- El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana somete a consulta previa la nueva norma reguladora del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, que prevé reservar el 30% de las viviendas a rentas medias y trabajadoras con ingresos de entre 20.000 y 46.000 euros, y consolidar un nuevo modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales para jóvenes menores de 36 años y personas mayores autónomas
- Denis Itxaso ha destacado que “el problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema: afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que el mercado ha dejado fuera”
- El consejero del ramo ha subrayado también que, para el salto de escala en vivienda pública en alquiler, Euskadi necesita “una herramienta nueva, más afinada, más ágil y más justa”
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha iniciado este jueves la tramitación de una nueva norma que reformará el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, Etxebide, así como los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida pública en alquiler y apartamentos dotacionales. La iniciativa se encuentra desde hoy en fase de consulta previa a la ciudadanía, un trámite que permite recabar aportaciones antes de la redacción del texto normativo. El objetivo es actualizar los instrumentos de inscripción, baremación y adjudicación para responder mejor a la realidad actual de Euskadi: una sociedad en la que conviven situaciones de vulnerabilidad severa con una creciente dificultad de acceso a la vivienda por parte de rentas medias, jóvenes, familias trabajadoras y unidades convivenciales con necesidades cambiantes.
En su comparecencia ante los medios, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha subrayado que el inicio de la tramitación de este decreto “responde a una convicción muy clara: el problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema, aunque esa siga siendo una prioridad irrenunciable de la acción pública”. Tal y como ha explicado, “hoy la dificultad de acceso a una vivienda digna afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que tienen ingresos, empleo y proyecto de vida, pero que se encuentran bloqueadas por un mercado que ha dejado fuera a demasiada gente”.
Por ello, el Departamento considera que la evolución del mercado de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, ha situado el acceso a una vivienda digna y adecuada fuera del alcance de capas cada vez más amplias de la población. En consecuencia, esta situación exige adaptar las reglas de adjudicación de la vivienda protegida para que el sistema mantenga su función social prioritaria, pero sea también capaz de dar respuesta a nuevas formas de necesidad residencial.
Durante su intervención, Itxaso ha defendido que la nueva norma de Etxebide “es coherente con el diagnóstico que venimos haciendo desde el Departamento: la vivienda se ha convertido en un reto social de primer orden, pero también urbano, económico, generacional y democrático”. En ese sentido, ha señalado que “cuando un sistema público no reconoce toda la complejidad de la demanda, corre el riesgo de llegar tarde o de llegar solo a una parte del problema. Y nuestra responsabilidad es adaptar las herramientas públicas a la realidad de la sociedad vasca de hoy”.
La nueva norma no plantea sustituir la protección de las personas y familias con menores ingresos, sino ampliar la capacidad de respuesta del sistema. Para ello, el futuro decreto prevé modificar el sistema de cupos y los criterios de baremación, con el fin de equilibrar mejor vulnerabilidad, permanencia en el registro, arraigo, proyecto vital y adecuación de la vivienda a las necesidades reales de cada unidad convivencial. “El decreto no va de enfrentar necesidades, sino de ordenar mejor las respuestas”, ha remarcado el consejero. “Vamos a seguir protegiendo a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, pero también debemos abrir camino a quienes, sin ser vulnerables en sentido estricto, no pueden acceder al mercado libre ni construir un proyecto de vida autónomo. La vivienda protegida debe ser una palanca de cohesión social, no un recurso residual para cuando todo lo demás ha fallado”, ha afirmado.
El 30% de las viviendas, para las clases medias
Entre las principales medidas previstas destaca la creación de un subcupo que reserve el 30% de las viviendas de cada promoción a unidades convivenciales con ingresos anuales comprendidos, con carácter general, entre 20.000 y 46.000 euros. Esta medida busca facilitar el acceso a la vivienda protegida de rentas medias y trabajadoras que, aun teniendo ingresos regulares, quedan frecuentemente desplazadas en el sistema actual y no pueden acceder al mercado libre en condiciones razonables.
Los datos de Etxebide reflejan que el nuevo cupo responde a una necesidad real del registro de demandantes. En Euskadi, 34.148 personas inscritas buscan acceder a una vivienda protegida, ya sea en alquiler o en compra, y cuentan con unos ingresos anuales de entre 20.000 y 46.000 euros. Este colectivo representa cerca del 30% de las casi 110.000 personas inscritas en Etxebide, un porcentaje prácticamente idéntico al cupo específico que se ha establecido. Del total, 18.268 demandan una vivienda en alquiler —6.823 en Gipuzkoa, 8.410 en Bizkaia y 3.036 en Álava—, mientras que 15.879 optan por la compra —6.107 en Gipuzkoa, 8.154 en Bizkaia y 1.618 en Álava—. En conjunto, este segmento de población se distribuye por territorios en 16.564 personas en Bizkaia, 12.930 en Gipuzkoa y 4.654 en Álava.
Itxaso ha puesto en valor la creación de este subcupo al considerar que “introduce realismo y justicia en el sistema. Hay muchas personas que cumplen con sus obligaciones, tienen nóminas, pagan impuestos y, aun así, no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables. Si la política pública no ofrece una respuesta también a esa parte de la sociedad, estaremos dejando crecer una fractura que afecta a la confianza en las instituciones y a la igualdad de oportunidades”, ha advertido.
