El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto que regula la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), una prestación de derecho exigible por la ciudadanía que reúna los requisitos. La PCV va dirigida al pago de los gastos de alquiler de aquellas familias que lo necesiten y viene a sustituir a las Ayudas de Emergencia Social (AES) de alquiler, una prestación muy importante durante todos estos años de protección social en Euskadi, pero que no garantizaba suficientemente el pago del alquiler.
Las AES no eran, ni son, una prestación de derecho, y la PCV sí. Es decir, se coloca al mismo nivel que la Renta de Garantía de Ingresos y, por lo tanto, será exigible por ley. Así, la partida económica que el Gobierno vasco destina al pago de la prestación no se agota, es ampliable mientras exista la necesidad. Algo que no ocurría con las AES de alquiler, ya que no eran un derecho subjetivo. Las Ayudas de Emergencia Social quedarán más relacionadas con situaciones excepcionales de necesidad, no periódicas y más relacionadas con la cobertura urgente de necesidades primarias (vestido, educación, formación y atención sanitaria no cubiertas por los sistemas públicos).
Para acceder a la nueva prestación hay que ser titular o tener derecho a serlo, de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos. Se concede por dos años, renovables si la situación de necesidad se mantiene y las personas perceptoras cumplen con las obligaciones que la Ley establece. Estas obligaciones consisten en la firma de un convenio de inclusión y en la activación para formarse y buscar un empleo. En este sentido y con la ayuda de los/as profesionales de los servicios sociales y del empleo, haremos el máximo esfuerzo para facilitar la inclusión, pero también vamos a ser exigentes con quien recibe las prestaciones.
Las familias la solicitarán a través de los Servicios Sociales de Base de los Ayuntamientos. Las personas que ya venían percibiendo la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y Ayudas de Emergencia Social para el alquiler recibirán la PCV de manera automática el mes de enero. Están previstas dos cuantías: una, con carácter general, de 250 euros al mes, y otra de 320 euros/mes en el caso de familias con dos o más hijos menores, o en las que alguno de sus miembros dispone de rentas de trabajo. Se busca, por lo tanto, proteger especialmente a las familias con hijos a cargo o a aquellas personas que están activadas para la búsqueda de empleo.
Con estas cantidades, una familia media de tres o cuatro miembros puede acceder a prestaciones de aproximadamente unos 1.250 a 1.350 euros mensuales para el mantenimiento de sus gastos básicos y el pago del alquiler de su vivienda, sumando la Renta de Garantía de Ingresos (650,19 euros en el caso de una familia integrada por una sola persona), la PCV y el Subsidio de Monoparentalidad, que se abona en los casos de madres o padres que se hacen cargo de sus hijos en solitario, y cuya cuantía es un porcentaje (6,4%) de la RGI..
El Gobierno además, pretende favorecer que las familias puedan compartir vivienda, aceptando la percepción de hasta dos prestaciones por domicilio, si este es compartido, pero va a estar vigilante y será cuidadoso con que nadie utilice el sistema para sacar provecho ilícito de las prestaciones o de las personas que las perciben. La normativa no permite más que esas dos prestaciones por domicilio particular, en conceptos como alquiler, coarriendo, subarriendo o alquiler de habitación.
Esta misma circunstancia se va a producir con la Renta de Garantía de Ingresos en el decreto que el Gobierno vasco aprobará en los próximos meses y con el de Ayudas de Emergencia Social. Se pretende así que las prestaciones lleguen a todas las personas que las necesitan, pero de una manera ordenada, evitando acumulaciones de prestaciones en un mismo domicilio.
La nueva Prestación Complementaria de Vivienda, junto con la aprobación en el primer semestre de los decretos de Renta de Garantía de Ingresos, Convenios de Inclusión, Ayudas de Emergencia Social y el III Plan Vasco de Inclusión para el quinquenio 2010-2015, completarán el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
El objetivo del Gobierno, desarrollando una Ley tan protectora e incluyente como ésta, fruto además del consenso parlamentario, va a situar al empleo en el centro de las políticas de ayudas a las familias necesitadas desde el convencimiento de que un puesto de trabajo es lo más incluyente en nuestra sociedad. El Ejecutivo es consciente del momento tan difícil que se está viviendo desde el punto de vista del empleo, pero mientras las dificultades se mantengan el Gobierno estará cerca de las familias evitando su exclusión económica o residencial.