- El consejero de Salud, Alberto Martínez, denuncia la falta de negociación en la tramitación del anteproyecto del Ministerio de Sanidad, que ignora la especificidad del colectivo médico y pone en riesgo la viabilidad de los servicios autonómicos
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha manifestado hoy su desacuerdo con el procedimiento seguido por el Ministerio de Sanidad en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Reforma del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud, una norma que, según ha recordado, es de exclusiva responsabilidad del propio Ministerio.
Durante su intervención en el Consejo Interterritorial celebrado esta mañana, el consejero de Salud ha expresado una postura firme, subrayando la falta de un proceso de participación efectivo y de diálogo estructurado con los y las profesionales del sector sanitario, especialmente con el colectivo médico, al que el texto “no reconoce adecuadamente ni en sus funciones ni en sus condiciones de trabajo”.
En un contexto marcado por las jornadas de huelga convocadas para la próxima semana por los médicos y médicas en distintas comunidades autónomas, Martínez ha destacado que este malestar generalizado refleja la creciente preocupación del personal facultativo ante una reforma elaborada sin escucha ni consenso.
El Gobierno Vasco, como ya lo señaló hace días el lehendakari Imanol Pradales, considera que el enfoque del anteproyecto no incorpora la realidad asistencial ni las necesidades específicas del personal facultativo, pese a que se trata de un grupo profesional “con una alta responsabilidad e impacto en la prestación sanitaria”.
El consejero Martínez ha insistido, así, en la necesidad de un marco regulatorio que reconozca la especificidad funcional, competencial y organizativa de todos los colectivos que integran el sistema, sin carácter excluyente de ningún tipo, y de forma expresa la especificidad inherente al ejercicio profesional médico.
Falta de memoria económica y financiación adicional
El consejero de Salud ha advertido de que el texto presentado por el Ministerio de Sanidad introduce medidas de impacto relevante, como la modificación de jornadas y tiempos de guardia, sin acompañarlas de la preceptiva memoria económica ni de dotación presupuestaria adicional, además del impacto sobre el modelo organizativo y la capacidad asistencial en los diferentes servicios y niveles asistenciales.
Para el Departamento de Salud, imponer obligaciones retributivas o estructurales sin respaldo financiero vulnera el principio de lealtad institucional y al principio de reconocimiento competencial, que es exclusivo del Ministerio, y compromete la sostenibilidad económico-financiera de los servicios de salud autonómicos.
Martínez ha destacado también la persistencia de cuestiones no resueltas que competen directamente al Gobierno de España, como la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada del personal médico, teniendo en cuenta que las jornadas de guardias son obligatorias, tal y como ya se ha reconocido a otros colectivos. “La falta de avance en este ámbito supone un agravio comparativo injustificado hacia un colectivo que ejerce una labor de elevada responsabilidad y penosidad”, ha señalado.
Llamamiento a la responsabilidad y al consenso
El consejero de Salud ha señalado, además, que la reforma del Estatuto Marco debe ser fruto de un proceso de consenso técnico y político, y exige al Ministerio de Sanidad que asuma su responsabilidad institucional impulsando un texto que respete las realidades asistenciales y organizativas del Sistema Nacional de Salud y que garantice condiciones laborales adecuadas y sostenibles para el personal médico.
“El Ministerio de Sanidad debe escuchar, dialogar y construir soluciones compartidas. Solo así se podrá reforzar el sistema público y asegurar su sostenibilidad”, ha afirmado el consejero de Salud, quien ha instado a la ministra Mónica García a abrir cuanto antes un canal de diálogo real con las organizaciones representantes del colectivo médico, en un momento en que las protestas y las jornadas de huelga evidencian un deterioro de confianza que requiere respuestas urgentes y constructivas.
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