El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, quiere poner en relieve la importancia de que se cumpla la legalidad en la publicación de anuncios de alquiler de vivienda, especialmente en el contexto de la actual situación de emergencia habitacional en Euskadi.
Según datos recientes, este año finalizarán 25.695 contratos de alquiler en la CAV, un tercio de ellos en Gipuzkoa. Organizaciones sociales como Stop Desahucios han alertado de que muchos arrendadores no están ofreciendo la renovación de contratos y que se están publicando nuevos alquileres con precios desorbitados, vulnerando los derechos de los inquilinos y la normativa vigente.
En este sentido, Kontsumobide recuerda que las agencias y los portales inmobiliarios tienen obligaciones claras que deben cumplirse, sobre todo cuando los inmuebles se encuentran en zonas declaradas como tensionadas. La información relativa al precio total del alquiler debe ser completamente transparente, incluyendo la renta mensual completa, los gastos obligatorios asociados y cualquier comisión o coste de intermediación, de manera que la persona consumidora pueda conocer de forma clara y precisa el coste real del arrendamiento. Además, la normativa establece requisitos específicos según el tipo de arrendador: en el caso de los propietarios particulares, es obligatorio indicar la renta del contrato anterior para evitar subidas injustificadas y permitir la comparación con precios históricos; en el caso de los grandes tenedores, se debe informar del índice de referencia aplicado y explicar la relación entre este índice y el precio ofertado, garantizando así que los alquileres se mantengan dentro de los límites legales. Por último, tanto las agencias como los portales inmobiliarios deben asumir la responsabilidad de verificar que la información facilitada sea correcta, de evitar prácticas engañosas o publicidad desleal y de asegurar que los datos presentados sean coherentes y comprensibles durante todo el proceso de búsqueda y contratación.
Por ello, el Instituto Vasco de Consumo intensificará la vigilancia de los anuncios de alquiler, colaborando estrechamente con las oficinas municipales de consumo, para garantizar que se respete la normativa vigente y proteger a los arrendatarios frente a prácticas ilegales o especulativas.
¿Dónde pueden reclamar las personas afectadas?
- Kontsumobide: Es el organismo encargado de velar por que el mercado inmobiliario sea transparente en sus publicaciones. Tramita las reclamaciones de las personas consumidoras que aporten la documentación que acredite incumplimientos en los deberes de información.
- Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC): Dada su mayor cercanía al ciudadano, los Ayuntamientos, a través de sus OMIC, tienen atribuidas funciones de información, mediación y tramitación de quejas, reclamaciones y denuncias.
- Junta Arbitral de Consumo de Euskadi: Es una vía para la resolución alternativa de conflictos. Si la agencia o el arrendador están adheridos, se puede obtener un laudo vinculante y ejecutivo.
- Asociaciones de Personas Consumidoras: Actúan como cauce de representación y participación para la defensa de los intereses generales o colectivos.
- Vía Judicial: Para solicitar la nulidad de cláusulas abusivas o el resarcimiento de daños y perjuicios que no se hayan podido resolver por la vía administrativa.
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