- El documento estratégico contará con 120 acciones y 1.237,6 millones de euros para abordar las necesidades de vivienda de Euskadi para los próximos años.
- Tiene como objetivo incrementar el parque de viviendas de alquiler protegido en más de 3.000 unidades y alcanzar al final de 2023 un total de 29.300 hogares de este tipo.
- El Plan apuesta por una propuesta fiscal que incentive a quienes mantengan sus alquileres en precios razonables y penalice a quienes disparen al alza las rentas.
El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha desgranado este miércoles en el Parlamento el Plan Director de Vivienda 2021-23, el documento que sintetiza la filosofía, los programas y los compromisos del Gobierno Vasco para abordar los retos en esta materia durante los próximos años. El plan se centra en activar medidas para responder a la necesidad de un hogar digno y adecuado en Euskadi. Para el periodo 2021-23, el Departamento apuesta por profundizar en el alquiler accesible, tanto a través de la creación de vivienda pública como facilitando el acceso a arrendamientos asequibles -además de a colectivos vulnerables- a capas medias, con rentas ponderadas entre 21.000 y 39.000 euros. También hace hincapié en profundizar en la mejora del parque de viviendas de Euskadi, para aumentar la calidad de vida actuando sobre la habitabilidad y para que las propias viviendas y los edificios sean una herramienta más contra el cambio climático.
El plan se estructura en tres ejes estratégicos: el fomento del alquiler asequible con la promoción de vivienda social, con el desarrollo del sistema de ayudas para arrendar y con la movilización de la vivienda deshabitada del parque privado; el impulso del parque edificado reforzando las ayudas a la rehabilitación; y la mejora de la coordinación y gobernanza institucional incluyendo una revisión de la política fiscal. Para ello, el documento incorpora 120 acciones concretas con un presupuesto de 1.237,6 millones de euros, 119 millones más que el anterior, un 11% de incremento. Son cifras “muy por encima del esfuerzo de gasto de cualquier otra comunidad autónoma y que nos sitúan en medias europeas homologables”, tal y como ha remarcado el consejero Arriola, en referencia a un plan “importante y ambicioso” que busca profundizar en el camino iniciado con el plan anterior, el primero con el espíritu de la Ley de Vivienda aprobada en 2015.
Alquiler asequible
El documento revalida la apuesta por aumentar la oferta de viviendas de alquiler social de iniciativa pública y privada, con la incorporación de más de 3.000 durante este plan -el objetivo es llegar a las 29.300 en Euskadi para que los hogares en alquiler público asciendan al 40% del parque protegido-. Durante este periodo se prevé el inicio de la construcción de 4.000 nuevas viviendas (2.250 del Departamento y Visesa y el resto de promotores privados, cooperativas o fórmulas como las viviendas colaborativas o cohousing, que recibirán ayudas públicas para su materialización) y la compra de suelo para otras 3.600. Además, el Departamento de Vivienda trabaja para incorporar 8.500 viviendas captadas a través de Bizigune, el programa para movilizar la vivienda deshabitada que desde enero de 2022 aumentará las rentas a quienes cedan su vivienda, hasta un máximo de 650 euros mensuales, y también del programa ASAP.
Para lograr estos objetivos, el plan director establece herramientas como la promoción de vivienda en alquiler protegido nueva, las subvenciones especiales para zonas rurales o despobladas para construirlas, la rehabilitación de edificios públicos en desuso, o la construcción de alojamientos dotacionales en alquiler temporal para jóvenes y colectivos de especial necesidad. Además, en el marco del nuevo plan se ha puesto en marcha el programa Alokairu, un mecanismo de colaboración público-privada para que los inversores privados –banca, aseguradoras, inmobiliarias, etc.- construyan o compren edificios de viviendas libres que sean cedidas –por un máximo de 75 años- a la administración, cobrando una renta de alquiler garantizada. Asimismo, se crea un sistema de incentivos novedoso a nivel estatal con ayudas públicas a la sociedad civil para el fomento de las viviendas colaborativas o cohousing.
