación en el ICPTA los Procuradores que tengan su domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del Colegio.

2.– La incorporación al Colegio habilita al Procurador para ejercer su profesión en todo el territorio español. El Colegio no podrá exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de su colegiación comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

3.– En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al ICPTA, en beneficio de los consumidores y usuarios, este deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley del Estado 17/2009, de 2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Artículo 9.– Libertades de establecimiento y de prestación de servicios.

El ejercicio con carácter permanente de profesionales de la Unión Europea establecido en cualquiera de sus Estado y la prestación de servicios en caso de desplazamiento temporal se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho Comunitario.

Artículo 10.– Adquisición de la condición de colegiado.

1.– Son condiciones necesarias para ingresar en el ICPTA:

a) Estar en posesión del título universitario de Licenciado en Derecho o de Grado en Derecho.

b) Poseer el título profesional que habilita para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Estado 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura.

c) No hallarse incurso en causa de incapacidad, inhabilitación, incompatibilidad o prohibición legal para el ejercicio de la profesión de Procurador.

d) No haber sido expulsado de un Colegio de Procuradores por sanción colegial firme.

e) No estar colegiado simultáneamente como ejerciente en un Colegio de Abogados.

2.– La exigencia de la condición prevista en la letra b) del apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera del Estatuto.

3.– Quienes estén en posesión de la titulación requerida y cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio.

Artículo 11.– Procedimiento de incorporación.

1.– La Junta de Gobierno resolverá y notificará las solicitudes de colegiación en el plazo máximo de un mes, pudiendo denegarlas únicamente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior. Aquella podrá delegar en uno de sus miembros el ejercicio de esta competencia.

2.– Transcurrido dicho plazo máximo sin que la Junta de Gobierno hubiera notificado la resolución, la solicitud se entenderá estimada.

3.– Podrá suspenderse el plazo para resolver, por término no superior a dos meses, con el fin de subsanar deficiencias de la documentación presentada o de efectuar las comprobaciones pertinentes para verificar su autenticidad y suficiencia.

4.– La denegación de incorporación al Colegio deberá ser motivada y podrá ser impugnada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación ante el Consejo de Procuradores del País Vasco, en los términos dispuestos en el capítulo I del título IV del Estatuto.

Artículo 12.– Pérdida de la condición de colegiado.

1.– Son causas de la pérdida de la condición de colegiado:

a) La renuncia voluntaria.

b) El incumplimiento, originario o sobrevenido, de los requisitos de adquisición de dicha condición, debidamente comprobadas.

c) El impago de las contribuciones colegiales.

2.– La pérdida de la condición de colegiado como consecuencia de la renuncia voluntaria no extingue la responsabilidad disciplinaria en que se hubiera incurrido durante el período de colegiación. Si en el momento de solicitar la baja estuviere abierto un procedimiento disciplinario, el Colegio lo continuará hasta su resolución. De concluir mediante sanción, y si la misma no pudiera hacerse efectiva, quedará en suspenso para ser ejecutada si ingresara nuevamente en una corporación de Procuradores.

3.– En el supuesto previsto en la letra b) del apartado anterior, la Junta de Gobierno, constatadas las circunstancias determinantes de la eventual baja colegial, las pondrá de manifiesto al interesado y le concederá trámite de audiencia por período de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo adoptará la correspondiente resolución, en el plazo máximo de un mes.

4.– En el supuesto previsto en la letra c), la Junta de Gobierno pondrá de manifiesto al interesado la situación de impago de las contribuciones, y le concederá trámite de audiencia por período de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones efectuadas, adoptará y notificará la correspondiente resolución, en el plazo máximo de un mes. Acordada en su caso, la baja, la eventual reincorporación quedará condicionada al abono de las cantidades adeudadas con el interés legal correspondiente.

5.– La resolución que determine la pérdida de la condición de colegiado podrá ser impugnada ante el Consejo de Procuradores del País Vasco en los términos previstos en el artículo anterior para la denegación de acceso al Colegio.

Artículo 13.– Suspensión de la condición de colegiado.

1.– Son causas de la suspensión de la condición de colegiado:

a) La inhabilitación o incapacitación para el ejercicio profesional dispuesta por resolución judicial firme.

b) La inhabilitación profesional como consecuencia de sanción colegial firme.

2.– La condición de colegiado suspenso se mantendrá en tanto subsista la causa determinante de la suspensión.

Artículo 14.– Tramitación electrónica y notificación de las resoluciones de procedimientos sobre colegiación.

1.– El Colegio dispondrá los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar los procedimientos de ingreso o de baja colegial por vía electrónica, a través de la ventanilla única a que se refiere el artículo 10 de la Ley del Estado 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

2.– El Colegio comunicará de inmediato las incorporaciones, bajas o suspensiones de colegiación, así como los cambios de domicilio profesional, al Consejo General a efectos de su anotación en el Registro central de colegiados, al Consejo de Procuradores del País Vasco y a los Juzgados y Tribunales de su territorio.

Artículo 15.– Clases de colegiados. Número y acreditación.

1.– Los Procuradores incorporados al ICPTA tendrán la condición de ejercientes o de no ejercientes.

2.– Cada Procurador tendrá un número de colegiado y será provisto de un carnet o credencial acreditativa de su condición. En todos los documentos profesionales que suscriba deberá consignar dicho número, así como mencionar al Colegio de pertenencia.

CAPÍTULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 16.– Principios generales.

1.– La incorporación al ICPTA confiere los derechos y obligaciones recogidos en el presente Estatuto.

2.– Todos los Procuradores de los Tribunales son iguales en los derechos y obligaciones reconocidos en el Estatuto, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente.

3.– Los colegiados no ejercientes disfrutarán de los derechos de los colegidos ejercientes en la medida en que no se vinculen directamente al ejercicio de la profesión. El valor de su voto en las Juntas Generales y en los procesos de elección de miembros de la Junta de Gobierno, así como en su caso en las mociones de censura, será la mitad que el de los ejercientes.

Artículo 17.– Derechos de los colegiados.

Son derechos de los Procuradores colegiados:

a) La petición, y en su caso, obtención de amparo en su actuación profesional a los órganos corporativos para la protección de su independencia y de su libertad de ejercicio. A tal efecto, podrán pedir que se ponga en conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial, jurisdiccionales o administrativos, la vulneración o desconocimiento de este derecho.

b) La participación en los asuntos de gobierno del Colegio, la intervención y voto en las sesiones de la Junta General, la facultad de elegir y ser elegido para formar parte de los órganos de gobierno y el derecho a remover a los titulares de los órganos de gobierno mediación votación de censura en los términos regulados en este Estatuto.

c) La formulación de peticiones y la presentación de quejas y reclamaciones ante los órganos del Colegio, así como el derecho de recurso contra los acuerdos y resoluciones de aquellos.

d) La obtención de información regular sobre el gobierno corporativo y la actividad de interés profesional, así como el examen de los documentos que reflejen la actividad económica del Colegio.

e) La obtención de información y, en su caso, la certificación de los documentos y actos colegiales que les afecten personalmente.

f) La utilización de los bienes y servicios colegiales, en particular de formación y de capacitación profesional, en la forma y condiciones que se determinen.

g) El mantenimiento en el pleno disfrute de sus derechos colegiales hasta tanto no se produzca la suspensión o pérdida de su condición de colegiado.

Artículo 18.– Obligaciones de los colegiados.

1.– Los Procuradores colegiados están obligados a:

a) Ejercer la profesión con rectitud y sentido ético, y observancia de la deontología profesional.

b) Cumplir las obligaciones legales que le impongan las leyes orgánicas, procesales y sectoriales, en el desempeño de su profesión y, en particular, de colaboración y cooperación con los órganos jurisdiccionales, así como disponer de los medios y recursos adecuados y actualizados para ello.

c) Acudir a los Juzgados y Tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones, para la realización de los actos de comunicaciones y demás actuaciones profesionales correspondientes.

d) Conocer y cumplir, en el desempeño de la profesión, las disposiciones estatutarias, las normas deontológicas y las resoluciones dictadas por los órganos colegiales.

e) Guardar el debido respeto a los titulares de los órganos colegiales, y en el ejercicio de su profesión a sus colegas, litigantes, letrados, jueces y magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia y demás miembros de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

f) Comunicar al Colegio las circunstancias determinantes de su ejercicio profesional, así como sus modificaciones y los demás datos necesarios que se les requieran para el cumplimiento de las funciones colegiales de ordenación del ejercicio profesional.

g) Mantener el secreto profesional.

h) Observar las incompatibilidades profesionales, en particular con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado, en los términos precisados por el artículo 23 de la Ley del Estado 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

i) Informar al cliente de sus actuaciones profesionales y rendir cuenta de los servicios prestados, con especificación de las cantidades percibidas y precisión de los conceptos e importes de los pagos realizados.

j) Satisfacer puntualmente las contribuciones económicas del Colegio, y abonar, en su caso, los servicios colegiales de que haga uso, conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias y en los acuerdos adoptados por los órganos colegiales para su aplicación.

k) Actuar con lealtad y diligencia en el desempeño de los cargos colegiales para los que sea elegido o designado.

