Ante las informaciones publicadas en los últimos días sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciado por el Gobierno de España, el Gobierno Vasco quiere aclarar que se trata de un proceso de competencia estatal, tanto en su definición normativa como en su eventual aprobación y puesta en marcha. El marco general de extranjería e inmigración corresponde al Estado, de conformidad con el artículo 149.1.2 de la Constitución y con el propio Reglamento de Extranjería vigente.
Desde el pasado 27 de enero de 2026, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el inicio de los trámites de este proceso, el Gobierno Vasco ha actuado con responsabilidad institucional, voluntad de colaboración y vocación de servicio público. Según la comunicación oficial del Ministerio, lo anunciado entonces era el inicio de la tramitación de un real decreto y una previsión de arranque de solicitudes “a principios de abril” o “en un plazo aproximado de dos meses”, una vez cumplidos los trámites preceptivos. Esa previsión inicial fue también recogida por distintos medios de comunicación.
En ese contexto, y ante la ausencia de una norma definitiva, el Gobierno Vasco puso en marcha una campaña informativa provisional para trasladar a la ciudadanía información comprensible sobre el borrador estatal, advirtiendo en todo momento de su carácter no definitivo y sujeto a cambios. El objetivo fue evitar desinformación y falsas expectativas, y ofrecer un acompañamiento riguroso desde el primer momento.
Posteriormente, el Gobierno Vasco realizó un análisis técnico del borrador y formuló alegaciones y propuestas orientadas a mejorar la seguridad jurídica del proceso, facilitar su aplicación y reforzar la integración social. Esa actuación se produjo dentro de una lógica de lealtad institucional y colaboración con la Administración General del Estado.
Asimismo, el 16 de febrero se mantuvo una reunión con el Ministerio en la que el Gobierno Vasco trasladó su posicionamiento y ofreció colaboración. En ese encuentro, el Ministerio dejó claro que la regularización extraordinaria sería un proceso gestionado íntegramente por el Estado, sin necesidad de implicación operativa de las comunidades autónomas. A partir de ese momento, la actuación del Gobierno Vasco quedó ajustada a ese marco.
Por ello, conviene distinguir con claridad entre este proceso extraordinario y otras competencias ejecutivas ya transferidas a Euskadi. Desde julio de 2025, Euskadi ejerce funciones en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras en su ámbito territorial, pero la legislación aplicable, la autorización de residencia y la tramitación de todas las autorizaciones no transferidas siguen correspondiendo a la Administración General del Estado. Esa transferencia, por tanto, no convierte al Gobierno Vasco en autoridad competente para aprobar o activar una regularización extraordinaria.
En consecuencia, el papel del Gobierno Vasco se limita a actuar con rigor institucional: informar con veracidad cuando exista una norma estatal definitiva, analizar su alcance y facilitar a la ciudadanía información fiable, evitando especulaciones o anuncios prematuros.
El Gobierno Vasco reitera, por tanto, que ha trabajado desde el primer momento con corresponsabilidad, anticipación y lealtad institucional, pero que la decisión, la regulación y la gestión del proceso extraordinario corresponden exclusivamente al Estado español. El compromiso del Gobierno Vasco seguirá siendo el mismo: trasladar información fidedigna cuando exista un real decreto definitivo y hacerlo con la máxima seriedad y responsabilidad pública.
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