- El consejero Denis Itxaso se reúne con la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, para conocer de primera mano la reforma navarra y estudiar su alcance ante casos como las 510 VPO de Benta Berri, en Donostia, o las viviendas del antiguo Vitalquiler en Vitoria-Gasteiz
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, se ha reunido este martes por la tarde en Pamplona con la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, con el objetivo de contrastar las distintas vías legales emprendidas por ambas comunidades para proteger el parque de vivienda de protección oficial en alquiler y reforzar la seguridad de las personas inquilinas. El encuentro se ha producido después de que el Parlamento de Navarra haya aprobado una reforma de la legislación foral de vivienda destinada a impedir que las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible pierdan su calificación y puedan pasar al mercado libre.
El Gobierno Vasco quiere conocer de primera mano el alcance jurídico de esta iniciativa, el modo en que ha sido impulsada y consensuada en el Parlamento foral, y su posible utilidad como referencia para abordar situaciones análogas en Euskadi. En ese sentido, Itxaso ha subrayado que la reunión responde a una voluntad compartida entre ambos gobiernos: “defender a las personas inquilinas, consolidar un mercado protegido de alquiler sano y evitar que decisiones regulatorias del pasado terminen provocando hoy incertidumbre residencial, subidas abusivas o expulsiones encubiertas de familias que accedieron en su día a una vivienda protegida”.
Por su parte, la vicepresidenta navarra Begoña Alfaro ha asegurado que la aprobación el pasado jueves por parte del Gobierno de Navarra de la proposición de ley que blinda de manera permanente la vivienda protegida de alquiler viene a paliar un déficit existente hasta la fecha “que consistía en que viviendas públicas, construidas con una importante aportación de dinero salido del bolsillo de navarros y navarras, acaben en manos de fondos de inversión privados y en el mercado libre. Con esta aprobación -ha añadido- lo que garantizamos es la seguridad residencia de 2.243 familias de navarras a futuro ya que sus viviendas iban a perder la calificación protegida, 1.300 de ellas en los próximos cinco años”.
Con relación a la seguridad jurídica, la vicepresidenta tercera del Gobierno foral ha destacado que “todas las iniciativas que se han llevado a cabo en esta legislatura se han realizado con sólidos informes jurídicos y, en este caso, no podía ser menos. No solo hay solidez jurídica, sino que hay jurisprudencia consolidada tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunas Superior de Justicia del País Vasco como del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que avalan la medida que hemos adoptado porque mientras una vivienda tiene la calificación protegida no estamos hablando de un derecho consolidado sino de un derecho de expectativa, que es de lo que se trata en la modificación legislativa que hemos aprobado. Lo que no puede ser- ha añadido- es que cualquier avance en materia de vivienda para la mayoría social se cuestione la seguridad jurídica por parte de quién no quiere modificar nada para que todo siga igual. Aquí, hay seguridad jurídica, hay seguridad residencial para los inquilinos y hay seguridad emocional para quien ahora ya no tiene que preocuparse de que va a ser de su vivienda a futuro”.
El Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana viene analizando en los últimos meses diferentes fórmulas para evitar la descalificación de viviendas protegidas en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado. La vía inicialmente estudiada por el Ejecutivo autonómico toma como referencia la experiencia de Cataluña y plantea mantener y prorrogar la protección oficial de aquellas viviendas, tanto en alquiler como en propiedad, que estén amenazadas de perder su calificación en los próximos años, al menos mientras se mantenga vigente la declaración de zona tensionada en el municipio correspondiente.
Esta solución permitiría actuar en casos especialmente sensibles como el de Benta Berri, en San Sebastián, donde 510 viviendas protegidas en alquiler, actualmente vinculadas al grupo Blackstone a través de Testa Residencial, podrían perder su calificación a finales de 2028. El riesgo de descalificación ha generado una profunda inquietud entre las y los vecinos, muchos de los cuales llevan décadas residiendo en estas viviendas y temen que su paso al mercado libre derive en incrementos inasumibles de renta o en la no renovación de sus contratos. Con ese contexto, el Gobierno Vasco ha mantenido ya contactos con los inquilinos afectados y con la propiedad, y ha expresado su compromiso de agotar todas las vías legales, administrativas y negociadoras para evitar que un parque residencial nacido con finalidad social acabe convertido en una oportunidad de mercado ajena al interés público.
