- El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, rechaza en el Consejo Interterritorial las liquidaciones de 2023 y 2024 que propone el Ministerio para Euskadi y denuncia las “deficiencias jurídicas y procedimentales” del actual sistema de compensación
- Euskadi fue la primera comunidad en advertir de la falta de rigor y transparencia del Fondo de Cohesión y del FOGA y ahora se suma otra autonomía como Madrid
- Euskadi, pese a representar solo en torno al 5% de la población estatal, ha llegado a aportar cerca del 60% del total, superando incluso la suma de trece comunidades autónomas, lo que considera desproporcionado
- El Gobierno Vasco solo respaldará un modelo con reglas claras, desarrollo normativo completo y garantías de seguridad jurídica, transparencia, estabilidad y equidad para todas las comunidades
Euskadi ha votado en contra de los puntos incluidos hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre el sistema de compensación vinculado al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y al Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), al considerar que presenta importantes deficiencias jurídicas y procedimentales. Esta decisión supone el rechazo al pago de 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los años 2023 y 2024 que propone el Ministerio de Sanidad para Euskadi.
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha emitido un voto expreso en contra, apoyado en un informe jurídico que concluye que las liquidaciones del FCS y del FOGA se sustentan en un marco insuficientemente regulado, con carencias de seguridad jurídica, transparencia y estabilidad. “No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara; sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, ha afirmado el consejero.
“El tiempo confirma nuestras advertencias”
Martínez ha subrayado que la decisión de hoy confirma la coherencia de la posición del Gobierno Vasco desde el inicio de la legislatura. “El tiempo está confirmando las advertencias que Euskadi viene realizando desde hace meses sobre el Fondo de Cohesión Sanitaria y el FOGA: hablamos de un sistema con importantes deficiencias jurídicas, sin desarrollo reglamentario completo y con mecanismos poco transparentes”, ha señalado.
El consejero ha recordado que Euskadi ha sido la primera comunidad en reclamar una revisión integral del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial. “Desde el principio hemos defendido lo mismo: reglas claras, respaldo normativo suficiente y criterios homogéneos para todos los territorios; no se trata de una discrepancia coyuntural, sino de garantizar seguridad jurídica y equidad”, ha insistido.
Sin avances desde el Ministerio
Conviene recordar que la necesidad de acometer una revisión del marco normativo estatal no es una reivindicación reciente. Euskadi ha venido trasladando de manera reiterada la conveniencia de adecuar la normativa.
En este sentido, hay que señalar que, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad en octubre de 2025, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, subrayó como “de vital importancia” abordar el desarrollo normativo del FCS y del FOGA, una vez equilibrados los saldos entre comunidades, en línea con una demanda reiterada de las autonomías, entre ellas Euskadi, ante el extraordinario desequilibrio existente. Asimismo, manifestó el compromiso del Ministerio de Sanidad de avanzar en una regulación que permita una mayor equidad y cohesión del sistema, dado que actualmente las comunidades asumen prestaciones que no quedan adecuadamente compensadas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido ningún avance en este ámbito.
Esta situación resulta especialmente relevante en el caso de Euskadi, que ha abonado 169 millones de euros al Sistema de Información de Cohesión entre 2012 y 2022, ya que, pese a representar solo en torno al 5% de la población estatal, ha llegado a aportar cerca del 60% del total, superando incluso la suma de trece comunidades autónomas. De ahí, el voto en contra a esta factura adicional de 51 millones, por considerarla desproporcionada.
Además, el Ministerio de Sanidad, conforme a su competencia y responsabilidad, tiene la obligación de impulsar, una vez por todas, el desarrollo normativo del FOGA tal y como le instó ya el Tribunal de Cuentas y no perpetuar esta situación sin ningún tipo de cobertura legal.
Cinco motivos de un NO fundamentado
El Gobierno Vasco estructura su rechazo en cinco grandes argumentos:
- Falta de debate y de avance reformador. El asunto no se abordó previamente en la reunión preparatoria del 3 de julio, pese a las demandas planteadas desde el Consejo Interterritorial celebrado en Zaragoza en octubre de 2025. Además, sigue sin constituirse el grupo de trabajo acordado en 2025 para estudiar una reforma normativa de los fondos.
- Inseguridad jurídica del sistema actual. Las sucesivas modificaciones introducidas a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado han alterado la naturaleza inicial del FCS, desplazando aspectos esenciales de su regulación a disposiciones presupuestarias y generando un sistema complejo, con saldos acumulados y una notable incertidumbre sobre su funcionamiento y liquidación.
- Ausencia de desarrollo reglamentario del FOGA. Desde la entrada en vigor del Real Decreto"ley 16/2012, no se ha aprobado el desarrollo reglamentario previsto para determinar los importes a liquidar a través del FOGA, de modo que las liquidaciones se realizan conforme a criterios de órganos de seguimiento y coordinación sin regulación específica.
- Riesgo de extralimitación competencial. Determinados órganos administrativos se habrían arrogado funciones que podrían exceder sus competencias, otorgando efectos jurídicos a acuerdos o actas sin cobertura legal suficiente, lo que compromete la transparencia, la estabilidad y la seguridad jurídica del sistema.
- Perpetuación de un régimen transitorio. El mecanismo de compensación vigente, previsto como temporal, se ha consolidado de facto como permanente debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, lo que impide una revisión integral del modelo y mantiene sus deficiencias estructurales.
“Estamos ante un procedimiento que nació como algo transitorio y que, por la vía de la inercia, se ha convertido en el mecanismo ordinario de liquidación”, ha advertido Martínez. “No se han corregido las carencias señaladas y se nos pide que aceptemos liquidaciones sobre una base jurídica que seguimos considerando insuficiente”, ha añadido el consejero.
Una reivindicación desde el inicio de la legislatura
La revisión a fondo del sistema de compensación interterritorial en materia sanitaria ha sido una reivindicación constante de Euskadi desde el inicio de la actual legislatura. Ya en el Consejo Interterritorial celebrado en Zaragoza en octubre de 2025, el consejero expuso la necesidad de impulsar una reforma profunda, advirtiendo de las carencias existentes y reclamando una regulación más sólida, transparente y estable para todas las comunidades autónomas.
“La posición de Euskadi ha sido firme y coherente: no cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado.
Madrid se suma al NO
Ante la situación actual, el Gobierno Vasco considera especialmente significativo que la Comunidad de Madrid haya expresado también posiciones coincidentes con las defendidas por Euskadi respecto a la necesidad de revisar el marco jurídico de estos instrumentos.
“La incorporación de nuevas comunidades a esta reflexión demuestra que la preocupación por la seguridad jurídica, la transparencia y la equidad del modelo de compensación no es exclusiva de Euskadi”, ha indicado Martínez. “Esto refuerza que nuestra posición no responde a un interés particular, sino a la defensa de un sistema justo y correctamente regulado para todos”, ha añadido.
Llamamiento a una reforma con garantías
Euskadi sostiene que cualquier liquidación o compensación entre comunidades autónomas debe sustentarse en una base legal robusta, transparente y consensuada, con reglas claras, estables y plenamente respaldadas por una normativa específica.
“Seguimos dispuestos a participar de forma constructiva en los trabajos que sean necesarios para modernizar y fortalecer el sistema de compensación interterritorial”, ha concluido el consejero. “Pero mientras no se aborden las deficiencias señaladas ni se acometa la reforma normativa necesaria, no podemos apoyar unos acuerdos que perpetúan un modelo ampliamente cuestionado desde el punto de vista jurídico y técnico”.
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