2.– Estos deberes configuran el régimen necesario de la actuación profesional y corporativa del Procurador. Su observancia constituye el objeto propio de las potestades colegiales de control y disciplina reguladas en el presente Estatuto.

TÍTULO III

DEL COLEGIO

CAPÍTULO I

FUNCIONES

SECCIÓN 1.ª

FUNCIONES GENERALES

Artículo 19.– De las funciones del Colegio.

Para la consecución de los fines esenciales señalados en el artículo 6 del Estatuto, el ICPTA ejercerá, en su ámbito territorial, las funciones que le atribuye la legislación estatal y autonómica sobre colegios profesionales, las leyes orgánicas, procesales y sectoriales, los presentes Estatutos y demás disposiciones normativas.

Artículo 20.– De ordenación del ejercicio profesional.

Son funciones de ordenación del ejercicio profesional:

a) El Registro de sus colegiados en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombres y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, fecha de alta, domicilio profesional, dirección electrónica y situación de habilitación profesional. El Colegio ofrecerá a los consumidores y usuarios acceso gratuito al Registro de colegiados a través de su ventanilla única.

b) El Registro de las sociedades profesionales con domicilio social en el ámbito territorial del Colegio. El Colegio comunicará las inscripciones practicadas al Consejo General a efectos de su constancia en el Registro central de Sociedades Profesionales y al Consejo de Procuradores del País Vasco.

c) La vigilancia de la actividad profesional para que esta se someta, en todo caso, a la ética y dignidad de la profesión y al debido respeto a los derechos de los ciudadanos.

d) El ejercicio, en el orden profesional y colegial, de la potestad disciplinaria.

e) La adopción de las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y los actos de competencia desleal, mediante el ejercicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico.

f) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los estatutos y reglamentos, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.

g) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados, así como sobre las sanciones firmes que les hubiera impuesto y las peticiones de comprobación, inspección o investigación sobre aquellos, que les formulen las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en el artículo 5.u) de la Ley del Estado 2/1974, de 13 de febrero.

Artículo 21.– De representación y defensa de la profesión y de sus colegiados.

El Colegio ejercerá las siguientes funciones de representación y defensa de la profesión y de sus colegiados:

a) Ejercer, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante las Administraciones públicas, los órganos jurisdiccionales y demás poderes públicos, así como ante cualesquiera instituciones, entidades y particulares.

b) Defender y amparar a los colegiados en el ejercicio de su profesión, particularmente en la protección de su independencia y libertad de ejercicio.

c) Actuar ante los Juzgados y Tribunales en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, con la legitimación que la ley les otorga, y hacerlo en representación o en sustitución procesal de sus miembros.

d) Intervenir en los procedimientos, administrativos o judiciales, en que se discutan cualesquiera cuestiones profesionales, cuando sean requeridos para ello o cuando se prevea su participación con arreglo a la legislación vigente.

e) Informar los proyectos de disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma de País Vasco de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 de la de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre.

f) Participar en los consejos, organismos consultivos, comisiones y órganos administrativos cuando así esté previsto en las normas reguladoras de los mismos y en los términos en ellas establecidos, así como en los de las organizaciones, nacionales o internacionales, cuando sea requerido para ello.

g) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por las Administraciones públicas y colaborar con ellas mediante la realización de estudios, la emisión de informes, la elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que pueden serles solicitadas o acuerde formular por iniciativa propia.

h) Designar representantes en cualquier tribunal en que se exijan conocimientos relativos a materias específicas, siempre que se le requiera para ello.

i) Organizar actividades y servicios de interés para los colegiados de índole profesional, formativa, cultural, médico-profesional, y otros análogos, o la colaboración, en su caso, con instituciones de este carácter, así como para la cobertura de responsabilidades civiles contraídas por los profesionales en el desempeño de su actividad.

j) Desarrollar cuantas otras funciones y servicios redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados.

Artículo 22.– Del arbitraje y mediación institucionales.

El ICPTA impulsará y desarrollará la mediación, así como desempeñará funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

SECCIÓN 2.ª

SERVICIOS COLEGIALES

Artículo 23.– Servicio de atención a consumidores y usuarios y a colegiados.

1.– El ICPTA velará por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.

2.– A estos efectos, dispondrá de un servicio de atención a aquellos, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.

3.– Las quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y a distancia. El Colegio resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión según corresponda.

4.– Asimismo, el Colegio atenderá las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados.

Artículo 24.– Ventanilla única.

1.– El ICPTA dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Mediante esta ventanilla única, los profesionales podrán, de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.

d) Ser convocados a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias y conocer la actividad pública y privada del Colegio.

2.– A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:

a) El acceso al Registro de colegiados y al Registro de sociedades profesionales.

b) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio profesional.

c) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

d) El contenido del Código Deontológico.

3.– El Colegio deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad.

SECCIÓN 3.ª

FUNCIONES DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 25.– Servicio de recepción de notificaciones y traslado de copias y documentos.

El ICPTA organizará un servicio de recepción de notificaciones y traslados de copias y documentos de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales.

Artículo 26.– Servicio de representación jurídica gratuita.

1.– El ICPTA organizará un servicio de representación gratuita para atender las peticiones de representación procesal derivadas del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

2.– A tal efecto, establecerá sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales que impidan que el servicio quede desprovisto del número de colegiados necesarios para su adecuado funcionamiento. Dicho sistema, que será público para todos los Procuradores y podrá ser consultado por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, se organizará con arreglo a los siguientes principios:

a) El territorio del colegio se dividirá en las zonas o demarcaciones que reglamentariamente se determinen a los efectos de su prestación.

b) La adscripción al servicio será facultativa para los colegiados.

c) Los miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten podrán ser dispensados de la obligación de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita durante su mandato, en atención al cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

3.– Los Procuradores adscritos al servicio deberán cumplir los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar el servicio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 27.– Servicio de turno de oficio.

1.– El ICPTA organizará un servicio de turno de oficio para garantizar la representación procesal de los justiciables al amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.

2.– El Colegio designará Procurador, por turno de oficio, cuando, siendo su intervención preceptiva o no, el órgano jurisdiccional ordene que la parte sea representada por procurador. Asimismo, efectuará la designación a instancia del interesado. El representado vendrá obligado al pago de los derechos arancelarios y suplidos del procurador por la prestación de los servicios profesionales.

3.– La adscripción al servicio será facultativa para los colegiados.

Artículo 28.– Servicio de depósitos de bienes embargados.

El ICPTA podrá constituir y organizar servicios de depósitos de bienes embargados, que deberán ser adecuados para asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario.

Artículo 29.– Designación como entidad especializada en la realización de bienes.

El ICPTA podrá constituirse y ser designado como entidad especializada en la realización de bienes. Asimismo, el Colegio podrá organizar un servicio de valoración de bienes embargados.

SECCIÓN 4.ª

FORMACIÓN PROFESIONAL

Artículo 30.– Participación en la capacitación profesional.

El ICPTA participará en el proceso de capacitación profesional conducente a la obtención del título profesional que habilite para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Estado 34/2004, de 30 de octubre y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Artículo 31.– Régimen de los tutores.

Las condiciones que deben satisfacer los Procuradores que aspiren a desempeñar las funciones de tutor de las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la profesión de Procurador, así como el procedimiento de selección de los mismos serán determinados en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, que regulará los derechos y obligaciones de los mismos.

Artículo 32.– Formación permanente.

El Colegio promoverá la formación profesional permanente de los Procuradores y velará por la efectividad del deber a la misma. Los Procuradores están obligados a mantener un nivel adecuado y actualizado de los conocimientos requeridos para el desempeño de su profesión.

SECCIÓN 5.ª

DE LAS FORMAS DE EJERCICIO PROFESIONAL Y DEL CONTROL DEL EJERCICIO SOCIETARIO

Artículo 33.– Formas de ejercicio profesional. Libertad y límites.

1.– Los Procuradores podrán ejercer su profesión individual o colectivamente con otros profesionales de la misma o de distinta profesión.

2.– Tanto en el supuesto de ejercicio individual como colectivo se podrá actuar en forma societaria. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo dispuesto en las Leyes.

3.– Exclusivamente podrán prestar servicios jurídicos integrales de defensa y representación, en los términos legalmente previstos, las sociedades multidisciplinares cuyo objeto social consista en la prestación de servicios profesionales de la Abogacía y la Procura de los Tribunales.

Artículo 34.– Sociedades profesionales para el ejercicio de la Procura.

1.– Las sociedades profesionales que se constituyan para el ejercicio de las actividades profesionales de la Procura se regirán por lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

2.– Las sociedades profesionales se inscribirán obligatoriamente en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Procuradores donde radique su domicilio social. La inscripción en el Registro determina su incorporación al mismo y la sujeción a las competencias que la legislación sobre colegios profesionales atribuye al Colegio sobre los profesionales incorporados al mismo.

3.– Las sociedades multidisciplinares cuyo objeto social consista en la prestación de servicios profesionales de la Abogacía y la Procura de los Tribunales se inscribirán en los Registros de Sociedades Profesionales de los correspondientes Colegios de Abogados y de Procuradores, quedando sometidas a las competencias de cada corporación según la actividad profesional desempeñada en cada caso.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN

SECCIÓN 1.ª

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 35.– Organización básica.

1.– Son órganos necesarios del ICPTA:

a) La Junta General.

b) La Junta de Gobierno.

c) El decano.

2.– En desarrollo de las previsiones organizativas del presente Estatuto, el Reglamento de Régimen Interior del Colegio podrá contemplar la existencia complementaria de otros órganos colegiales.

3.– Todos los órganos colegiados del ICPTA se podrán convocar, constituir, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en su caso en los términos que se establezcan por su Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 36.– Delegaciones territoriales.

El Colegio podrá establecer Delegaciones territoriales para el mejor cumplimiento de sus fines y mayor eficacia de sus funciones colegiales. Las Delegaciones tendrán las facultades y competencias que les delegue la Junta de Gobierno.

SECCIÓN 2.ª

JUNTA GENERAL

Artículo 37.– De la Junta General y sus competencias.

1.– La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio y se constituye por todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos.

2.– Son competencias de la Junta General:

a) Aprobar el Estatuto, el Reglamento de Régimen Interior, y el Código Deontológico del Colegio, así como sus modificaciones, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Gobierno para acordar las correspondientes normativas de desarrollo.

b) Conocer y sancionar la Memoria Anual del Colegio prevista en el artículo 11 de la Ley estatal 2/1974, de 13 de febrero.

c) Aprobar los presupuestos del Colegio y fijar el importe de las contribuciones colegiales.

d) Aprobar definitivamente la liquidación de los presupuestos y las cuentas de gastos e ingresos de cada ejercicio vencido.

e) Autorizar los actos de disposición de los bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos, así como de los restantes bienes patrimoniales que figuren inventariados como de considerable valor.

f) Proceder a la elección del decano y de los miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con el procedimiento determinado en el presente Estatuto.

g) Controlar la gestión del decano y de la Junta de Gobierno, recabando informes y adoptando, en su caso, las oportunas mociones, incluso la de censura con carácter revocatorio mediante el procedimiento fijado estatutariamente.

3.– La Junta General también podrá conocer de cuantos otros asuntos le sometan la Junta de Gobierno y de los demás previstos en el presente Estatuto.

Artículo 38.– Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.

1.– La Junta General puede celebrar sesiones con carácter ordinario o extraordinario.

2.– En el primero y en el último trimestre de cada año natural, respectivamente, se celebrarán sesiones de la Junta General, que tendrán carácter ordinario. La primera de ellas conocerá necesariamente de los asuntos descritos en las letras b) y d) del apartado segundo del artículo anterior, y la segunda del relacionado en la letra c) del mismo apartado y artículo.

3.– Podrán celebrarse también sesiones extraordinarias, para conocer de los asuntos propios de la convocatoria, cuando lo acuerde la Junta de Gobierno, por propia iniciativa, a instancia del decano o por solicitud escrita de al menos el veinte por ciento de los colegiados o el diez por ciento de los ejercientes.

Artículo 39.– Proposiciones de los colegiados.

Hasta cinco días hábiles antes de la celebración de la Junta General ordinaria, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de la misma. Serán incluidas en el orden del día para ser tratadas en el apartado denominado «proposiciones» inmediatamente antes del último apartado de «ruegos y preguntas» cuando se presenten suscritas por un mínimo del veinte por ciento de los colegiados o el diez por ciento de los ejercientes.

Artículo 40.– Convocatoria.

1.– La Junta de Gobierno convocará las sesiones de la Junta General con al menos quince días de antelación, que en los casos de urgencia, debidamente justificada, podrá reducirse a diez.

2.– La convocatoria se publicitará en la página web del Colegio y se comunicará a cada colegiado a su dirección electrónica por medios telemáticos.

3.– En la convocatoria se habrá de precisar el lugar, fecha y hora de celebración. La convocatoria incluirá el orden del día e irá acompañada, cuando sea necesario, de la documentación correspondiente a los temas a debatir. Los colegiados, en todo caso, podrán ejercer su derecho a la obtención de información sobre los asuntos del orden del día.

Artículo 41.– Celebración de las sesiones.

1.– Las sesiones de la Junta General se celebrarán en el lugar, fecha y hora señalados en la primera o, si procediera, en la segunda convocatoria. En primera convocatoria se exigirá la concurrencia de la mitad más uno de los colegiados ejercientes.

2.– Las sesiones estarán presididas y dirigidas por el decano del Colegio o, en su defecto, por quien legalmente lo sustituya.

3.– Abierta la sesión, se procederá a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior y se debatirán a continuación los asuntos incluidos en el orden del día definitivo.

4.– Si reunida la Junta General no pudiera en una sesión tratar todos los asuntos para los que hubiera sido convocada, por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, se suspenderá y continuará el día o días que en la misma se señalen o, en su defecto, en los que designe la Junta de Gobierno.

Artículo 42.– Ordenación del debate.

1.– El presidente moderará el debate y concederá el turno de palabra según usos democráticos.

2.– El que se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido, sino para ser llamado al orden por el presidente, por hallarse fuera de la cuestión, o por otro motivo justificado, a juicio de la presidencia.

3.– Se retirará el uso de la palabra al que, dentro de la misma cuestión, hubiese sido llamado en tres ocasiones al orden.

4.– Si algún colegiado continuase faltando al orden después de que se le retirara el uso de la palabra, el presidente podrá tomar las decisiones que crea convenientes, incluida la de expulsión del local donde la Junta se celebre.

Artículo 43.– Adopción de acuerdos.

1.– Las votaciones serán públicas. Excepto cuando se debata una moción de censura o una cuestión de confianza, que serán secretas. La votación secreta se efectuará mediante papeletas que deberán depositarse en urna.

2.– Como regla general, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos emitidos. No obstante, la adopción de acuerdos relativos a la moción de censura, la disolución del Colegio y la modificación estatutaria exigirá la concurrencia de los quórums de asistencia y de votación especialmente previstos en estos Estatutos.

3.– El voto de los ejercientes tiene valor doble que el de los no ejercientes.

4.– El voto deberá ser ejercido personalmente.

5.– En caso de empate, el decano o quien legalmente le sustituya tiene voto dirimente.

6.– No podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del día.

Artículo 44.– Aprobación de las actas.

Los acuerdos adoptados en la Junta General se harán constar en acta que confeccionará el secretario del Colegio y que será autorizada por él mismo y por el decano. Las actas se transcribirán a un libro foliado y debidamente legalizado o incorporadas a un soporte informático. El acta deberá ser ratificada en la siguiente sesión de la Junta General.

SECCIÓN 3.ª

JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 45.– De la Junta de Gobierno.

1.– La Junta de Gobierno es el órgano de administración y dirección del Colegio.

2.– La Junta de Gobierno está integrada, por: decano; vicedecano; secretario; vicesecretario; tesorero y cuatro vocales.

Artículo 46.– Competencias.

