El Departamento de Hacienda y Finanzas ha actualizado su Marco de Financiación Sostenible que establece cómo se emitirán y gestionarán instrumentos financieros (bonos, colocaciones privadas y préstamos) destinados exclusivamente a proyectos con impacto ambiental y social. Este marco refuerza la apuesta del Ejecutivo por alinear la inversión pública con la Agenda 2030 y garantiza procesos de selección, gestión y reporte que favorecen la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El nuevo marco, diseñado para el periodo 2024–2028, ordena que una cantidad equivalente a los ingresos netos procedentes de cada instrumento se destine a proyectos elegibles que contribuyan a objetivos ambientales (energías renovables, transporte limpio, gestión del agua, conservación de la biodiversidad, eficiencia energética y adaptación al cambio climático) y sociales (vivienda asequible, educación, salud, progreso socioeconómico y generación de empleo).
Un proceso que ha contado con el acompañamiento del BBVA, entidad que ha aportado su experiencia en la definición de estructura sólidas, con criterios precisos de elegibilidad, mecanismos de transparencia y un alineamiento riguroso con las mejores prácticas del mercado.
La selección de proyectos se vincula directamente a los programas presupuestarios vigentes del Gobierno Vasco, garantizando que las inversiones respondan a necesidades públicas identificadas.
Entre las líneas de actuación social destaca la financiación de políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda digna (incluyendo la construcción de vivienda social, el programa Bizigune, la Prestación Económica de la Vivienda (PEV) y el apoyo a jóvenes mediante Gaztelagun), así como el respaldo a programas educativos y sanitarios orientados a colectivos vulnerables. En el ámbito económico, los recursos podrán apoyar medidas de inclusión social, prestaciones de emergencia, programas de inserción laboral y formación para la empleabilidad, reforzando el modelo vasco de bienestar.
En materia medioambiental, los recursos canalizados a través del Marco permitirán acelerar inversiones en renovables (solar, eólica, biomasa y energía marina), impulsar la descarbonización del transporte, financiar infraestructuras de gestión de aguas residuales y programas de prevención y control de la contaminación, además de acciones de conservación y restauración de ecosistemas. El Marco incorpora criterios de elegibilidad y exclusión que evitan la financiación de actividades controvertidas, como la producción de tabaco o la extracción significativa de carbón.
Evaluación y selección de proyectos
Para garantizar rigor y control, el proceso de evaluación y selección de proyectos está centralizado en la Comisión de Financiación Sostenible, integrada por representantes del Departamento de Hacienda y Finanzas y de los departamentos responsables de las áreas relevantes (Educación, Sanidad, Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Vivienda, Movilidad, Bienestar y otros). Cada Departamento realiza evaluaciones a priori de impacto y, cuando proceda, evaluaciones ambientales que respaldan la elegibilidad de los proyectos.
El Gobierno Vasco ha definido mecanismos claros de gestión de los ingresos: los fondos se asignarán directamente a los programas presupuestarios elegibles del ejercicio fiscal correspondiente y, en caso de demora en la asignación, se custodiarán en posiciones de liquidez seguras hasta su aplicación. Asimismo, se contempla la reasignación de recursos si un proyecto pierde su condición de elegible, evitando cualquier doble contabilización. La información sobre asignaciones estará disponible públicamente en la web del Gobierno Vasco y se ofrecerán informes de impacto anuales con indicadores desglosados por sexo y otras variables relevantes.
“Con la puesta en marcha de este Marco, el Gobierno Vasco refuerza su compromiso con la Agenda Euskadi País Vasco 2030 y con los planes estratégicos aprobados para la legislatura (2024–2028), integrando criterios ambientales y sociales en la planificación financiera”, destaca el viceconsejero de Política Financiera y Presupuestos, José Enrique Corchón, aclarando que “se trata de una herramienta dinámica que evolucionará conforme se avance en la alineación técnica con la clasificación europea de Bonos Verdes (SGB) y en la mejora de los mecanismos de verificación y evaluación”.
El instrumento busca, en definitiva, canalizar la financiación pública de forma responsable y eficaz para acelerar la transición ecológica y social del territorio, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y ofrecer a inversores y mercados garantías de transparencia, impacto y control.
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