El decreto también permitirá desarrollar y consolidar un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales. Este modelo combinará apartamentos destinados a jóvenes menores de 36 años, vinculados a itinerarios de emancipación, con alojamientos para personas mayores autónomas que necesitan soluciones accesibles, adecuadas y acompañadas. En el caso de los jóvenes, se prevé exigir unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional y unos ingresos máximos de 46.000 euros, de forma que la estancia temporal cumpla su función: facilitar la emancipación, permitir la generación de ahorro y favorecer una posterior transición hacia otra solución habitacional.
El consejero ha defendido el impulso de alojamientos intergeneracionales como “una respuesta inteligente a necesidades distintas que pueden complementarse. La emancipación juvenil y el envejecimiento autónomo son dos grandes desafíos de país. Vincularlos a través de soluciones habitacionales adecuadas, temporales, accesibles y acompañadas nos permite innovar en política pública y construir comunidades más mixtas, más solidarias y más vivas”, ha señalado.
En relación con las personas mayores, la nueva norma plantea rebajar de 70 a 65 años la edad mínima para acceder a determinados apartamentos dotacionales intergeneracionales. Además, cuando la persona disponga de vivienda en propiedad, el acceso podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, contribuyendo así a incrementar la oferta de alquiler protegido y a movilizar vivienda hacia una función social.
Otra de las novedades previstas es la recuperación de un mecanismo que permita adjudicar vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares. En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior, con el objetivo de evitar situaciones de inadecuación sobrevenida entre el tamaño de la familia y la superficie disponible.
Más relevancia a la antigüedad
La nueva norma también abordará mejoras en el funcionamiento del propio registro Etxebide. En concreto, se prevé dar mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción, de manera que la permanencia en el registro siga generando valoración más allá de los límites actualmente existentes. Asimismo, se plantea evitar que el cambio de preferencia entre las modalidades de alquiler y compra suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados por antigüedad, siempre que la persona o unidad convivencial mantenga la nueva modalidad durante un periodo mínimo de tres años.
Según Itxaso, el futuro decreto “forma parte de una nueva etapa en la política vasca de vivienda”. “Como Gobierno nos disponemos a dar un salto de escala en materia de vivienda pública en alquiler, y para eso necesitamos una herramienta nueva, más afinada, más ágil y más justa. No basta con construir más vivienda si los procedimientos de inscripción, baremación y adjudicación no están preparados para responder al volumen, la diversidad y la urgencia de la demanda actual”, ha explicado.
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana considera que esta actualización normativa es necesaria para mejorar la eficacia, la equidad y la legitimidad social del sistema de adjudicación. Etxebide debe seguir siendo una herramienta de garantía pública, pero también un instrumento más sensible, flexible y ajustado a la complejidad actual de la demanda de vivienda en Euskadi. En ese sentido, Itxaso ha destacado que “Etxebide debe evolucionar para convertirse en una herramienta más precisa de política pública”. A su juicio, “un registro moderno no puede limitarse a ordenar una lista; debe ayudarnos a identificar mejor las necesidades, priorizar con criterios transparentes, reconocer la permanencia y el arraigo, y asignar los recursos públicos de forma que produzcan el mayor impacto social posible”.
La consulta previa estará abierta durante quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio, es decir, de mañana viernes. La ciudadanía podrá formular observaciones, propuestas o alegaciones a través de los canales habilitados en el procedimiento, tanto electrónicos como, en su caso, presenciales.
Finalmente, Itxaso ha afirmado que “la nueva norma de Etxebide es una pieza necesaria para que el esfuerzo inversor y normativo del Gobierno Vasco tenga más capacidad transformadora”. “La vivienda es hoy una de las condiciones materiales de la libertad. Sin vivienda accesible no hay emancipación, no hay estabilidad familiar, no hay arraigo y no hay igualdad real de oportunidades. Por eso necesitamos políticas públicas ambiciosas, pero también instrumentos bien diseñados para que esa ambición se traduzca en resultados concretos para la ciudadanía”, ha concluido.
Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco avanza en una nueva norma orientada a reforzar el papel de la vivienda protegida pública en alquiler como una pieza central de la política social, urbana y generacional de Euskadi. El objetivo es claro: que el sistema de vivienda pública llegue mejor a quienes más lo necesitan, responda también a quienes están quedando fuera del mercado libre y contribuya a construir ciudades y pueblos más equilibrados, inclusivos y cohesionados.
""¡¡IMPORTANTE!!
Para el cupo del 30%. Los ingresos entre 20.000 y 46.000 son por unidad convivencial, y se mantienen así cuando hablamos de unidades convivenciales formadas por una sola persona. Cuando son dos o más, esos ingresos se ponderan, es decir, se les aplica un coeficiente correctivo a la baja en función de las cargas familiares que tengan.
Un ejemplo: en una familia de 4 miembros, son dos las personas que aportan ingresos. Cada uno gana 30.000. Es decir, en total 60.000. Se pasarían. Pero al ser 4 y tener cargas, se ponderan y a efectos de Etxebide esos ingresos serían de 45.900€.
enlace a la calculadora para simulaciones: Etxebide
Más información en el portal Irekia (Se abrirá en nueva ventana)