Un estudio del Movimiento por la Paz (MPDL), publicado en julio de 2025, analiza las dificultades que enfrentan las mujeres migradas en el estado español para acceder a procesos de reparación tras sufrir violencia de género. El informe, titulado Migradas II: Reparación de las violencias de género, señala que estas mujeres experimentan una vulnerabilidad agravada debido a la intersección entre desigualdad de género, migración y exclusión social.
La investigación, esta basada en encuestas realizadas a mujeres migradas y a profesionales de recursos sociales, así como en grupos focales con víctimas-supervivientes. Su objetivo es analizar cómo se producen los procesos de reparación del daño y qué obstáculos encuentran las mujeres migradas para acceder a ellos.
Violencia de género y migración: una vulnerabilidad acumulada
El informe destaca que las mujeres migradas sufren con frecuencia una doble o triple vulnerabilidad. Por un lado, se enfrentan a la violencia machista, que el estudio define como una manifestación estructural de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por otro, deben afrontar las dificultades derivadas de su situación migratoria, como la precariedad laboral, la falta de redes de apoyo o las barreras administrativas para acceder a derechos y recursos.
Según los datos del informe, el 63 % de las mujeres migradas encuestadas había sufrido violencia de género, y para un 22 % de ellas la violencia fue la violencia uno de los motivos por los que tuvieron que emigrar. Un 14% dijo haber migrado para protegerse de las situaciones violentas.
A pesar de todo, el 44% de las mujeres afirmaban haber sufrido violencia en su país de origen, el 31% en España y un 27% tanto en el país de origen como en el estado español. Por lo tanto, se puede afirmar que la violencia de género se puede mantener pese haber vivido todo el proceso migratorio.
Obstáculos para acceder a la reparación
Uno de los principales hallazgos del informe es que los sistemas de protección y reparación no siempre funcionan de forma igualitaria. Aunque las mujeres migrantes representan más del 30% de las víctimas que denuncian o cuentan con órdenes de protección, solo una pequeña parte accede a ayudas económicas o recursos de apoyo.
El informe también advierte que factores como la situación administrativa irregular pueden limitar gravemente el acceso a la justicia y a los recursos institucionales. Muchas mujeres temen denunciar por miedo a consecuencias legales relacionadas con su situación migratoria o por falta de información sobre sus derechos.
Además, el estudio subraya que la reparación del daño no debería limitarse a compensaciones económicas. Desde una perspectiva feminista e interseccional, propone entender la reparación como un proceso integral que incluya la restitución de derechos, la rehabilitación psicológica, el reconocimiento social de la violencia sufrida y garantías de que estas situaciones no se repitan.
Hacia una reparación más integral
Por último, el informe concluye que garantizar una reparación efectiva requiere cambios estructurales en las políticas públicas. Para ello proponen las siguientes medidas:
- Mejorar el acceso de las mujeres migradas a los recursos sociales.
- Fortalecer los mecanismos de protección.
- Promover políticas que tengan en cuenta la intersección entre género, origen y situación administrativa.
En definitiva, el informe pone de manifiesto que la violencia de género contra mujeres migradas no puede abordarse únicamente desde una perspectiva individual. Para garantizar su recuperación y el ejercicio pleno de sus derechos, es necesario un enfoque integral que combine justicia, reconocimiento y transformación social.
Para más información, puedes acceder al informe Migradas II: Reparación de las violencias de género, elaborado por el Movimiento por la Paz (MPDL), publicado en 2025.