La Junta de Gobierno ejerce las competencias no reservadas a la Junta General, ni las asignadas específicamente a otros órganos colegiales. Además, y con carácter particular, ejercerá las siguientes:

1.º Con relación a los colegiados y a los órganos colegiales:

a) Resolver las solicitudes de colegiación, así como sobre la pérdida y suspensión de la condición de colegiado, pudiendo delegar esta facultad en alguno de sus miembros.

b) Acordar la inscripción de sociedades profesionales en el Registro colegial de sociedades.

c) Organizar y gestionar los servicios de turno de oficio y representación jurídica gratuita, así como distribuir los turnos en las causas de los litigantes de justicia gratuita o de quienes sin gozar de aquel beneficio soliciten la designación de Procurador de oficio.

d) Organizar y gestionar los servicios de notificaciones, traslados de escritos, depósitos y realización de bienes, y cuantos otros servicios le encomienden las leyes procesales y orgánicas o hayan sido creados por la Junta de Gobierno para el mejor funcionamiento del Colegio y el cumplimiento de sus funciones.

e) Ejercer las funciones colegiales de control de la actividad profesional.

f) Proponer a la Junta General la aprobación o la modificación del Estatuto, del Reglamento de Régimen Interior y del Código Deontológico del Colegio.

g) Elaborar la Memoria Anual del Colegio y dar publicidad a la misma a través de la página web del Colegio, una vez sancionada por la Junta General.

h) Convocar la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.

i) Conocer, en su caso, de los recursos que se interpongan contra los acuerdos colegiales conforme a lo dispuesto en el capítulo I del título IV.

j) Ejercer la potestad disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II del título IV.

k) Velar por el cumplimiento de la normativa, legal y colegial, y de los acuerdos adoptados por el Colegio, ejecutando los acuerdos del órgano plenario.

l) Coordinar el funcionamiento de toda la actividad y organización del Colegio.

m) Impedir y perseguir ante los Tribunales de Justicia el intrusismo y el ejercicio profesional con incumplimiento de sus normas reguladoras.

n) Organizar la enseñanza de formación, actualización y especialización de los profesionales.

o) Cuidar de las publicaciones, así como de la actividad promocional del Colegio.

p) Aprobar las bases de los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio y proceder a su contratación.

q) Resolver las quejas o reclamaciones de los colegiados y de los usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.

r) Implantar y organizar nuevos servicios colegiales, vigilando, programando y controlando los existentes.

2.º Con relación a la actividad externa del Colegio:

a) Defender y amparar a los procuradores cuando considere que son perturbados o perseguidos injustamente en el desempeño de sus funciones profesionales.

b) Emitir dictámenes, informes y evacuar consultas, cuando los órganos judiciales, entidades públicas o privadas, usuarios o consumidores requieran actuaciones del Colegio.

c) Realizar y promover en nombre del Colegio cuantas mejoras se estimen convenientes al progreso y a los intereses de la Procura y del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

d) Designar a los representantes del Colegio en los tribunales, jurados, y comisiones cuando fuera requerida la participación del Colegio.

3.º Con relación al régimen económico del Colegio:

a) Recaudar el importe de las contribuciones colegiales establecidas para el sostenimiento del Colegio, así como de los demás recursos económicos previstos; administrar el patrimonio del Colegio.

b) Determinar la estructura económica del Colegio, de sus presupuestos y del inventario de sus bienes.

c) Elaborar el proyecto anual de presupuestos para su aprobación por la Junta General.

d) Cerrar y someter a la aprobación de la Junta General la liquidación del presupuesto y las cuentas de ingresos y gastos.

e) Proponer a la Junta General el importe de las contribuciones colegiales y el establecimiento de las cuotas extraordinarias o derramas colegiales.

Artículo 47.– Régimen de funcionamiento.

1.– La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al mes, previa convocatoria del decano, a iniciativa propia o a petición del veinte por ciento de sus componentes, cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus miembros cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación.

2.– En la convocatoria se expresará el lugar, fecha y hora en que deba celebrarse la sesión y el orden del día.

3.– Para la válida constitución de la Junta de Gobierno se requerirá la presencia del decano y del secretario o de quien le sustituya, y de, al menos, la mitad de sus componentes.

4.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, el decano ostenta voto de calidad.

5.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 48.– Decano.

1.– El decano ostenta la representación legal del Colegio; ejecuta los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno; convoca y preside la Junta General y la Junta de Gobierno; y adopta en los casos de urgencia las medidas o acuerdos procedentes que someterá a la Junta de Gobierno para su ratificación.

2.– El decano también dirige y coordina la Junta de Gobierno, autoriza los gastos e inversiones del Colegio, ordenando el libramiento de los pagos; concede el visto bueno a las actas y certificaciones; preside las reuniones de los demás órganos colegiales cuando asista; y ejerce cuantas otras funciones le asigne el presente Estatuto y en su desarrollo el Reglamento de Régimen Interior del Colegio.

Artículo 49.– Del vicedecano, secretario, vicesecretario, y tesorero.

El vicedecano, secretario, vicesecretario, y tesorero, tendrán las siguientes atribuciones, que podrá desarrollar el Reglamento de Régimen Interior del Colegio:

a) El vicedecano sustituirá al decano en todas sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o vacante, auxiliándole en cuantos asuntos aquel le encomiende.

b) El secretario da fe de los actos y acuerdos de los órganos del Colegio; prepara el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados siguiendo las instrucciones del decano; redacta y autoriza las actas; extiende y autoriza las certificaciones; expide las comunicaciones y circulares; lleva y custodia los libros y la documentación del Colegio; lleva actualizado el Registro de colegiados; y dirige el personal administrativo siguiendo las directrices de la Junta de Gobierno.

c) El vicesecretario sustituye al secretario en los casos de ausencia, enfermedad o vacante y le auxilia en cuantos asuntos aquel le encomiende.

d) Es competencia del tesorero: elaborar el proyecto de presupuestos y de cuentas anuales; elaborar la propuesta de contribuciones colegiales; informar a la Junta de Gobierno del estado de las cuentas de ingresos y gastos y del grado de ejecución del presupuesto; controlar la recaudación y contabilidad del Colegio; abrir y cerrar cuentas corrientes e ingresar y retirar fondos conjuntamente con el decano; inventariar los bienes del Colegio; y cuantas otras de carácter económico se le encomienden para la gestión de los recursos del Colegio.

Artículo 50.– De los vocales.

Además de su labor como miembros de la Junta de Gobierno, y las funciones que esta les pueda asignar, los vocales, primero, segundo, tercero y cuarto, sustituirán por ausencia, enfermedad, o cese, por orden correlativo de su numeración, al decano, en defecto del vicedecano, y en los mismos casos y por el mismo orden, al tesorero, y por orden inverso, al secretario, en defecto del vicesecretario.

SECCIÓN 4.ª

RÉGIMEN DE PROVISIÓN DE CARGOS

Artículo 51.– Carácter electivo y duración del mandato.

1.– Los cargos de la Junta de Gobierno tienen carácter electivo. Son honoríficos y no remunerados.

2.– La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará por sufragio universal, libre, directo y secreto.

3.– Su duración será de cuatro años, renovándose por mitades al cabo de ese tiempo. Agotado el período de mandato podrán ser reelegidos para el mismo o distinto cargo.

Artículo 52.– Condiciones de elegibilidad.

1.– Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno, será requisito indispensable hallarse en el ejercicio de la profesión y contar con cinco años de ejercicio ininterrumpido de la profesión en calidad de colegiado ejerciente, salvo el cargo de decano que requerirá de diez años de ejercicio profesional también ininterrumpido en esa misma condición.

2.– Además, no deben estar incursos en ninguna de las siguientes situaciones:

a) Condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.

b) Sancionados disciplinariamente por cualquier Colegio de Procuradores, mientras no hayan sido canceladas las sanciones.

c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de contribución colegial.

3.– Ningún colegiado podrá presentarse, como candidato, a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la misma convocatoria.

Artículo 53.– Causas de cese.

Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:

a) Renuncia.

b) Ausencia inicial o pérdida sobrevenida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.

c) Expiración del plazo de mandato para el que fueron elegidos.

d) La aprobación de una moción de censura, de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos.

Artículo 54.– Provisión de vacantes.

Si por cualquiera otra causa que no sea la expiración del plazo del mandato se produjeran vacantes en la Junta de Gobierno de hasta tres de sus miembros, sus puestos serán cubiertos por el resto de los componentes de la Junta de Gobierno, conforme a los criterios de sustitución establecidos en este capítulo o en su defecto conforme acuerde la propia Junta de Gobierno.

