El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de un aval por importe de 25 millones de euros a Luzaro, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A., con el objetivo de facilitar una nueva línea de financiación destinada a pequeñas y medianas empresas vascas. La medida permitirá a Luzaro formalizar una operación de crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), reforzando así su capacidad para canalizar recursos hacia el tejido empresarial. Esta actuación responde al interés público de fortalecer los instrumentos financieros disponibles para las pymes, especialmente en el ámbito de proyectos de inversión y necesidades de circulante.
Luzaro es una entidad participada en un 17,65 % por el Instituto Vasco de Finanzas cuyo cometido principal es impulsar el desarrollo de las pymes mediante fórmulas de financiación alternativas a las tradicionales. Entre estas destacan los préstamos participativos, caracterizados por plazos largos de amortización, periodos de carencia prolongados y costes variables vinculados a los resultados de las empresas beneficiarias.
La relación entre Gobierno Vasco y Luzaro se remonta a 1992, con la firma de sucesivos convenios de colaboración destinados a apoyar este tipo de instrumentos financieros. El último acuerdo, vigente desde febrero de 2025, tiene una duración de tres años y continúa orientado a facilitar el acceso a financiación en condiciones competitivas para el tejido empresarial vasco.
El nuevo aval responde a la necesidad de ampliar las fuentes de financiación de la entidad, que tradicionalmente ha dependido en gran medida de sus entidades financieras socias. En los últimos años, Luzaro ha recurrido también a operaciones con el BEI, avaladas por la Administración vasca, para sostener su actividad crediticia. A fecha de 30 de abril de 2026, el conjunto de estas líneas se encontraba completamente dispuesto, con un saldo vivo cercano a los 87 millones de euros.
El respaldo público permitirá formalizar una nueva operación con el BEI en condiciones más favorables, tanto para la entidad como para las empresas destinatarias finales de los fondos. El aval público contribuirá a reducir el coste de financiación, lo que se trasladará a las pymes en forma de condiciones más competitivas.
Desde el punto de vista normativo, la operación se enmarca en la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para la concesión de garantías. Además, la legislación presupuestaria de 2026 contempla expresamente la posibilidad de avalar financiación procedente de instituciones europeas como el BEI cuando el destino final sean empresas vascas.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca seguir consolidando un modelo de colaboración público-privada orientado a mejorar el acceso a financiación de las pymes, consideradas un eje clave para el crecimiento económico y la competitividad en Euskadi.
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