La situación de Vitoria-Gasteiz, por su parte, también confirma la necesidad de actuar con anticipación. Las promociones del antiguo Vitalquiler —hoy Adalquiler, vinculadas a Adania— han puesto de manifiesto los problemas que se generan cuando viviendas que fueron concebidas como alquiler social o protegido pierden su calificación y pasan al mercado libre en un contexto de fuerte tensión residencial. En barrios como Salburua, Zabalgana o Ibaiondo, la pérdida de protección de distintas promociones ha venido acompañada de denuncias vecinales por subidas de renta y por la incertidumbre que sufren los hogares afectados.
Para Itxaso, estos casos demuestran que “la vivienda protegida no puede entenderse como un paréntesis temporal destinado a desembocar, años después, en una operación de mercado libre”. A su juicio, “si hubo suelo público, ayudas públicas, finalidad social y expectativas legítimas de estabilidad residencial, las administraciones tienen la obligación de revisar las reglas heredadas y proteger el interés general con el máximo rigor jurídico”. La reunión con el Gobierno de Navarra se ha enmarcado, por tanto, en una lógica de cooperación institucional y de aprendizaje compartido entre comunidades que afrontan problemas similares desde realidades jurídicas diferentes.
Euskadi cuenta desde hace años con una política avanzada de calificación permanente de la vivienda protegida, pero arrastra todavía promociones anteriores a ese marco legal que pueden quedar expuestas a procesos de descalificación. Navarra, por su parte, acaba de aprobar una reforma de mayor alcance sobre la VPO en alquiler que el Gobierno Vasco quiere estudiar con detalle. Itxaso ha destacado la “complicidad política” existente entre ambos ejecutivos en materia de vivienda y ha valorado que Navarra haya afrontado este debate “con valentía, vocación social y voluntad de proteger a quienes viven de alquiler en promociones que nunca debieron perder su función pública”.
Según él, “el Gobierno Vasco no ha acudido a Pamplona con una posición cerrada, sino con una disposición honesta a escuchar, aprender y contrastar. Ya hemos anunciado que queremos recorrer una vía inspirada en Cataluña para prorrogar la protección de las VPO amenazadas de descalificación en zonas tensionadas. Ahora queremos conocer a fondo la vía navarra, su seguridad jurídica, su alcance real y el consenso político que la ha hecho posible”, ha señalado. El consejero vasco ha insistido en que la prioridad del Departamento es ofrecer certidumbre a los inquilinos y preservar el parque de alquiler protegido como un activo estratégico de país. “Cada vivienda protegida que se pierde es una oportunidad menos para garantizar el derecho a la vivienda. Y cada familia que vive con miedo a una descalificación, a una subida brusca del alquiler o a una no renovación merece que las instituciones estén a la altura”, ha afirmado.
La reunión entre Itxaso y Alfaro ha permitido también compartir experiencias sobre la regulación de las zonas tensionadas, el papel de los grandes tenedores, los mecanismos de tanteo y retracto, y las herramientas jurídicas disponibles para evitar que viviendas promovidas con vocación social terminen expulsando a los mismos hogares a los que debían proteger. El Gobierno Vasco considera que la defensa del alquiler protegido exige combinar seguridad jurídica, ambición social y cooperación institucional.
En ese sentido, el encuentro con el Gobierno de Navarra forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la función social de la vivienda, proteger a las personas inquilinas y corregir los efectos de regulaciones anteriores que permitieron que determinadas promociones protegidas nacieran con fecha de caducidad. “Queremos un mercado protegido de alquiler fuerte, estable y confiable. Un mercado que dé seguridad a los inquilinos, que preserve el esfuerzo público realizado durante décadas y que no deje a las familias a merced de herencias normativas que hoy resultan incompatibles con la emergencia habitacional que vivimos”, ha concluido Itxaso.
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