Artículo 55.– Junta provisional.

1.– Cuando por cualquier causa quedaren vacantes más de la mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo de Procuradores del País Vasco o, en su defecto, el Consejo General de Procuradores de España, designará una Junta provisional, integrada por los colegiados ejercientes con mayor antigüedad, la cual convocará elecciones dentro de los treinta días siguientes al de su constitución. La Junta Provisional, así constituida, ejercerá sus funciones que hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección.

2.– Los designados vienen obligados a aceptar el cargo, que será irrenunciable, salvo razón de grave enfermedad.

SECCIÓN 5.ª

RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN

Artículo 56.– Moción de censura.

1.– La moción de censura a la Junta de Gobierno en pleno deberá sustanciarse siempre en Junta General extraordinaria convocada a ese exclusivo efecto.

2.– La solicitud de convocatoria de Junta General extraordinaria deberá ser suscrita, como mínimo, por un tercio de los colegiados ejercientes y expresará, con claridad, las razones en que se funde.

3.– La Junta General extraordinaria deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. No podrán debatirse en la misma otros asuntos que los expresados en la convocatoria.

4.– La válida constitución de la Junta General Extraordinaria requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo colegial con derecho a voto. En esta Junta el voto será siempre personal, directo y secreto.

5.– Para que prospere la moción de censura será necesario el voto positivo de dos tercios de los asistentes.

6.– Hasta transcurrido un año de su celebración, los firmantes de la moción no podrán suscribir una nueva solicitud de moción de censura.

Artículo 57.– Cuestión de confianza.

La Junta de Gobierno podrá acordar la convocatoria de Junta General extraordinaria al exclusivo objeto de plantear la cuestión de confianza sobre su programa, o sobre una declaración de política gestora en particular. Si la confianza no se otorga por acuerdo válido de la Junta General, se entenderán cesados de inmediato todos los cargos y se procederá la convocatoria de elecciones conforme a lo dispuesto en este Estatuto.

SECCIÓN 6.ª

RÉGIMEN ELECTORAL

Artículo 58.– Derecho de sufragio activo.

Son electores todos los colegiados que a la fecha de convocatoria del proceso electoral se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos colegiales.

Artículo 59.– Convocatoria.

1.– La Junta de Gobierno del Colegio convocará elecciones para la provisión de cargos con al menos cuarenta días naturales de antelación a la fecha de su celebración.

2.– La convocatoria habrá de contener los extremos siguientes: cargos objeto de elección; día, hora y lugar de la elección; y calendario electoral.

3.– La Junta de Gobierno podrá aprobar normas electorales que rijan para cada proceso electoral en desarrollo de las presentes previsiones estatutarias. En ese caso, se habrán de adjuntar a la convocatoria.

Artículo 60.– Junta Electoral.

1.– Convocadas elecciones, la Junta de Gobierno procederá a la designación de la Junta Electoral que estará integrada por un presidente, un secretario y un vocal, elegidos mediante sorteo entre procuradores ejercientes con más de cinco años de ejercicio profesional.

2.– El ejercicio del cargo de miembro de la mesa electoral tendrá carácter obligatorio para los designados, quienes solo se podrán excusar por causas graves que habrá de estimar justificadas la Junta de Gobierno.

3.– La Junta Electoral velará por el respeto de las normas estatutarias y colegiales que rigen el proceso electoral, ejerciendo las funciones de impulso y ordenación del proceso electoral que se le atribuyen en el presente Estatuto.

Artículo 61.– Censo electoral.

1.– El secretario del Colegio elaborará el censo electoral, en el que habrán de figurar todos los colegiados con derecho a voto en la fecha de convocatoria de las elecciones.

2.– El censo estará expuesto en la sede del Colegio transcurridos quince días desde la convocatoria de las elecciones. Dentro de los primeros diez días naturales podrán presentarse reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de electores. Las reclamaciones se resolverán por la Junta Electoral en los cinco días naturales siguientes. Solo los colegiados que figuren inscritos en el censo podrán participar en el proceso electoral.

Artículo 62.– Presentación y proclamación de candidatos.

1.– Las candidaturas deberán presentarse en la secretaría del Colegio, con al menos veinte días naturales de antelación a la fecha señalada para el acto electoral, en sobre cerrado y sellado, que permanecerá bajo custodia de la Junta Electoral hasta el día siguiente a la expiración del plazo.

2.– Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.

3.– La Junta Electoral convocará para el día siguiente de la terminación del plazo de presentación de candidaturas a un representante de cada una que, previamente, haya consignado su nombre en la secretaría del colegio, a tal efecto. En presencia de todos los que hubieran acudido, se abrirán los sobres, y se levantará acta. A continuación, procederá a la proclamación de candidatos de quienes reúnan los requisitos estatutarios.

4.– La Junta Electoral resolverá las reclamaciones que hubiere dentro de los cinco días naturales siguientes, notificando su resolución a los reclamantes.

5.– La Junta Electoral proclamará las candidaturas, resueltas, en su caso, las reclamaciones interpuestas y dará conocimiento de la proclamación a los colegiados a través de la página web colegial y mediante la inserción en el tablón de anuncios de la sede colegial. La Junta Electoral aprobará el modelo oficial de papeletas cuya confección deberá iniciarse inmediatamente después de la proclamación.

Artículo 63.– Proclamación como electos de candidatos únicos.

En el supuesto de que se presentará una sola candidatura para cada cargo, y fuese proclamada por la Junta Electoral, esta, debidamente constituida podrá acordar su proclamación sin necesidad de proceder a la votación.

Artículo 64.– Campaña electoral.

1.– Proclamados los candidatos, dará comienzo la campaña electoral, que finalizará cuarenta y ocho horas antes de la hora señalada para la celebración de las elecciones.

2.– No podrá difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral, una vez que esta haya legalmente terminado, ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña.

Artículo 65.– Modalidades de votación. Voto por correo.

1.– El voto se podrá ejercer personalmente o por correo postal.

2.– La votación por correo requiere que: quede constancia del envío, se acredite la identidad del votante, y se garantice el secreto del voto.

3.– El procedimiento de votación por correo se ajustará a los siguientes requisitos:

a) Se remitirá el voto en la papeleta oficial, que introducirá en un sobre, que será cerrado y, a su vez, introducido en otro mayor, en el que también se incluirá una fotocopia del documento nacional de identidad del elector, quien firmará sobre la misma.

b) El envío se hará a la sede del Colegio de Procuradores, haciendo constar junto a las señas: «Para la Junta Electoral». El Colegio registrará la entrada de estos envíos y sin abrir el sobre se entregará a la Junta Electoral el día de la votación.

4.– El día anterior a la celebración de las elecciones será el último día hábil para recibir el voto por correo.

5.– Todo elector podrá revocar su voto por correo compareciendo a votar personalmente. En tal caso, el sobre será destruido en el mismo acto y en su presencia.

Artículo 66.– Escrutinio, proclamación de resultados y reclamaciones.

1.– Finalizada la votación, la Junta Electoral procederá de inmediato al escrutinio. Se proclamarán electos para cada cargo a los candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio y, si se mantuviera el empate, el de mayor edad.

2.– Veinticuatro horas antes de comenzar la votación, las candidaturas podrán comunicar a la Junta Electoral la designación de un interventor de mesa. Los interventores podrán asistir a todo el proceso de votación y de escrutinio y formular las reclamaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por aquella y recogidas en el acta por el secretario. Los interventores y los candidatos podrán examinar al término del escrutinio las papeletas que ofrezcan dudas.

3.– Acabado el escrutinio, se levantará acta del resultado y el presidente de la Junta Electoral hará públicos los mismos a los presentes en la sala. La Junta Electoral proclamará elegidos a los candidatos correspondientes y publicará los resultados levantando el acta oportuna.

4.– Las reclamaciones contra el resultado de las elecciones se presentarán ante el Consejo de Procuradores del País Vasco en el plazo máximo de un mes desde la celebración de las elecciones.

5.– En lo no previsto por este Estatuto en relación con el procedimiento electoral serán de aplicación supletoria los principios dispuestos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

Artículo 67.– Toma de posesión.

1.– Los nuevos cargos electos tomarán posesión dentro del plazo de los cinco días siguientes a la proclamación de su elección.

2.– En los diez días siguientes, el decano comunicará la toma de posesión de los nuevos cargos al Consejo General de Procuradores, al Consejo de Procuradores del País Vasco y al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Colegios Profesionales.

