El vigésimo quinto aniversario de la aprobación del Primer Concierto Económico de la etapa estatutaria, además de la satisfacción que supone constatar la consolidación de una institución capital en la historia reciente de nuestro pueblo, nos invita también a reflexionar sobre su especial trascendencia como uno de los rasgos esenciales, más peculiares, privativos, exclusivos de nuestro autogobierno. Nos invita a rastrear cual es el futuro que le espera como institución y el papel que debe jugar en el futuro.
 
Me van a permitir comenzar hoy esta feliz efeméride con una autocita, un recordatorio de lo que se recoge en el prólogo de la edición última del Concierto vigente que allá por ahora hará tres años, decía algo que me parece interesante traer a nuestros oídos porque creo que entronca con la relación que hay entre el Concierto Económico y un cierto modelo de autogobierno que es el nuestro. Decía este trozo de prólogo:
 
"El Concierto Económico constituye, más allá de su carácter instrumental como elemento de relación bilateral en materia tributaria y financiera, el exponente máximo del reconocimiento de los derechos históricos del Pueblo Vasco y pieza clave en la actualización de los mismos y es, en el mismo sentido, el más fiel reflejo del espíritu de pacto que caracteriza nuestro sistema de autogobierno, en general, y la esencia misma del propio Concierto Económico, en particular.
 
La propia etimología de las palabras, sistema "concertado", ilustra a la perfección el espíritu de pacto con que está concebida esta institución, que no es el resultado de un proceso de descentralización de competencias o de cesión de tributos estatales, sino que, antes bien, su génesis deviene precisamente de un proceso inverso en el que un conjunto de potestades permanece en manos de los Territorios Históricos Forales después de haber tenido que ceder otras al Estado como consecuencia del proceso de abolición foral habido a lo largo del siglo XIX.

Dicho de otro modo, el carácter paccionado del Concierto Económico está entroncado en una realidad histórica anterior al proceso de construcción unitaria de lo que hoy es el Estado español, constituyendo, en esa medida, la manifestación última del reconocimiento de una soberanía, en este caso en el ámbito tributario y financiero, equivalente a la del propio Estado y atribuida a los Territorios Históricos vascos como auténticas y originarias unidades políticas, a las que en la actual etapa histórica se han venido a sumar las Instituciones Comunes, Gobierno y Parlamento, de Euskadi.
 
Más allá de esta argumentación que, a simple vista, puede antojarse un tanto historicista, el hecho cierto es que, en la actualidad, no existe en toda la Unión Europea, ni siquiera en los Estados de corte federal o de una mayor raigambre descentralizadora, ningún caso como el de la Comunidad Autónoma Vasca -y la Comunidad Foral de Navarra- en el que unas entidades subestatales tengan la capacidad para regular el conjunto de su sistema tributario y la práctica totalidad de las figuras impositivas que constituyen dicho sistema. Por ello, resulta evidente que el Concierto Económico es un instrumento fundamental del autogobierno de Euskadi en tanto que dota a las Instituciones Vascas de una amplia capacidad de regulación y gestión en materia fiscal y financiera."
 
En efecto, la capacidad financiera que nos otorga el Concierto Económico constituye el soporte necesario para el desarrollo de nuestras competencias, de nuestro poder político, en definitiva, viniendo a ser ambos, Concierto y competencias, las dos caras de nuestro autogobierno porque ¿de qué sirve tener competencias si no disponemos de la autonomía financiera necesaria para ejercerlas?, y, en sentido contrario, ¿para qué queremos nuestra capacidad financiera si no tenemos competencias, o si aún teniéndolas, nos está vedado su ejercicio en determinados ámbitos o esferas de actuación por unas razones o por otras?.

El Concierto Económico puede ser considerado por algunos como un residuo histórico de la época anterior al advenimiento del constitucionalismo español pero, en su esencia, viene a ser el poso, la máxima representación del poder originario de los territorios forales, un poder originario que, pese a los embates sufridos a lo largo de los últimos 150 años, ha logrado sobrevivir gracias a, entre otros factores, la preservación "in extremis" del propio régimen de concierto.
 
