Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Preguntas frecuentes sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos

Es el procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, describir y evaluar de forma apropiada los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural y la interacción entre los factores mencionados. Este procedimiento se incorporará en el procedimiento de autorización, aprobación o control del órgano sustantivo.

En este procedimiento administrativo se realizarán diversos trámites, las Administraciones públicas promoverán y asegurarán la participación de las personas interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización, aprobación y control de proyectos, y se redactarán varios documentos.

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Para saber si un proyecto a desarrollar en la CAPV está sometido a EIA deben consultarse los anexos y contenido de la normativa que le aplica. Dada su complejidad, conviene seguir el siguiente orden:

  1. Comprobar si está incluido en el Anexo IB de la Ley 3/1998 (PDF, 136 KB), de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. En caso afirmativo, tramitar la solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos de acuerdo a la sección 1ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
  2. Comprobar si está incluido en el Anexo I (PDF, 353 KB) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En caso afirmativo, tramitar la solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos de acuerdo a la sección 1ª de esa L21/2013.
  3. Comprobar si está incluido en la normativa de Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Gestión Espacios Protegidos de la CAPV. En caso afirmativo, tramitar la solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos de acuerdo a la sección 1ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
  4. Comprobar si es una modificación de un proyecto recogido en la normativa de evaluación ambiental que alcanza los umbrales establecidos para la evaluación de impacto ambiental ordinaria.  En caso afirmativo, tramitar la solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos de acuerdo a la sección 1ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
  5. Comprobar si está incluido en el Anexo II (PDF, 367 KB) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En caso afirmativo, tramitar la solicitud de acuerdo a la sección 2ª de esa L21/2013.
  6. Comprobar si puede afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. En caso afirmativo tramitar la solicitud de acuerdo a la sección 2ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
  7. Comprobar si es una modificación de un proyecto recogido en la normativa de evaluación ambiental que está autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, y que concurran alguna de las siguientes circunstancias:(En caso afirmativo tramitar la solicitud de acuerdo a la sección 2ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental)
    • Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
    • Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
    • Incremento significativo de la generación de residuos.
    • Incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
    • Afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
    • Afección significativa al patrimonio cultural.
  8. Comprobar si es uno de los proyectos del anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que sirven exclusiva y principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. En caso afirmativo tramitar la solicitud de acuerdo a la sección 2ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
  9. Comprobar si está incluido en el Anexo IC de la L 3/1998, de de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. En caso afirmativo, tramitar la solicitud de evaluación de impacto ambiental de acuerdo al artículo 49 de la Ley 3/1998.

Promotor

Persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de la EIA.

El promotor inicia el procedimiento de EIA que le corresponda con el documento que le corresponda ante el órgano sustantivo.

El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos aportados, los remite al órgano ambiental para que este proceda a tramitar.

Órgano sustantivo

Órgano de la Administración Pública competente para autorizar, para aprobar o, en su caso, para controlar la actividad a través de la declaración responsable o comunicación de los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental.

Cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos que precisen autorización, aprobación o, en su caso, control de la actividad y que se hubieren de otorgar o ejercer por distintos órganos de la Administración Pública, se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la obra o actividad que motiva el sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquellas.

El órgano sustantivo recibe la solicitud de iniciación al procedimiento de EIA que presenta el promotor y la remite al órgano ambiental para que tramite de acuerdo al procedimiento que le corresponda.

En el caso del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo somete el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental a información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

También, le corresponde el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y comunicará al órgano ambiental el comienzo y el final de las obras, así como el comienzo de la fase de explotación.

Órgano ambiental

Órgano de la Administración pública, estatal o autonómica, competente para evaluar el impacto ambiental del proyecto.

En el ámbito de la CAPV, el órgano competente para la EIA es el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, excepto en dos supuestos concretos:

  • En aquellos casos en los que la competencia sustantiva para la autorización del proyecto resida en los órganos forales de los territorios históricos, la competencia para la EIA queda atribuida a dichos órganos, excepto cuando el proyecto que se pretenda ejecutar supere o afecte al ámbito territorial de más de un territorio histórico.
  • En aquellos casos en los que la competencia sustantiva para la autorización del proyecto resida en la Administración General del Estado, la competencia para la EIA queda atribuida al órgano ambiental de dicha administración.