TÍTULO IV

RÉGIMEN JURÍDICO

CAPÍTULO I

RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL

Artículo 68.– Normativa aplicable.

1.– El ICPTA se rige por las siguientes normas:

a) La Ley del Estado 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y la Ley del País Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, sobre ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

b) El presente Estatuto.

c) El Reglamento de Régimen Interior y las demás normas que se adopten en desarrollo y aplicación del Estatuto.

d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto le resulte aplicable.

2.– El Colegio, en tanto que corporación de Derecho público, está sujeto al Derecho administrativo. En las actuaciones sujetas al Derecho Administrativo, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en los términos contemplados por su artículo 2.4.

3.– Las cuestiones de índole civil o penal quedan sometidas al régimen jurídico correspondiente, así como las relaciones con su personal, que se regirán por la legislación laboral. Igualmente, el patrimonio, la contratación y cualquier otro extremo correspondiente a materias propias de la hacienda de los colegios profesionales se regirán por el Derecho privado.

4.– Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del Colegio deberán observar los límites de la Ley de Defensa de la Competencia.

El ejercicio de la profesión se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y la fijación de su remuneración, en el marco del arancel de derechos de los Procuradores, y del resto de condiciones de prestación de servicio, a la Ley de Defensa de la Competencia.

5.– En materia de comunicaciones comerciales se estará a lo dispuesto en la Ley General de Publicidad y a la Ley de Competencia Desleal.

Artículo 69.– Eficacia de los actos.

1.– Los acuerdos adoptados por el Colegio en ejercicio de potestades administrativas se considerarán ejecutivos desde su adopción, sin más requisito que su notificación o publicación cuando proceda y salvo que de sus propios términos resulten sometidos a plazo o condición de eficacia.

2.– Cuando el Colegio no disponga de capacidad propia ni medios para la ejecución forzosa de sus actos administrativos, lo pondrán en conocimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del departamento de adscripción. A tal efecto, podrá recabar de esta el auxilio ejecutivo necesario para la ejecución forzosa de sus actos administrativos.

3.– La ejecución de las resoluciones sancionadoras se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título IV del Estatuto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

Artículo 70.– Régimen general de impugnación.

1.– Los acuerdos y resoluciones de los órganos colegiales, así como los actos de trámite que directa o indirectamente decidan el fondo del asunto, impiden la continuación del procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, son susceptibles de recurso en los siguientes términos:

a) Los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta General son recurribles en alzada ante el Consejo de Procuradores del País Vasco.

b) Los acuerdos de los demás órganos colegiales serán recurribles, en su caso, ante la Junta de Gobierno.

2.– La interposición, plazos y resolución de los recursos en la vía colegial se regirán por lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que se disponen en el siguiente precepto.

3.– Los acuerdos dictados en uso de facultades o competencias delegadas por las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco estarán sometidas al régimen de impugnación general de los actos de las mismas.

Artículo 71.– Especialidades del procedimiento de recurso.

1.– Los recursos de que conozca el Consejo de Procuradores del País Vasco se interpondrán ante la Junta de Gobierno del Colegio, que deberá elevarlos, con sus antecedentes y el informe que proceda, al Consejo dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.

2.– El Consejo de Procuradores del País Vasco deberá resolver y notificar en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la interposición del recurso. El silencio tendrá efectos desestimatorios. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido y el Consejo de Procuradores del País Vasco podrá acordarla o denegarla motivadamente.

3.– La Junta de Gobierno estará legitimada en todo caso para recurrir los acuerdos de la Junta General.

Artículo 72.– Revisión jurisdiccional.

Los actos emanados de la Junta General y de la Junta de Gobierno del ICPTA, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

SECCIÓN 1.ª

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73.– De la potestad disciplinaria.

1.– Los profesionales integrados en el ICPTA deben tener como guía de su actuación el servicio a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones deontológicas propias de la profesión.

2.– El ICPTA sancionará disciplinariamente las acciones y omisiones de los profesionales y, en su caso, de las sociedades profesionales, que vulneren las normas reguladoras de la profesión, el Estatuto y Reglamentos colegiales o el Código Deontológico.

3.– Las infracciones se calificarán como muy graves, graves o leves.

Artículo 74.– Competencia.

1.– El ejercicio de la potestad disciplinaria es competencia ordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio.

2.– La competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los miembros de la Junta de Gobierno del ICPTA reside en el Consejo de Procuradores del País Vasco.

SECCIÓN 2.ª

INFRACCIONES

Artículo 75.– Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

1.– Las tipificadas como tales en el artículo 15, apartado 1, letras a), b), c), d), e) y g) de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, concretadas en los términos siguientes:

a) El ejercicio de la profesión de procurador sin estar en posesión del título profesional que habilita para la profesión de Procurador de los Tribunales con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Estado 34/2006, de 30 de octubre.

b) El incumplimiento de los deberes profesionales del Procurador cuando resulte perjuicio grave para quienes soliciten o concierten la actuación profesional.

c) La vulneración del secreto profesional.

d) El ejercicio de la profesión de Procurador en situación de inhabilitación profesional o incurso en causa de incompatibilidad o prohibición.

e) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión de Procurador.

f) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años. Se exceptúa de lo dispuesto en este párrafo la infracción señalada en la letra h) del apartado 1 del precepto siguiente.

2.– Las que a continuación se tipifican, en tanto que constituyen concreción del tipo de las infracciones anteriores, por corresponder a características propias de la profesión de Procurador y en relación con sus colegiados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.1.f) de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre:

a) La percepción indebida de derechos económicos en la prestación del servicio de representación gratuita.

b) La emisión de facturas o minutas por conceptos inexistentes o por actuaciones profesionales no realizadas.

c) La inasistencia reiterada e injustificada a los órganos jurisdiccionales o a los servicios comunes de notificaciones y traslados de escritos.

3.– La vulneración de la prohibición de ofrecimiento de servicios profesionales en los términos previstos por el artículo 8 de la Ley del Estado 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Artículo 76.– Infracciones graves.

Son infracciones graves:

1.– Las tipificadas como tales en el artículo 15, apartado 2, letras b), c), d), e), f), g), h) y j) de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, concretadas en los términos siguientes:

a) El incumplimiento de los deberes profesionales del procurador, cuando resulte perjuicio para quienes soliciten o concierten la actuación profesional.

b) La vulneración del deber de comunicación al Colegio de todo acto de intrusismo u otra actuación profesional irregular de que tenga conocimiento dispuesto en el artículo 11 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre.

c) El incumplimiento del deber de aseguramiento establecido en el artículo 12 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre.

d) El incumplimiento del deber de ejercicio profesional forzoso a que se refiere el artículo 13 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, salvo existencia de causa justificada que imposibilite la prestación del servicio, cuando hubiese sido debidamente requerido al efecto.

e) La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales de su misma profesión o de los órganos de gobierno de esta, y de las personas o instituciones con quienes se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional, así como la agresión física a los mismos.

f) Los actos constitutivos de competencia desleal, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Derecho de la competencia y competencia desleal.

g) Los actos que impidan o alteren el normal funcionamiento del colegio o de sus órganos.

h) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.

2.– Las infracciones que a continuación se tipifican, en tanto que constituyen concreción del tipo de las infracciones anteriores, por corresponder a características propias de la profesión de procurador y en relación con sus colegiados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.i) de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre.

a) El incumplimiento de los deberes consignados en el Código Deontológico, salvo que se tipifique como infracción muy grave o leve.

b) El incumplimiento de las obligaciones de las colegiados descritas en el artículo 18 de este Estatuto, salvo que el mismo se tipifique como infracción muy grave o leve.

c) La falta de atención o de diligencia o fidelidad en el desempeño de los cargos colegiales, o el incumplimiento de los deberes correspondientes al cargo.

d) El incumplimiento o desatención de los requerimientos de los órganos colegiales competentes.

e) El incumplimiento de la obligación de puesta a disposición de los destinatarios del servicio profesional de la información exigida en el artículo 22.2 de la Ley del Estado 17/2009, de 23 de noviembre.

Artículo 77.– Infracciones leves.

Son infracciones leves las tipificadas como tales en el artículo 15.3, de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, concretadas en los términos siguientes:

a) La vulneración de cualquier otro precepto que regule la actividad profesional, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

b) La falta de consideración a los colegiados.

c) La desconsideración no ofensiva hacia los cargos de gobierno colegiales.

SECCIÓN 3.ª

SANCIONES

Artículo 78.– Clases de sanciones.

1.– Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:

1.ª Apercibimiento.

2.ª Multa que no exceda de 300 euros.

3.ª Inhabilitación profesional por un plazo que no exceda de un año.

4.ª Multa comprendida entre 301 y 3.000 euros.

5.ª Multa comprendida entre 3.001 y 30.000 euros.

6.ª Inhabilitación profesional por un plazo comprendido entre un año y un día y veinte años.

2.– Las sanciones 3.ª a 6.ª implican accesoriamente la suspensión de los derechos electorales por el mismo período de su duración, así como, en su caso, el cese en los cargos colegiales que se ejercieran.

3.– Cuando las infracciones sean cometidas por una sociedad profesional, se aplicarán las mismas sanciones que a los colegiados con las siguientes especialidades:

a) Las sanciones 3.ª y 6.ª conllevarán simultáneamente la baja de la sociedad en el Registro de sociedades profesionales por el mismo período de su duración.

b) No resultará de aplicación la sanción accesoria descrita en el apartado segundo de este precepto.

Artículo 79.– Correspondencia entre infracciones y sanciones.

1.– A las infracciones leves corresponderán las sanciones 1.ª y 2.ª descritas en el apartado primero del artículo anterior, a las graves las sanciones 3.ª y 4.ª, y a las muy graves, las sanciones 5.ª y 6.ª.

2.– En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, y en particular, las siguientes:

a) Intencionalidad manifiesta de la conducta.

b) Negligencia profesional inexcusable.

c) Desobediencia reiterada a acuerdos o requerimientos colegiales.

d) Daño o perjuicio grave a terceros.

e) Hallarse en el ejercicio de cargo público o colegial al cometer la infracción, cuando se prevalga de esta condición.

3.– Cuando el infractor hubiere obtenido beneficio económico a consecuencia de la infracción, la multa se incrementará en la cuantía que exceda la evaluación de dicho beneficio económico de los límites máximos previstos en el artículo anterior con un mínimo del equivalente de dicha evaluación y un máximo del doble de esta.

Artículo 80.– Eficacia y ejecución de las sanciones.

1.– Las sanciones impuestas por el Colegio surtirán efectos en todo el territorio español de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley del Estado 2/1974, de 13 de febrero.

2.– Las sanciones no podrán ser ejecutadas hasta que la resolución agote la vía administrativa.

3.– El Colegio procederá por si mismo a la ejecución forzosa de sus propias resoluciones sancionadoras de acuerdo con las normas aplicables a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco procederá a la ejecución subsidiaria de las resoluciones colegiales que impongan sanciones de inhabilitación profesional.

3.– La sanción de inhabilitación será efectiva a partir del momento en que adquiera firmeza la resolución sancionadora. Si el sancionado estuviere ya en situación de inhabilitación por otras causas o como consecuencia de la ejecución y otras sanciones, el período de inhabilitación comenzará a cumplirse automáticamente en el momento en que se extinga la anterior, y así sucesivamente.

4.– De todas las sanciones se dejará constancia en el expediente colegial del interesado y se dará cuenta al Consejo General, al Consejo de Procuradores del País Vasco, y en su caso al Colegio de pertenencia.

SECCIÓN 4.ª

PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

Artículo 81.– Prescripción de infracciones y de sanciones.

1.– Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

2.– Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las correspondientes a infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años.

3.– Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde el día de la comisión de la infracción y los de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora.

4.– La prescripción de las infracciones se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al expedientado, se reanudará el cómputo de la prescripción.

5.– La prescripción de las sanciones se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.

Artículo 82.– Cancelación de las sanciones.

1.– Las sanciones se cancelarán al año si la sanción impuesta fuera la 1.ª o 2.ª, a los dos años si fuera la 3.ª o 4.ª, a los tres años si fuera la 5.ª, y a los cinco años la 6.ª. Los plazos anteriores se contarán a partir del cumplimiento efectivo de la sanción.

2.– La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos.

SECCIÓN 5.ª

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 83.– Régimen jurídico del procedimiento.

1.– El ejercicio de la potestad disciplinaria requerirá la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario.

2.– La tramitación del procedimiento disciplinario se ajustará a lo dispuesto en la presente sección, y en lo no previsto por la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 84.– Actuaciones previas.

1.– Con anterioridad al inicio del procedimiento, la Junta de Gobierno podrá realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación.

2.– Estas actuaciones se orientarán, en especial, a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación del Procurador que pudiera resultar responsable y las circunstancias relevantes que concurran en unos u otros.

3.– La apertura de este trámite se comunicará al denunciado, con aportación en su caso de la queja o denuncia presentada para que la conteste y formule las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días.

4.– La Junta de Gobierno podrá acordar la práctica de cuantas diligencias de investigación estime oportunas.

5.– Una vez conclusas las actuaciones previas y, en todo caso, transcurrido el plazo máximo de seis meses desde su acuerdo, la Junta de Gobierno ordenará el archivo o la incoación de procedimiento disciplinario a resultas de la misma. Deberá notificarse a los interesados con indicación de los recursos que, en su caso, procedan contra la misma.

Artículo 85.– Procedimiento disciplinario.

1.– El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de Gobierno, como consecuencia de iniciativa propia, petición razonada del decano o denuncia firmada por un colegiado o por un tercero con interés legítimo. La denuncia deberá contener: la identificación del denunciante, el relato de los hechos que pudieran constituir motivo de infracción, así como su fecha, y, cuando sea posible, la identificación del presunto responsable.

2.– El acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario deberá recoger la identificación del profesional o profesionales presuntamente responsables, los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, así como la designación del instructor, y en su caso secretario del procedimiento con indicación del régimen de recusación de los mismos, y la indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio. El acuerdo se notificará a los interesados.

3.– Tras las oportunas diligencias indagatorias, el instructor propondrá el sobreseimiento del expediente si no encontrara indicios de ilícito disciplinario o formulará pliego de cargos en caso contrario. La resolución de la Junta de Gobierno que disponga el sobreseimiento del expediente será inmediatamente notificada a los interesados.

4.– En el pliego de cargos se indicarán, con precisión, claridad y debidamente motivados, los actos profesionales o colegiales que se presumen ilícitos, la calificación del tipo de infracción en que incurre aquella conducta y la sanción a que, en su caso, pueda ser acreedora.

5.– Se concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que conteste por escrito y formule escrito de alegaciones, aporte documentos e informaciones y proponga las pruebas que estime oportunas para su defensa. Podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles en Derecho. El instructor practicará las que estime pertinentes entre las propuestas o las que pueda acordar. De las audiencias y pruebas practicadas se dejará constancia escrita en el expediente.

6.– La instrucción concluirá con la formulación de una propuesta de resolución, que fijará con precisión los hechos imputados al expedientado, indicará la infracción o infracciones cometidas y las sanciones que correspondan. De esta propuesta se dará traslado al interesado, al que se concederá nuevo trámite de audiencia para que pueda alegar cuanto estime conveniente a su derecho.

7.– La Junta de Gobierno adoptará motivadamente la resolución que estime conveniente decidiendo todas las cuestiones planteadas. No podrá versar sobre hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución. Si el instructor formara parte de la Junta de Gobierno no podrá participar en las deliberaciones ni en la adopción de la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE DISTINCIONES, PROTOCOLO Y SÍMBOLOS

Artículo 86.– Colegiados y cargos de honor.

1.– La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá nombrar colegiados de honor a las personas, físicas o jurídicas, que acrediten méritos o servicios relevantes prestados a la profesión. La distinción podrá, en su caso, concederse a título póstumo.

2.– La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, también podrá otorgar a título honorífico la condición de decano. La distinción recaerá en aquellas personas merecedoras de tal distinción por sus excepcionales cualidades profesionales y sociales y su contribución a la defensa, desarrollo y perfeccionamiento de la Procura.

Artículo 87.– Otras recompensas.

1.– La Junta de Gobierno del Colegio podrá conceder otras recompensas honoríficas y de carácter económico-científico.

2.– Las recompensas honoríficas podrán consistir en: felicitaciones y menciones; propuesta de condecoraciones oficiales; designación como miembros honoríficos; y otorgamiento de la Medalla de Honor del Colegio.

3.– Las recompensas de carácter económico-científico podrán ser las que, en cada momento, decida la Junta de Gobierno y serán concedidas por esta, pudiendo consistir en: premios a trabajos de investigación y publicación, a cargo del Colegio, de aquellos trabajos de destacado valor científico o de investigación que en cada momento se acuerde editar.