El restablecimiento, hace 25 años, del régimen del concierto económico para los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia, unido a la adaptación, por sustitución, del régimen vigente en Álava, supuso una de las principales expresiones del denominado proceso de actualización de los derechos históricos, proceso que, a mi juicio, constituye el principal fundamento de nuestro autogobierno. Nuestro autogobierno no nace de la expresa voluntad o de la cesión de un poder constituyente soberano, o no solo, sino también de la preexistencia de tales derechos originarios, y el Concierto Económico constituye un buen ejemplo de ello. En definitiva, nuestro autogobierno se deriva de los derechos históricos como así lo hace el Concierto Económico, una de las expresiones fundamentales de aquél.
 
En conclusión, los derechos históricos son la constitución del Pueblo Vasco.
 
Pero, como decía al comienzo, hoy es tiempo de mirar hacia delante, y más allá de volver a hacer hincapié en el papel que ha tenido la gestión responsable y a riesgo unilateral del Concierto como un instrumento fundamental para el desarrollo económico y la calidad de vida y el bienestar de la sociedad vasca y como factor clave para que ya hoy Euskadi haya superado la renta media de la Unión Europea, es preciso un ejercicio de realismo histórico y diagnosticar la salud actual de esta institución y su evolución próxima.
 
En mi opinión, aunque ya fueron apuntados en el momento de suscribirse en febrero de 2002 el vigente Concierto Económico, son tres los principales retos que ha de afrontar la senda de su evolución futura: en primer lugar, lograr su consolidación institucional en el Estado y en Europa; en segundo lugar, garantizar su seguridad jurídica, y, por último, adaptar su configuración al futuro desarrollo de nuestro autogobierno, es decir, de nuestro Estatuto, y, en definitiva, al nuevo marco de relación con el Estado español que vascos y vascas decidamos en el futuro.
 
Entrando a considerar el primer reto que he mencionado, debo recordar que, con el Concierto Económico, las Instituciones vascas ostentan en su territorio la potestad normativa en materia tributaria, configurando y desarrollando un régimen fiscal propio, de carácter integral, general, de aplicación universal en su ámbito competencial y territorial. A dicha capacidad normativa en el ámbito tributario se añade, además, la autonomía de gestión, dado que el procedimiento de exacción y gestión tributaria también corresponde en todas sus fases a las Instituciones vascas.
 
Como todos recordareis, uno de los principales caballos de batalla en la renovación del Concierto Económico a finales de 2001 fue la equiparación de los regímenes tributarios forales derivados del Concierto a los sistemas tributarios de cualquier país o Estado miembro de la Unión Europea, con todo lo que ello conlleva. Esta equiparación, no establecida ni reconocida aún formalmente y del que no se hace eco el actual proyecto de Constitución Europea a pesar de haberse planteado en esos términos, supone una importante limitación no sólo al desarrollo de nuestra potestad tributaria sino, en general, al desarrollo de nuestro autogobierno por cuanto nos impide llevar a cabo una política fiscal atenta a las necesidades y demandas de la sociedad vasca, con una estructura social y productiva propias.
 
 
Si ello es importante, no menos importante es la actualización que requieren los mecanismos jurídicos de relación entre la Hacienda del País Vasco y la del Estado, de manera que aseguren la participación de las Instituciones del País Vasco en los acuerdos adoptados en el seno de las instituciones comunes europeas en relación con las disposiciones de carácter fiscal y financiero. Hoy, como se sabe, este modelo relacional no está ni medio consolidado, no tiene carta de naturaleza y no existe posibilidad de pleno derecho para que Euskadi pueda decir que tiene voz tributaria y financiera propia en la Unión Europea; ni España lo garantiza a través de instar el reconocimiento en el Tratado Constitucional del Concierto como sistema general del mismo rango que el del estado, ni Europa lo reconoce; espero que no sea porque nadie se lo crea sino porque no ha llegado el momento.
 
Resulta imprescindible la plena inserción del Concierto Económico en el marco de las reglas de la Unión que configuran el mercado único europeo y el todavía incipiente y débil proceso de armonización fiscal, en el que las Instituciones Vascas ni deben, ni pueden, ni quieren estar al margen. Antes bien, nuestra decidida voluntad es la de participar en dicho proceso y en el consenso que lo alumbre. Esta reclamación pendiente, irresuelta, acerca de la participación de Euskadi en Europa, de las Instituciones Vascas en las Instituciones de la Unión Europea, es una reivindicación lógica y legítima, política y jurídicamente.
 
