La administración de justicia es el ámbito público donde menos se facilita el uso de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. El propio Consejo de Justicia afirmó en 1977 que la Administración de Justicia no había asumido el bilingüismo que está garantizado por la Constitución. Desde entonces se han realizado diversos estudios que señalan el camino que hace falta recorrer para que las lenguas aparte del castellano alcancen una completa normalización en esta área, y entre ellos se sitúa esta publicación.

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