El órgano ambiental resuelve sobre la determinación del alcance del Estudio de Impacto Ambiental, formula la Declaración de Impacto Ambiental, hace pública la Declaración de Impacto Ambiental, formula la resolución del informe de impacto ambiental hace pública la resolución y puede recabar información del órgano sustantivo sobre el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la DIA, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificarlo.

Administraciones públicas afectadas

Aquellas administraciones públicas que tienen competencias específicas en las materias que se mencionan a continuación y pueden resultar afectadas en los aspectos de dichas competencias relacionados con el medio ambiente: salud humana; aguas; calidad de aire; patrimonio cultural; y protección de la biodiversidad, de la geodiversidad, de la fauna, de la flora, del suelo y del paisaje.

En el caso de que el promotor solicite la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental son consultadas inicialmente por el órgano ambiental, y siempre son consultadas o para la emisión del informe de impacto ambiental. Posteriormente son consultadas por el órgano sustantivo, durante el trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas.

Personas interesadas

  1. Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  2. Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
  1. Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
  2. Que lleve dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
  3. Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por el proyecto que deba someterse a evaluación de impacto ambiental

El órgano ambiental informará de las actuaciones realizadas en relación al expediente en el cual se personen como público interesado.

Público

Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.

Pueden participar en el trámite de información pública.

Relleno de tierras que conlleva una modificación de trazado de un cauce en estado natural de una longitud superior a 250 m

Aunque existen distintos conceptos que precisan autorización, la actuación que motiva la evaluación de impacto ambiental es la modificación del trazado del cauce en una longitud superior a 250 m, por lo que en este caso actuará como órgano sustantivo el órgano competente en autorizar dicha modificación de trazado del cauce.

Cantera

Se trata de una actividad que requiere, al menos, una autorización minera y una licencia municipal de actividad clasificada. La actuación que motiva la evaluación de impacto ambiental es la propia actividad minera, y existe un procedimiento específico para su autorización. En este caso actuará como órgano sustantivo el órgano competente en materia de minas.

Astillero

Se trata de una actividad que requiere una licencia municipal de actividad clasificada y distintas autorizaciones sectoriales (puesta en marcha de instalaciones industriales, autorización de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera, utilización del dominio público marítimo-terrestre, autorización de vertido,…). En este caso la actuación que motiva la evaluación de impacto ambiental es la propia actividad de astillero y actuará como órgano sustantivo el ayuntamiento correspondiente en el trámite de otorgamiento de la licencia municipal de actividad clasificada, al tratarse del único procedimiento administrativo que contempla el proyecto en su conjunto.

    • Se someterá a evaluación de impacto ambiental ordinaria si la modificación o extensión del proyecto autorizado, ejecutado, o en proceso de ejecución, por sí sola, supera los posibles umbrales establecidos para la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Se tendrá en cuenta que el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

     

    • Se someterá a evaluación de impacto ambiental simplificada, si el proyecto está recogido en la normativa de evaluación ambiental y si en la modificación o extensión del proyecto autorizado, ejecutado, o en proceso de ejecución, concurren alguna de las siguientes circunstancias:
      • Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
      • Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
      • Incremento significativo de la generación de residuos.
      • Incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
      • Afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
      • Afección significativa al patrimonio cultural.

    NO, es un pronunciamiento favorable o desfavorable del órgano ambiental para la ejecución del proyecto tras la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Este pronunciamiento es vinculante y necesario para autorizar o ejecutar un proyecto sometido a EIA ordinaria.

    Los proyectos sometidos a EIA ordinaria NO podrán autorizarse o ejecutarse sin haber se formulado previamente la correspondiente DIA. Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones, licencias y demás resoluciones adoptadas sin tramitar el preceptivo procedimiento de EIA ordinaria.

    NO, en la DIA se indicará el plazo para el inicio de la ejecución del proyecto que se establecerá desde la publicación de la DIA en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

    Las DIAs emitidas por el órgano ambiental de la CAPV son notificadas a los interesados, y se remiten al órgano sustantivo, al promotor del proyecto y al/a los Ayuntamiento(s) donde se ubique el proyecto sometido a EIA.

    Además, el órgano ambiental de la CAPV hará pública las DIAs en el Boletín Oficial del País Vasco. 