Y ello porque tener voz en Europa en materia fiscal y tributaria no es ningún capricho político, sino una necesidad, en primer lugar, por tener un Estatuto de Autonomía de hace veinticinco años, cuando Europa no existía para España, en segundo lugar, por la singularidad misma que supone el régimen de Concierto, y, en tercer lugar, porque la responsabilidad de defender el Concierto corresponde al Pueblo Vasco en virtud de su historia misma, que se hace día a día, resultando fundamental la presencia de las Instituciones vascas en todas aquellas instituciones, instancias o foros donde se adopten decisiones que incidan o afecten directamente al propio Concierto o a su desarrollo. Ya lo decíamos en 2002 y lo debemos recordar ahora con el mismo énfasis.
 
Indisolublemente ligado a la consolidación de la institución del Concierto se encuentra el segundo reto al que he hecho mención, esto es, garantizar su seguridad jurídica o, lo que es lo mismo, su protección frente a las agresiones que, derivadas tanto del desconocimiento, a veces interesado, del alcance de la propia institución del Concierto como de una doctrina jurisprudencial incomprensible, ha sufrido en estos últimos tiempos desde las instancias judiciales.
 
Hemos podido comprobar que en orden a garantizar la seguridad jurídica del Concierto no ha bastado con la prometida voluntad política ni con el tan reclamado y sufrido logro de la denominada paz fiscal con las instituciones estatales, proceso que ya de por sí supuso el inicio del cuestionamiento y la deslegitimación del mismo Concierto por las instancias judiciales españolas y europeas.
 
Hoy asistimos atónitos a procesos de acoso y derribo de la potestad tributaria de los territorios forales tendente a reducir y restringir dicha potestad al papel de un simple recaudador de tributos. ¿Qué hemos hecho, qué estamos haciendo mal los políticos para no preservar el Concierto de su continuo cuestionamiento? ¿Qué debemos hacer para que los sujetos que lo gestionan, los desarrollos que de él se hacen y los destinatarios finales de su ejercicio no estén en permanente zozobra? Quizás nada. Quizás ello deba ser así, como en el pasado más oscuro de hace dos siglos, pero yo creo que no debemos resignarnos, me resisto a pensar que el Concierto Económico no pueda ser una institución pacífica en su diseño y en su ejercicio diario.
 
Debemos ser capaces de salvaguardar al Concierto de una continua e incesante judicialización de nuestras normas forales tributarias, lo que conlleva no sólo una notable inseguridad jurídica a nuestro sistema productivo sino también una permanente polémica sobre el carácter del Concierto como "privilegio", alimentada, en gran medida, por la propias resoluciones judiciales. Debemos abordar lo que se ha denominado el blindaje de la institución del Concierto, es decir, su exclusión de cualquier mercadeo coyuntural y hacer de su desarrollo algo solo sujeto a su consideración más alta.
 
En este sendero garantista, debo celebrar iniciativas como la reciente del Parlamento Vasco al dar el primer paso tendente a blindar las normas forales derivadas de la potestad tributaria reconocida por el Concierto a los Territorios Históricos al tomar en consideración una proposición de ley de las Juntas Generales de Bizkaia dirigida a excluir del sometimiento a los tribunales jurisdiccionales las citadas normas para residenciar su posible cuestionamiento ante el tribunal Constitucional como cualquier otra ley tributaria.
 
Sólo espero que dicha iniciativa encuentre el necesario respaldo por parte no sólo de las fuerzas políticas vascas sino también de los grupos políticos representados en las Cortes Generales, aspecto este último que, en buena medida, demostrará la comprensión, el talante y la voluntad política de todas las instituciones concernidas hacia la institución del Concierto Económico de cuyo amparo y defensa muchos se proclaman valedores aunque luego se limiten a mostrar su respeto por las decisiones del poder judicial.
 
Y en esta tarea de defender el Concierto, de defender, en definitiva, la potestad tributaria de las Instituciones vascas, estimo necesario e imprescindible el consenso y la actuación unívoca no sólo de todas las Instituciones vascas sino también del conjunto de las fuerzas políticas vascas porque si todos decimos defender el Concierto debemos actuar todos juntos porque, frente a los muchos detractores que sin duda tiene el Concierto, no podemos ni debemos alentar sus pretensiones con nuestra desunión.
 