Para movilizar la vivienda deshabitada, se reforzará el programa Bizigune para grandes tenedores y se apoyará la puesta en marcha del canon de vivienda deshabitada a los ayuntamientos, con el registro para este tipo de hogares y priorizaciones en las ayudas a quienes rehabiliten viviendas deshabitadas para cederlas a Bizigune.
Las personas jóvenes seguirán siendo uno de los objetivos del plan con Gaztelagun como eje central. Se suprime en él la temporalidad de las ayudas –de tres años de duración máxima hasta cumplir los 36- y se incrementan las rentas de alquiler que pueden participar en el programa, así como la cuantía de la ayuda, hasta los 275 euros al mes. El fin es alcanzar a 4.500 personas al cierre del plan director (en 2023) con este programa. Además se sigue impulsando la construcción de alojamientos dotacionales -750-, preferentemente destinados a este colectivo, que también se verá beneficiado del cupo del 40% para menores de 36 años en el acceso a viviendas sociales , una cuota de acceso que, a partir de ahora, se extenderá también a los pisos del programa Bizigune.
Una de las principales novedades del Plan Director de Vivienda es la creación de un nuevo marco normativo que regulará un régimen específico de vivienda de protección oficial de alquiler asequible para unidades convivenciales entre los 21.000 y los 39.000 euros anuales ponderados, un colectivo que, aun contando con mayores ingresos, tiene dificultades para acceder a una vivienda en el mercado ordinario. La normativa creará un régimen específico de viviendas para este colectivo y prevé ayudas públicas para entidades públicas y privadas que inicien proyectos de este tipo por un periodo de al menos 20 años, con rentas de alquiler en rangos de VPO.
Para los colectivos con mayor necesidad, el plan establece alcanzar 12.000 familias reconocidas con el derecho subjetivo a la vivienda para 2023 –cuyo decreto de desarrollo será aprobado durante la vigencia de este plan- y asumir en 2022 la prestación complementaria de vivienda, como ya se realiza con la prestación económica de vivienda –se prevé alcanzar la cifra de 29.000 hogares de promedio anual durante el plan, entre ambas ayudas, que se incrementan a 275 euros mensuales en 2022.
También se abordan los cupos para colectivos de especial necesidad, con el 40% para jóvenes, y adjudicaciones para familias monomarentales, casos de violencia de género, etc. Y se reservarán 200 viviendas para instituciones y tercer sector para responder a personas en riesgo de exclusión social, además de 75 para luchas contra el sinhogarismo, 150 para familias vulnerables en situación de desahucio y 100 para víctimas de violencia de género.
Apuesta por la rehabilitación
El consejero ha destacado el “salto cualitativo y cuantitativo” que se dará en los próximos años en materia de rehabilitación, gracias a la nueva normativa de ayudas del Departamento -incrementa las cuantías de las ayudas y las horquillas de ingresos para acceder a ellas-, y a los fondos Next, que duplicarán la inversión de aquí a 2026. Euskadi cuenta con uno de los parques de viviendas más antiguos del Sur de Europa: en 2019 el 7,7% de los hogares vascos, 68.423 en total, reconocía como necesaria la rehabilitación de su vivienda, el 60% de forma urgente.
Entre 2021 y 2023 se prevé otorgar ayudas a la rehabilitación a 71.200 viviendas para mejorar la eficiencia energética, la habitabilidad, la accesibilidad, la seguridad y la digitalización de edificios. Incluyen 35.800 proyectos integrales para aumentar la eficiencia energética y 2.400 nuevos ascensores para mejorar la accesibilidad de 15.000 hogares. Y es que en la comunidad autónoma 118.900 personas declaran tener dificultades para subir y bajar escaleras, una razón por la que se ha creado una línea específica de ayudas a la accesibilidad para mayores de 65 años.
La rehabilitación en el parque público se hará a través del Zero Plana, para impulsar la eficiencia y sostenibilidad, y se pondrá en práctica con él el futuro decreto de habitabilidad con acciones que amplíen y rehabiliten los exteriores.
