Desde el primer minuto de mi vida política he tenido claro que la transparencia, característica esencial de cualquier práctica política, ha de ser consustancial a la acción de gobierno. Y lo sigo teniendo meridianamente claro.
Con idéntico convencimiento comparto la idea de que ha de existir un vínculo íntimo entre la acción de gobierno y la mejora continua, puesto que los procesos de gestión pública deben estar sometidos a un impulso permanente de renovación. Tanto mis equipos como yo hacemos de la constante mejora de nuestra eficiencia el motor de nuestra práctica cotidiana, tal como lo demuestran las actuaciones de política cultural y lingüística promovidas por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, siempre en diálogo y colaboración tanto con el resto de las instituciones como con los diversos agentes culturales de nuestra sociedad.
Por eso mismo, considero que se debe juzgar la acción política por los hechos, al tiempo que se destierra de la  praxis política e informativa la perversa idea de que todo vale para derribar al adversario político. La política que emana de tan avieso principio es, además de estéril, profundamente injusta y asocial. En política vale -o debería valer- lo que vale en el conjunto de la actividad social: la crítica razonada y razonable, la confrontación leal entre proyectos, la oposición responsable. Y, sobre todo, el rigor.
El rigor debe primar sobre cualquier otra consideración a la hora de esclarecer cualquier hecho que  haya de ser sometido a investigación pública. Porque la investigación pública, más que saludable, es un elemento imprescindible de transparencia al servicio de las instituciones que tienen el deber de velar por la salvaguarda de los intereses del conjunto de la sociedad, y muy señaladamente, al servicio de los parlamentos.
La calidad de la democracia se mide, precisamente, por la transparencia en la gestión pública y salvaguarda del interés público. Y es una verdadera lástima que haya políticos e informadores dispuestos a prostituir los valores de la investigación pública en aras de unos intereses nítidamente partidistas y electorales. Desvirtúan una norma esencial de salud democrática: la lucha contra las irregularidades en la gestión pública que requiere, ante todo, celeridad, eficacia y contundencia en la detección y sanción de las conductas irregulares.
Obviamente, la gestión pública, en tanto que implica a personas reales, debe contemplar la posibilidad de que se produzcan conductas indignas en su seno. En estos términos, ¿qué es actuar con responsabilidad? Yo diría que detectar errores, reconocerlos, corregirlos y seguir impulsando proyectos que representan modernidad y desarrollo, además de ser referentes internacionales. Pero lo imperdonable sería que los responsables últimos de la gestión pública, una vez detectada la fechoría, reaccionen con lentitud, ineficacia o, en el peor de los casos, con alguna forma de tolerancia.
Por ello:
-Comparto y hago mía la valoración del Patronato del Museo Guggenheim Bilbao que ante las substracciones realizadas por el Director de Administración y Finanzas del Museo y ante los resultados de una desafortunada operación de compra de divisas, expresa su respaldo a la gestión de Juan Ignacio Vidarte.
-Comparto con el Patronato la afirmación de que se ha situado al Museo en el centro de la escena política, en un debate del que la institución debería mantenerse al margen.
-En resumen, asumo la responsabilidad política de seguir desarrollando el proyecto de éxito y excelencia que para este país y sociedad es el Guggenheim Bilbao Museoa y en este sentido, hago mía la responsabilidad de confirmar a la persona que desde el inicio del proyecto es pieza clave en el milagro Guggenheim, al señor Juan Ignacio Vidarte, cuya labor al frente del Museo es modélica. Estoy convencida de que esa es la responsabilidad política que la ciudadanía de Bilbao, de Bizkaia y de Euskadi me exigen.
-Asumo como vocal de Berroeta-Aldamar un exceso de confianza en el momento de la asunción del proyecto de construcción del Museo Balenciaga, en el gerente y  en lo relativo a los contratos heredados de la Fundación, en la que el Gobierno Vasco no participa.
-Asumo la responsabilidad política de, una vez detectadas las primeras irregularidades, haber tomado cuantas medidas eran necesarias para esclarecer lo sucedido, hasta llegar a los Tribunales, informando puntualmente de todo ello a las instituciones y a la sociedad. 
-Asumo la responsabilidad de contribuir, en mi calidad de vocal representante del Gobierno Vasco, a que la Sociedad Berroeta-Aldamar lleve a buen puerto las tareas relativas a la construcción del Museo Balenciaga, en el pleno convencimiento de que se trata de un proyecto estratégico y de que esa es la responsabilidad política que me exige  Getaria, Gipuzkoa y Euskadi.
-Asumo,  en definitiva, mi compromiso con una gestión política transparente, que no rehuye reconocer errores y fallos, pero que pone todos los medios para corregirlos y sobre todo, que apuesta con todas sus fuerzas por proyectos que generen bienestar y desarrollo, proyectos estratégicos para el país. 

Miren Azkarate
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2008