    NO, de acuerdo a la reiterada Jurisprudencia que se ha pronunciado sobre la recurribilidad de la DIA ( entre otras: la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2009, que sigue la doctrina ya establecida en su conocida Sentencia de 17 de noviembre de 1998) se ha dictaminado que el procedimiento de EIA ordinaria es un acto de trámite que se integra en otros procedimientos sustantivos y que la DIA, por la que se resuelve este acto de trámite, no sería susceptible de recurso de modo autónomo, sino sólo a través del recurso que corresponda contra la resolución final que dicte el órgano sustantivo resolviendo dichos procedimientos.

    Los proyectos sometidos a EIA simplificada NO podrán autorizarse o ejecutarse sin haberse formulado previamente el correspondiente informe de impacto ambiental. Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones, licencias y demás resoluciones adoptadas sin tramitar el preceptivo procedimiento de EIA simplificado.

    NO. Esta resolución es un acto de trámite que se integra en otros procedimientos sustantivos y no es susceptible de recurso de modo autónomo, sino a través del recurso que corresponda contra la resolución final que dicte el órgano sustantivo.

    Las resoluciones de informe de impacto ambiental emitidas por el órgano ambiental de la CAPV son notificadas a los interesados, y se remiten al órgano sustantivo, al promotor del proyecto y al/los ayuntamiento/s donde se ubique el proyecto.

    Además, el órgano ambiental de la CAPV hará pública las resoluciones de informe de impacto ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

    En el plazo de 20 días desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental tanto ordinaria como simplificada. Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerda la inadmisión el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión.

    La resolución de inadmisión justificará las razonas por las que se aprecia, y frente a las mismas podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.

    Zonas que por sus especiales características en cuanto a valores ambientales, contenidos y fragilidad de los mismos sea susceptible de un mayor deterioro ambiental. Se consideran zonas ambientalmente sensibles, al menos las siguientes: 

    1. El dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección.
    2. El dominio público hidráulico que incluye los cauces naturales de corriente continua, los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Las áreas pertenecientes a la zona de policía y zona de servidumbre de márgenes siempre y cuando se encuentren catalogadas.
    3. Áreas de recarga de acuíferos, así como zonas que presenten alta vulnerabilidad a la contaminación de los mismos, siempre y cuando se encuentren catalogadas.
    4. Áreas o enclaves de elevado interés naturalístico siempre y cuando se encuentren catalogadas.
    5. Las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio histórico artístico, incluyéndose su entorno.

    En tanto en cuanto no se proceda a la aprobación del catálogo de zonas ambientalmente sensibles se considerarán zonas ambientalmente sensibles las incluidas en la Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco como áreas de interés naturalístico y sometidas, en todo caso, al régimen de usos en ellas previsto.  

    La declaración de impacto ambiental formulada en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental suplirá el informe de las medidas correctoras de la licencia de actividad clasificada. Por tanto, no podrá concederse dicha licencia hasta que no culmine el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

    El promotor, incluso en los casos en los cuales las actividades del proyecto sean ejecutados por un tercero (un contratista o un operador).

    Tal y como se define público en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, puede participar en el procedimiento de impacto ambiental en el trámite de información pública.

    De acuerdo a la normativa vigente el PVA es parte del contenido que debe tener el estudio de impacto ambiental. Este programa lo debe redactar el promotor del proyecto que tiene como fin diseñar una serie de tareas encaminadas a comprobar si las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental son adecuadas. Estas tareas debe llevarlas a cabo el promotor y no el órgano sustantivo, salvo en el caso particular de una obra pública en la que el promotor y el órgano sustantivo son la misma persona.

    Las tareas recogidas en el programa de vigilancia ambiental deben permitir detectar si las medidas ambientales son o no suficientes y, en consecuencia, si es necesario intensificar las medidas adoptadas o bien implementar nuevas medidas que impidan, minimicen o compensen los efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente.

    El programa de vigilancia ambiental podrá ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, el órgano ambiental podrá acordar, a instancia del promotor de la actividad, o bien de oficio, la modificación tanto de las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental u otras observaciones que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relación con los impactos ambientales que pudieran producirse.

    Fecha de última modificación: