- El Gobierno Vasco aprueba 65 millones de euros de gasto para garantizar la Prestación Económica de Vivienda (PEV), con crédito ampliable en 2026
- El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha recordado que “la Ley Vasca de Vivienda, que reconoce el derecho subjetivo a acceder una vivienda digna y estable, contempla una prestación económica como mecanismo subsidiario, es decir, un apoyo económico para alquilar en el mercado libre, y que nadie quede atrás mientras seguimos ampliando la oferta de vivienda asequible”
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el gasto de 65 millones de euros para financiar en 2026 la Prestación Económica de Vivienda (PEV), con crédito ampliable, con el objetivo de garantizar la cobertura de este apoyo económico cuando el derecho subjetivo de acceso a una vivienda no puede satisfacerse de manera inmediata mediante la adjudicación de una vivienda del parque público o un alojamiento dotacional.
La PEV es el instrumento que permite hacer efectivo, de forma subsidiaria, el derecho subjetivo a la ocupación legal y estable de una vivienda reconocido por la Ley Vasca de Vivienda. Este derecho se configura para aquellas personas y unidades convivenciales que, no disponiendo de una vivienda digna y adecuada, carecen de los recursos económicos necesarios para acceder a una. En ese marco, la ley contempla la posibilidad de una prestación económica pública que permita satisfacer el derecho a través del arrendamiento en el mercado libre, cuando no existe una alternativa inmediata en el mercado protegido. Es decir, “un apoyo económico para alquilar en el mercado libre”, para que “nadie quede atrás mientras seguimos ampliando la oferta de vivienda asequible”, ha señalado Itxaso.
Un sistema público de apoyo al alquiler con alcance masivo
La PEV se enmarca en un sistema de políticas públicas de vivienda y ayudas al alquiler que hoy tiene un impacto muy amplio en Euskadi. “En torno a la mitad de los hogares que viven de alquiler en Euskadi reside en una vivienda protegida o recibe alguna ayuda pública —ya sea en forma de vivienda o de apoyo económico— que facilita su acceso al alquiler residencial y contribuye a sostener su estabilidad”, ha afirmado el consejero de Vivienda.
Además, Itxaso ha recordado que “2026 será clave para esta prestación, pues gracias a la aprobación en las próximas semanas del Decreto de Modificación Urgente de Disposiciones Reglamentarias de Vivienda (Decreto de Medidas Urgentes), el Gobierno Vasco actualizará los ingresos máximos vinculados al reconocimiento del derecho subjetivo, ampliando así el alcance poblacional de estas ayudas”. “Hablamos de una intervención pública de enorme alcance: a cierre de 2026 esperamos llegar a 35.000 hogares a través del derecho subjetivo y su prestación económica asociada”, ha subrayado el consejero. Según Itxaso, “esto es clave en un contexto de emergencia habitacional, porque la actualización de las rentas máximas de acceso que incorpora el Decreto de Medidas Urgentes permitirá que más familias y personas puedan acogerse a esta ayuda pública, que busca proteger a la demanda en un mercado residencial enormemente tensionado”.
El parque de viviendas en alquiler en Euskadi supera las 137.000, sumando alquiler libre y protegido. “Si a esos 35.000 hogares del derecho subjetivo sumamos un parque protegido en alquiler que estimamos en torno a 30.000 viviendas a finales de 2026, y las 9.500 ayudas de Gaztelagun previstas también para ese horizonte, podemos concluir que la acción pública directa e indirecta para facilitar el acceso al alquiler aumentará unos 4 puntos y se moverá en torno al 54% del mercado”, ha destacado Denis Itxaso durante su intervención tras el Consejo de Gobierno.
Sobre la Prestación Económica de Vivienda
La Prestación Económica de Vivienda es un apoyo periódico dirigido a ayudar a sufragar la renta del alquiler cuando no es posible atender el derecho subjetivo mediante la adjudicación de una vivienda protegida o un alojamiento dotacional. Por tanto, tiene un carácter subsidiario: opera como garantía pública mientras se continúa reforzando el parque de vivienda público y asequible.
La prestación es intransferible, debe destinarse exclusivamente al pago de la renta y su cuantía se calcula en función de la situación de la unidad convivencial y el coste del alquiler, sin que pueda superar el importe de la renta acreditada. La PEV se gestiona a través de las Delegaciones Territoriales de Vivienda y se abona mediante ingreso en cuenta bancaria.
Para acceder a la PEV es necesario cumplir los requisitos del derecho subjetivo y acreditar, entre otros aspectos, la residencia en una vivienda en alquiler o situaciones asimiladas previstas, así como las condiciones económicas establecidas. La prestación es incompatible con otras ayudas públicas destinadas a la misma necesidad de residencia habitual (por ejemplo, ayudas sociales de emergencia vinculadas al alquiler, ayudas al alquiler como Gaztelagun u otras ayudas municipales), con el fin de garantizar que el apoyo se dirige de forma ordenada y no se solapa con otros instrumentos.
Los límites de ingresos máximos actualizados (una vez se apruebe el Decreto de Medidas Urgentes) pasan a ser:
- 14.000 euros/año para unidades convivenciales de 1 miembro
- 18.000 euros/año para unidades convivenciales de 2 miembros
- 20.000 euros/año para unidades convivenciales de 3 o más miembros
Con esta aprobación de gasto, el Gobierno Vasco refuerza su compromiso con un modelo que combina más vivienda asequible y, mientras esa oferta crece, mecanismos de garantía para que el derecho subjetivo a una vivienda digna y estable se cumpla también mediante apoyo económico cuando resulte necesario.
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