Reflexión sobre fiscalidad y regulación de precios
El consejero ha explicado que el plan insiste en la necesidad de analizar la fiscalidad en base a la propuesta realizada en 2019 por el Gobierno Vasco a las diputaciones forales, competentes en la materia, en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria para fomentar el alquiler de viviendas que contengan los precios, penalizar a quienes los elevan y para mejorar las deducciones por rehabilitación. “Esperamos que las Diputaciones recojan el guante y lo lleven a la próxima revisión del sistema fiscal, porque esta es una cuestión nuclear que puede ayudar y mucho a la regulación de los precios de los alquileres”, ha resaltado Arriola, que aboga por “abrir una vía de reflexión sobre la regulación actual de las deducciones en materia de vivienda” y por mayores bonificaciones al alquiler de colectivos con mayores dificultades de acceso a una. Y es que, tal y como ha abundado, el presupuesto del plan director es prácticamente idéntico al gasto fiscal previsto para el mismo periodo –de en torno a 1.263,6 millones-.
La propuesta plantea también la necesidad de realizar un diagnóstico sobre los incentivos fiscales con el fin de hacer de ellos un valor que promueva la rehabilitación reduciendo su coste final para las comunidades de personas propietarias, con análisis sobre modelos como el super bonus italiano.
Asimismo, el consejero ha indicado que el Departamento sigue “con mucha atención” la tramitación de la futura Ley estatal de Vivienda, en materia de regulación de precios. En este sentido, el Plan Director de Vivienda se anticipa a la aprobación de la Ley y plantea por primera vez la posibilidad de que Euskadi estudie y, en su caso implemente, teniendo en cuenta la situación del mercado, las medidas propuestas en la dicha norma en materia de control de alquileres. El documento incluye entre sus acciones, además, la creación de un dispositivo de seguimiento y evaluación del mercado de alquiler para delimitar las zonas tensionadas.
Participación ciudadana y de agentes en su creación y en su desarrollo
La creación del plan ha contado con la participación de 74 agentes tanto públicos como privados y ha recibido las aportaciones de 2.400 personas, de las que el 88% han sido incorporadas al plan. Del proceso participativo se ha concluido la necesidad de continuar incrementando la oferta de alquiler protegido, sobre todo para colectivos con especiales dificultades como las personas jóvenes y mayores o las personas con diversidad funcional, incidiendo en el control de precios y la mejora del parque construido con rehabilitaciones energéticas, de accesibilidad y habitabilidad. El consejero ha destacado el “amplio proceso participativo” del plan actual, que cuenta con una “base firme de colaboración y co-creación ciudadana”.
Arriola ha destacado que el de 2021-23 busca “mejorar la gobernanza colaborativa de las políticas de vivienda” y ha vinculado a ello la creación de la Fundación Observatorio Vasco de la Vivienda y el nuevo Foro de la Vivienda de Euskadi, un foro estable de participación de carácter consultivo del que dependerán tres mesas de trabajo: una de fomento de la rehabilitación, otra de fomento del alquiler asequible y otra de promoción de la vivienda y del sector de la construcción. El Plan Director de Vivienda del Gobierno Vasco cuenta con un amplio proceso de participación que ha recibido reconocimientos internacionales en el pasado por esta misma razón, entre ellos el Premio UNPSA al Servicio Público otorgado por la ONU.
De cara a los retos del sector de la construcción, el plan director prevé analizar las oportunidades que hay en él para generar empleos en colectivos especialmente alejados del sector, como las mujeres y las personas jóvenes. Para ello se desarrollarán acciones conjuntas con el Departamento de Empleo y el de Educación en materia de oferta formativa en Formación Profesional y formación dual, así como itinerarios de recualificación y certificación de personas adultas. En materia de innovación en construcción, se fomentará la industrialización de los procesos constructivos y la digitalización, tanto en el parque privado como en el público.