Artículo 88.– Tratamientos honoríficos y protocolarios.

1.– El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava ostenta el tradicional tratamiento de Ilustre. Su decano tendrá la consideración honorífica de presidente de Sala del Tribunal Superior de Justicia. Llevará vuelillos en su toga, así como las medallas y placas correspondientes a su cargo, en audiencia pública y actos solemnes a los que asistan en ejercicio de los mismos.

2.– En tales ocasiones, los demás miembros de la Junta de Gobierno del Colegio continuarán utilizando como atributos propios de sus cargos la placa de plata colegial y la medalla creada por la Real Orden de 26 de junio de 1903.

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA ESTATUTARIA

Artículo 89.– Iniciativa.

1.– La iniciativa para la reforma de los presentes Estatutos corresponde a la Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de votos, o a la solicitud suscrita por el veinticinco por ciento del total de colegiados.

2.– Los acuerdos de iniciativa deberán incorporar un texto articulado que contendrá la modificación, parcial o total, que se propone.

Artículo 90.– Procedimiento.

1.– Acordada la iniciativa, la Junta de Gobierno dará traslado a todos los colegiados para que en el plazo de un mes formulen las observaciones, alegaciones, enmiendas o textos alternativos que estimen pertinentes.

2.– No se podrán presentar enmiendas a artículos o preceptos diferentes de aquellos a que se refiera en concreto la iniciativa ejercida. La Junta de Gobierno rechazará en forma motivada para su inclusión en el debate todas las enmiendas que incumplan dicho requisito o que, cumpliéndolo formalmente, afecten a preceptos diferentes de los enunciados en la iniciativa, sin que contra su decisión quepa recurso corporativo alguno.

3.– Dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo a que se refiere el apartado anterior, el decano convocará Junta General extraordinaria para el debate y aprobación de la reforma, si procede.

4.– El conjunto de la reforma se someterá a votación de totalidad por la Junta General, resultando aprobado si obtuviere la mayoría absoluta.

5.– En caso de no lograr su aprobación, el decano convocará, en el plazo de un mes, una nueva Junta General extraordinaria, en la que bastará su aprobación por mayoría simple.

6.– El procedimiento de reforma previsto en el presente precepto será de aplicación tanto a las reformas parciales de los Estatutos como a su reforma total.

7.– La reforma, una vez aprobada, será comunicada al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de colegios profesionales a los efectos del artículo 33.3 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, acompañándose acta de la sesión de la Junta General, con certificación circunstanciada de haberse dado cumplimiento al procedimiento, así como al Consejo General de Procuradores de los Tribunales y al Consejo de Procuradores del País Vasco.

TÍTULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 91.– Autonomía económica y financiera.

El ICPTA goza de autonomía económica y financiera para el cumplimiento de sus fines y funciones.

Artículo 92.– Recursos económicos.

1.– Son ingresos ordinarios del Colegio:

a) Los productos de los bienes y derechos del patrimonio colegial.

b) Las contribuciones económicas de los procuradores, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

c) Las percepciones por la expedición de certificaciones o copias de datos o documentos obrantes en sus archivos, o de copias de documentos por él producidos.

d) Los honorarios por la elaboración de informes, dictámenes, estudios, y cualesquiera otros asesoramientos que se requieran al Colegio, así como los derechos por admisión y administración de arbitrajes y mediaciones. En ningún caso estas percepciones podrán provenir de la prestación por parte del Colegio de servicios profesionales propios de los procuradores.

e) Los beneficios que obtenga por sus publicaciones u otros servicios o actividades remuneradas que realice.

f) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.

2.– Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:

a) Las subvenciones que se concedan por las Administraciones Públicas y demás instituciones públicas o privadas, cuyo destino final quedará condicionado a las normas reguladoras de su concesión.

b) Los donativos, herencias o legados de los que el Colegio pueda ser beneficiario.

c) El producto de la enajenación de los bienes de su patrimonio.

d) Las cantidades que en cualquier concepto corresponda percibir al Colegio por administración de bienes ajenos.

e) Los ingresos por patrocinio publicitario.

f) El importe de las sanciones de multa impuestas.

g) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.

Artículo 93.– Contribuciones de los procuradores.

1.– Son contribuciones económicas de los procuradores:

a) La cuota de incorporación al Colegio. Su importe no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación del ingreso.

b) La cuota ordinaria fija. Tendrá carácter periódico y será única para todos los colegiados ejercientes.

c) Los derechos económicos que se devenguen en concepto de cuota variable por actuaciones profesionales.

d) Las cuotas extraordinarias o las derramas colegiales.

e) Las cantidades que, en su caso, se establezcan por el uso individualizado de los servicios colegiales.

2.– La Junta General determinará la cuantía de las contribuciones colegiales a propuesta de la Junta de Gobierno.

3.– A los procuradores procedentes de otro Colegio que realicen actuaciones profesionales en el ámbito del ICPTA no podrán exigírseles cuotas de ingreso, cuotas ordinarias fijas ni cuotas extraordinarias o derramas colegiales.

Artículo 94.– Régimen presupuestario.

1.– El régimen económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será anual, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones del Colegio referido a un año natural.

2.– En cada presupuesto se cifrarán con la suficiente especificación los gastos previstos en función del programa de actividades a desarrollar por los órganos colegiales, así como los ingresos que se prevea devengar durante el correspondiente ejercicio.

Artículo 95.– Auditoría.

La Junta de Gobierno designará un auditor de cuentas que auditará las cuentas correspondientes a cada ejercicio presupuestario, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo dispuesto por su ley reguladora.

Artículo 96.– Del patrimonio y su administración.

1.– Constituye el patrimonio de cada Colegio el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones.

2.– La Junta de Gobierno administrará el patrimonio colegial.

Artículo 97.– De los empleados.

La Junta de Gobierno aprobará las bases por las que han de regirse los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio, y procederá a su designación, ya sea con ocasión de vacante o de plazas de nueva creación, en función de las necesidades de la corporación.

TÍTULO VI

DE LA DISOLUCIÓN DEL COLEGIO

Artículo 98.– Disolución.

1.– El ICPTA solo podrá disolverse por Ley del Parlamento Vasco previo acuerdo adoptado en Junta General por la mayoría absoluta del total colegiados ejercientes. Dicho acuerdo solo podrá adoptarse en el supuesto de que la intervención de Procurador ante los órganos jurisdiccionales dejare de ser preceptiva con carácter general conforme a las leyes procesales.

2.– La ejecución del acuerdo de disolución adoptado por la Asamblea General abrirá el período de liquidación. El acuerdo de disolución establecerá el procedimiento de liquidación de su patrimonio, derechos y obligaciones, fijándose el destino del remanente, si lo hubiere, de acuerdo con lo que decida la Asamblea General.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Designación de Procuradores en caso de ausencia o enfermedad.

En caso de ausencia o enfermedad del colegiado ejerciente que no tenga designado sustituto, se procederá por el decano a su designación hasta que el poderdante decida lo que le convenga o remita la circunstancia determinante de la sustitución, dando cuenta a los órganos jurisdiccionales correspondientes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Género gramatical.

El presente documento está redactado en género masculino no marcado. Por tanto, cualquier cita del mismo, cuando se refiera a personas de sexo femenino, puede realizarse, directamente, en el género correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Exigencia y dispensas legales del título profesional que habilita para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales.

La exigencia por el artículo 10.1.b) de este Estatuto del título profesional habilitante para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales como condición necesaria de ingreso en el Colegio se entiende sin perjuicio de las excepciones establecidas en la disposición adicional octava, disposición adicional novena y disposición transitoria única de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Mandatos de cargos de gobierno del colegio.

Los miembros de los actuales órganos de gobierno del Colegio permanecerán en sus cargos hasta la expiración del mandato en curso. En ese momento se procederá a su elección de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Recursos.

Los recursos que, en su caso, se encontraren en tramitación a la entrada en vigor del Estatuto continuarán la misma de acuerdo con las normas vigentes en el momento de su interposición.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Adecuación y desarrollos normativos.

1.– El Colegio adecuará la normativa reglamentaria interna del Colegio a las previsiones del presente Estatuto.

2.– En tanto se proceda a dicha adaptación, la normativa interna del Colegio mantendrá su vigencia en cuanto no contradiga lo dispuesto en el presente Estatuto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.– Efectos derogatorios.

La entrada en vigor del presente Estatuto determinará la derogación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de Álava, aprobados por Orden de 16 de abril de 2007, del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Análisis documental