Y, en último término, deberemos afrontar un reto político que haga transitar a la institución del Concierto Económico de manera congruente con el recorrido político que haya de seguir el desarrollo de nuestro autogobierno, nuestro Estatuto, y, en definitiva, el nuevo marco de relación con el Estado español que el Pueblo Vasco pueda decidir en un futuro.
 
Siempre he pensado que Estatuto y Concierto tienen vidas paralelas. Modificaciones en aquel deben traer consigo replanteamientos en éste.
 
Nuestro actual Estatuto de Autonomía nació hace veinticinco años en un contexto político y social completamente diferente a estos inicios del siglo XXI. Entonces, eran muchas las esperanzas y expectativas depositadas en un nuevo marco jurídico que, partiendo del reconocimiento de los derechos históricos, sentaba las bases de nuestro autogobierno y una de las primeras materializaciones de dicho autogobierno fue, precisamente, el restablecimiento del régimen del Concierto Económico.
 
El devenir de los años posteriores, sin embargo, ha resituado muchas de esas expectativas dado que ese incipiente autogobierno se ha visto, por un lado, mermado por su inconcluso desarrollo y, por otro lado, vaciado por la actuación conjunta de las instituciones estatales en el ejercicio de sus potestades legislativa y ejecutiva y del Tribunal Constitucional en su tarea interpretativa de la delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

También el propio Concierto Económico ha sufrido los avatares y los efectos de ese proceso de "vaciado competencial" que se ha seguido en relación con el autogobierno vasco. En tal sentido, la judicialización de las normas forales tributarias, la falta de participación de las Instituciones vascas en la toma de decisiones de la Unión Europea en materia fiscal, y los límites a la autonomía financiera que supone el principio de igual presión fiscal, así como la normativa sobre estabilidad presupuestaria, establecen unas barreras que hacen vulnerable al Concierto Económico y le impiden desplegar todas sus potencialidades como instrumento de política económica y de solidaridad social.
 
Euskadi, el Pueblo Vasco, no renuncia, como bien reconoce la disposición adicional del Estatuto de Gernika, a un mayor desarrollo y a la actualización de su autogobierno, cuestión que no sólo quedó patente en la anterior legislatura tras la aprobación por el Parlamento Vasco de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi sino que, a día de hoy, es asumida por la gran mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Cámara vasca. Hasta dónde pueda llegar ese proceso de desarrollo y actualización es una pregunta que únicamente puede encontrar respuesta en la capacidad de consenso y entendimiento de nuestros representantes políticos y, en última instancia, en la decisión de las vascas y los vascos.
 
Ahora bien, no podemos obviar que cualquier cambio en el marco jurídico-político de relación entre Euskadi y el Estado español influye de manera decisiva en todo el haz de relaciones entre las Instituciones vascas y las instituciones estatales incluidas las de orden financiero y tributario que son las que actualmente se encuentran sujetas al régimen de Concierto.
 
 
Es por ello que resulta legítimo, casi lógico, preguntarse acerca de la evolución que en un nuevo contexto político, de más autogobierno, de un nuevo modelo relacional con el Estado, de nuevo pacto estatutario debería registrar una institución como el Concierto Económico que es el reflejo económico-tributario y financiero de los poderes políticos y competenciales de Euskadi. No quiero adelantar discusiones que seguramente tendremos todos, instituciones y fuerzas políticas, espero dentro de muy poco. Como Lehendakari sé lo que propondré: un status jurídico-político nuevo, aprobado por las instituciones y ratificado mediante consulta democrática por la sociedad vasca, y dentro de él un sistema tributario y financiero propio, garantizado y reconocido en Europa, cuyo único valedor y velador sean las Instituciones Vascas. Esto no es política ficción, está a la vuelta de la esquina.
 
Termino ya, y termino con lo mismo que empecé, con reconocimiento y agradecimiento a la propia Institución del Concierto Económico por el enorme bienestar que ha proporcionado a los vascos y vascas estos últimos 25 años y por reconocimiento y agradecimiento a todas las instituciones y personas que lo han hecho posible a través de su suscripción, su responsable gestión y por el amor y mimo con que han tratado uno de los nervios más visibles de nuestro autogobierno.