1. Se conceden para el año 2023 las subvenciones a las Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de Elecciones Sindicales y de los Comités Territoriales, así como por su participación en el régimen de inspecciones, regulados en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad Autónoma de Euskadi la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales.

2. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3 a 5 de la Disposición Adicional Segunda del citado Decreto, y ante la existencia de acuerdo entre las partes afectadas en cuanto al reparto igualitario de la dotación presupuestaria de 763.138,00 euros establecida en la Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023, cada una de las siguientes Organizaciones Sindicales que integran el Comité de Elecciones Sindicales percibirán la cantidad de 190.784,50 euros:

   Euskal Langileen Alkartasuna (ELA).

   Confederación Sindical de CCOO de Euskadi.

   Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB).

   Unión General de Trabajadores (UGT-Euskadi).

Previo a la percepción de la subvención establecida por el artículo anterior, las Organizaciones Sindicales interesadas deberán:

1. Cumplir las obligaciones tributarias y las obligaciones frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo que al efecto dispone la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de las relativas al reintegro de subvenciones, en el marco de las ayudas y subvenciones que se otorguen con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi.

   El cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario y frente a la Seguridad Social se acreditará mediante certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas respectivamente por los órganos tributarios o de la Tesorería General de la Seguridad Social competentes. El órgano gestor del expediente, a través de los servicios de interoperabilidad, recabará dichos documentos directamente.

   No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse a ello, en cuyo caso, deberá aportar por si misma las certificaciones correspondientes.

2. Aportar una declaración responsable, mediante la cual se acreditarán las siguientes circunstancias:

   1. Haber justificado las ayudas recibidas con anterioridad del Departamento de Trabajo y Empleo.

   2. No estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

   3. No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

   4. La situación de los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la CA de Euskadi y sus organismos autónomos, se hallen en tramitación.

   5. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de las relativas al reintegro de subvenciones, en el marco de las ayudas y subvenciones que se otorguen con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi.

El pago se efectuará de una sola vez tras la presentación de la documentación establecida en la presente Orden.

Las ayudas serán compatibles con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que puedan percibir las centrales sindicales, siempre y cuando no tengan la misma finalidad y objeto de las reguladas en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad Autónoma de Euskadi la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales.