- La publicación de la orden de inicio activa la elaboración de una norma integral para prevenir la discriminación, proteger a las víctimas, reparar el daño y garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la igualdad.
El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha publicado la orden por la que se inicia el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley Vasca de Igualdad de Trato y No Discriminación. Con este primer paso comienza la tramitación de una norma destinada a reforzar el derecho de todas las personas a recibir un trato igualitario y digno, con independencia de sus circunstancias personales o sociales.
La futura ley pretende ofrecer una respuesta integral y coordinada ante las diferentes formas de discriminación que se producen en la sociedad vasca. Para ello, establecerá un marco común de prevención, protección, reparación y sanción, de carácter transversal y aplicable al conjunto de las políticas públicas y de las administraciones vascas. La convivencia, la diversidad y la garantía efectiva de los derechos fundamentales serán los ejes centrales de la norma.
“Con esta orden damos el primer paso para dotar a Euskadi de una herramienta moderna, integral y garantista. Queremos que ninguna discriminación quede sin respuesta y que cualquier persona que vea vulnerado su derecho a la igualdad encuentre acompañamiento, protección y vías efectivas de reparación”, ha señalado la directora de Diversidad Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Arantza Chacón.
El anteproyecto parte del trabajo desarrollado durante las últimas décadas por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos y las entidades sociales. Sin embargo, la evolución de la realidad social, la persistencia de situaciones de discriminación infradenunciadas y la aparición de nuevas manifestaciones vinculadas al entorno digital hacen necesario disponer de instrumentos más completos, especializados y coordinados.
Una ley adaptada a las nuevas formas de discriminación
El ámbito de aplicación previsto será amplio y alcanzará espacios como la educación, la sanidad, el empleo, la vivienda, los servicios públicos, la cultura, el deporte, la seguridad, los medios de comunicación y el acceso a bienes y servicios.
La norma incorporará, además, ámbitos emergentes como las redes sociales, la inteligencia artificial, los algoritmos y los sistemas automatizados de toma de decisiones. También actualizará los conceptos jurídicos para reconocer, junto a la discriminación directa e indirecta, otras formas como la discriminación múltiple e interseccional, estructural, sistémica, institucional, por asociación o por error, así como el acoso y los discursos de odio discriminatorios.
La protección se concibe con carácter universal y se garantizará con independencia de la nacionalidad o de la situación administrativa de la persona.
Las víctimas, en el centro de la respuesta pública
Uno de los principales avances del anteproyecto será la configuración de un sistema integral de protección a las víctimas. La atención combinará información, acompañamiento, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y social, medidas de reparación y actuaciones destinadas a evitar que los hechos vuelvan a repetirse.
La futura ley establecerá un protocolo específico para ofrecer una respuesta homogénea, especializada y adaptada a las distintas situaciones de discriminación, con especial atención a aquellas que se producen en internet y en las redes sociales. Las administraciones podrán, además, iniciar actuaciones de investigación cuando tengan conocimiento de posibles vulneraciones, sin hacer recaer toda la responsabilidad de la denuncia sobre las personas afectadas.
El texto reconocerá expresamente el derecho a la reparación material y moral. Asimismo, cuando existan indicios razonables de discriminación, corresponderá a la parte demandada acreditar que su actuación estuvo basada en razones objetivas y no discriminatorias. También se prevé la nulidad de los actos, disposiciones o cláusulas discriminatorias y una mayor capacidad de intervención de asociaciones, sindicatos y entidades defensoras de los derechos humanos.
Un nuevo servicio especializado, gratuito y accesible
Entre las principales novedades institucionales figura la creación del Servicio Vasco de Igualdad de Trato y No Discriminación, que actuará como referencia para la ciudadanía y como principal instrumento operativo de aplicación de la futura ley.
Este servicio ofrecerá atención directa, orientación jurídica y social y acompañamiento personalizado a las víctimas. También podrá investigar situaciones especialmente graves o de relevancia social, impulsar la mediación, elaborar estudios e informes y coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones y organismos especializados.
La atención será gratuita y accesible. El servicio podrá promover, cuando las circunstancias lo permitan y exista consentimiento de las partes, fórmulas de justicia restaurativa como la mediación, la conciliación o el arbitraje, orientadas a reparar el daño y favorecer la convivencia.
Prevención y participación de la sociedad civil
La futura ley no se limitará a actuar cuando la discriminación ya se haya producido, sino que situará la prevención en el centro de la acción pública. Para ello, prevé la elaboración de un Plan para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que deberá fijar objetivos, medidas, recursos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
También impulsará la formación del personal público, la generación de estadísticas y conocimiento sobre las situaciones de discriminación y la incorporación de criterios de igualdad de trato en ámbitos como la contratación pública y las subvenciones.
El modelo se completará con la creación del Consejo Vasco de Igualdad de Trato y No Discriminación, concebido como un espacio estable de participación, consulta y colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad civil.
Un régimen de infracciones y sanciones
El anteproyecto incorporará un régimen sancionador para garantizar que los derechos y obligaciones establecidos no tengan un carácter meramente declarativo. Las infracciones se clasificarán según su gravedad y las sanciones se graduarán atendiendo, entre otros criterios, a la intencionalidad, la reincidencia y los perjuicios ocasionados.
Además de las sanciones económicas, se contempla la posibilidad de impedir el acceso a determinadas ayudas o subvenciones públicas a las personas físicas o jurídicas responsables de infracciones graves o muy graves. La respuesta administrativa deberá respetar en todo momento los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia, audiencia y seguridad jurídica.
“Euskadi cuenta con una sociedad diversa y con una importante trayectoria institucional y social en defensa de la convivencia. Esta ley nos permitirá construir sobre ese trabajo, mejorar la coordinación y, sobre todo, convertir la igualdad de trato en un derecho acompañado de herramientas reales para prevenir las vulneraciones, atender a las víctimas y reparar el daño”, ha concluido Melgosa.
El modelo planteado se articula sobre cinco grandes pilares: prevención, protección, reparación, coordinación institucional y participación social. Su objetivo final es consolidar una política pública estable y transversal que contribuya a una Euskadi más inclusiva, cohesionada y respetuosa con su diversidad.
Más información en el portal Irekia (Se abrirá en nueva ventana)