- El VI Plan de Justicia Juvenil de la CAPV 2025-2029 establece el cumplimiento de las medidas judiciales mediante actuaciones educativas, socioeducativas y de reinserción adaptadas a las necesidades de cada menor
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presentado hoy en el Parlamento Vasco el Plan de Justicia Juvenil de la CAPV para el periodo 2025-2029. San José ha subrayado que “ante todo, este plan es un instrumento estratégico que refleja nuestro firme compromiso con la justicia, la protección efectiva de los derechos de las personas menores y con su reintegración social”. Junto a ella, ha comparecido el director de Justicia, José María Bastos.
Durante su intervención en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, la consejera ha expuesto las líneas generales del sexto Plan de Justicia Juvenil desde que la competencia fuera asumida por el Gobierno Vasco. Este documento estratégico permitirá garantizar que cada actuación en materia de justicia juvenil se realice de manera “coordinada, eficiente y respetuosa con los derechos fundamentales”.
En relación con la gestión que realiza la Dirección de Justicia en coordinación con otros departamentos del Gobierno Vasco, San José ha señalado que “gracias a esta coordinación podemos alinear estrategias, evitar duplicidades y optimizar el uso de recursos públicos, garantizando que la intervención sobre las personas menores sea completa, personalizada y efectiva”.
El VI Plan de Justicia Juvenil, que mantiene la línea de los planes anteriores, con un enfoque integral y adaptativo, combina medidas educativas, socioeducativas y de reinserción adaptadas a las necesidades de cada menor. “Sus nueve objetivos son claros”, ha explicado la consejera: “garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de manera eficaz, fomentar la reinserción social y educativa, optimizar la coordinación entre departamentos y entidades y generar información confiable para mejorar nuestras políticas de manera continua”.
Medidas adaptadas a cada menor
La justicia juvenil en Euskadi se basa en la intervención pública con carácter educativo, no únicamente en la sanción penal, y se orienta a la responsabilización de las personas menores que han cometido un delito y a su reinserción social. En ese sentido, San José ha recordado que “cada menor es único y por eso la intervención se adapta a sus circunstancias personales, a su entorno familiar, social y educativo y a su trayectoria”.
María Jesús San José ha explicado los distintos tipos de medidas judiciales comenzando por las que se desarrollan en medio abierto, entre las que se incluyen la libertad vigilada, la realización de tareas socioeducativas, las prestaciones en beneficio de la comunidad o la permanencia en domicilio. Estas medidas permiten intervenir sin necesidad de privación de libertad, siempre que sea posible, y fomentan la “responsabilidad social, la integración y la educación”, ha señalado.
En cuanto a las medidas privativas de libertad en centros educativos, se organizan en tres niveles: el nivel I, destinado a medidas de alta restricción y especialización, está gestionado directamente por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, y los niveles II y III, dirigidos a medidas menos restrictivas, están gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro. La finalidad de estas entidades es la atención socioeducativa a personas menores. En estos centros, cada menor recibe herramientas para su desarrollo personal y social con el fin de “fomentar su integración plena en la comunidad”, ha recalcado la consejera.
Evaluación continua y externa
San José ha destacado asimismo que “un pilar fundamental del plan es la evaluación externa y continua, que asegura pertinencia, eficiencia y eficacia”. Para ello, la Dirección de Justicia contará con la colaboración del Instituto de Criminología de la EHU, con el que se elaborarán memorias anuales de actividad, una evaluación intermedia y una final.
Además, personal investigador externo de la EHU asesorará metodológicamente, recopilará información y elaborará los resultados, asegurando “rigor científico y objetividad”. En palabras de la consejera, “esto garantiza que la evaluación refleje la realidad social, educativa y judicial de las personas menores y permite mejorar continuamente nuestras políticas”.
Presupuesto y refuerzo en la red de centros
María Jesús San José ha detallado la previsión económica del plan. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos dedicará más de 12,6 millones de euros a los servicios de medio abierto, distribuidos en función de la provincia y la capacidad de cada servicio.
En lo relativo a los centros educativos, el centro público Ibaiondo, único de nivel I, dispondrá de un presupuesto de 42,9 millones de euros. Por su parte, los centros de nivel II y nivel III, gestionados por entidades sin ánimo de lucro, dispondrán de un presupuesto de 57,7 millones de euros. En materia de seguridad, se prevé una inversión de 14,7 millones de euros, de los cuales la mitad se destinarán a Ibaiondo.
San José ha recordado que “el éxito del plan depende también de contar con profesionales especializados y en número suficiente”. Para el periodo 2025-2029, el plan prevé que los servicios de medio abierto, cuya ratio es de un profesional por quince menores, cuenten con 16 profesionales en Bizkaia, ocho en Gipuzkoa y cinco en Araba.
Los centros educativos de justicia juvenil disponen asimismo de personal de dirección y administración, personal técnico y de coordinación, educadoras y educadores, profesorado y personal de servicios auxiliares. “Esto garantiza atención integral y personalizada”, ha indicado la consejera. Como ejemplo, ha explicado que Ibaiondo contará para 39 plazas con “65 educadores y educadoras, cinco personas en dirección y administración, dos profesionales de la psicología, dos de trabajo social, trece docentes y personal de servicios auxiliares”. Los centros educativos gestionados por entidades sin ánimo de lucro adaptan su personal a la capacidad y necesidades de cada centro.
Para concluir, la consejera de Justicia y Derechos Humanos ha enumerado los principios en los que se fundamenta el plan: coordinación interinstitucional, transparencia y rendición de cuentas, atención individualizada, prevención y reinserción y evaluación continua.
“El Plan de Justicia Juvenil 2025-2029 representa un compromiso firme del Gobierno Vasco con las y los menores en conflicto con la ley, y garantiza que sus derechos sean respetados, que reciban atención educativa y socioeducativa integral y que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente, responsable y transparente”, ha concluido la consejera.
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