- El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla en total 1.123 nuevas viviendas, de las cuales 291 serán VPO y 448 tasadas para priorizar el alquiler y el Plan prevé movilizar 790 viviendas vacías y aprovechar lonjas, caseríos y viviendas de gran tamaño para generar nueva oferta
- Con Bergara son ya 21 los municipios tensionados en Euskadi tras unirse a la lista este mismo martes Sopela y Urduliz. Supone más del 55% de la población vasca: 1.198.000 personas
Bergara ha sido declarada zona de mercado residencial tensionado con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda y dar respuesta a las dificultades que afrontan las personas residentes en el municipio, especialmente quienes buscan una vivienda en alquiler. El plan de acción asociado a la declaración establece medidas para topar los precios del alquiler, ampliar la oferta asequible, movilizar vivienda vacía, impulsar la rehabilitación y mejorar la coordinación institucional durante el periodo 2026-2028. Las medidas entrarán en vigor oficialmente el día siguiente a la publicación en el BOE, prevista para finales de esta semana. Con Bergara son ya 21 los municipios tensionados en Euskadi tras unirse este mismo martes a la lista Sopela y Urduliz. Supone más del 55% de la población vasca: 1.198.000 personas. Además, hay otros catorce municipios cuya solicitud está en tramitación.
En este contexto, el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, se reunió la semana pasada con el alcalde del municipio, Gorka Artola, y el concejal de Urbanismo, Markel Azkargorta, para analizar la situación residencial del municipio y las medidas contempladas en el plan. Durante la jornada, también visitaron varias parcelas en las que están previstas construcciones de viviendas protegidas. De hecho, se ha concretado la posibilidad de conveniar la cesión y próxima ejecución de la parcela municipal del A17.1, Artzamendi, con capacidad para 20 VPO, y también se han valorado las opciones de los ámbitos entorno al nuevo edificio del instituto Miguel Altuna así como los de Urteaga y la zona de la antigua Algodonera, respectivamente.
La realidad a día de hoy es que Bergara ha experimentado un incremento del 21,5% en el precio medio del alquiler de los últimos cinco años y cuenta con 470 expedientes activos en Etxebide, de los que el 86,6% corresponden a personas que demandan una vivienda en alquiler. El 77,5% de las personas inscritas dispone de ingresos bajos o medio-bajos y el 26,8% tiene menos de 36 años. A esta demanda se suma un parque de vivienda protegida y pública que representa el 6,4% del total, una situación que refuerza la necesidad de ampliar las alternativas residenciales asequibles.
Tras el encuentro mantenido, De los Toyos ha señalado que el reto consiste en adecuar las herramientas públicas a las necesidades reales de la población. “En Bergara tenemos que aumentar la oferta y conseguir que una parte mayor responda a la demanda real de alquiler”, ha afirmado. En su opinión, la respuesta requiere combinar la construcción de nuevas viviendas protegidas con la movilización del parque existente y la rehabilitación de inmuebles que hoy no están disponibles en condiciones adecuadas.
Por su parte, Artola ha subrayado que el acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y una prioridad para el Ayuntamiento. “Tenemos que trabajar para que las personas que quieren desarrollar su proyecto de vida en Bergara tengan oportunidades reales de acceder a una vivienda a un precio asequible. Para ello, es imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones y una planificación que nos permita dar respuestas concretas a las necesidades actuales, especialmente a las de las personas jóvenes y las familias con mayores dificultades de acceso al alquiler”, ha señalado el alcalde.
Priorizar la vivienda protegida y el alquiler en los futuros desarrollos
El planeamiento urbanístico de Bergara contempla 1.123 nuevas viviendas, de las que 739 están previstas como protegidas. El plan de acción plantea revisar los criterios urbanísticos y los regímenes de protección de los desarrollos pendientes para reforzar el peso de la vivienda protegida y orientar una mayor parte de la oferta hacia el alquiler. Entre las actuaciones previstas figura el desarrollo de A-40, donde se encuentran en ejecución 36 viviendas libres.
El documento no plantea una nueva expansión residencial a corto plazo, sino aprovechar mejor las posibilidades existentes en el planeamiento y reforzar la colaboración entre las administraciones para incrementar la oferta pública y protegida. Para ello, contempla acuerdos con el Gobierno Vasco y Visesa, especialmente en parcelas de titularidad pública, además de estudiar las necesidades de suelo y las fórmulas de cooperación que permitan materializar las actuaciones.
“La declaración de zona tensionada nos proporciona herramientas, pero lo importante es utilizarlas dentro de una estrategia realista, coordinada y con capacidad para ejecutarse”, ha señalado De los Toyos. El viceconsejero ha defendido que las actuaciones deben combinar planificación, disponibilidad de suelo y colaboración institucional, con objetivos ajustados a los plazos y a las posibilidades de cada proyecto.
Movilizar vivienda vacía y aprovechar mejor el parque existente
El plan identifica 790 viviendas vacías o deshabitadas, según el censo municipal utilizado como referencia para las políticas públicas. Una parte de estos inmuebles presenta problemas de antigüedad o conservación, por lo que su incorporación al mercado requiere, en determinados casos, actuaciones previas de rehabilitación.
Bergara cuenta actualmente con 62 viviendas incorporadas al programa Bizigune. El plan propone reforzar su capacidad de captación, mantener los incentivos vinculados al programa y estudiar medidas fiscales relacionadas con la vivienda vacía. Entre ellas figura analizar la posibilidad de elevar el recargo del IBI aplicado a viviendas que no constituyen residencia habitual, actualmente situado en el 50%, hasta el máximo que permita la normativa.
La rehabilitación constituye otra de las líneas de actuación. El documento plantea identificar las necesidades del parque residencial, mejorar la accesibilidad y la eficiencia de los edificios y priorizar aquellas situaciones en las que las condiciones de habitabilidad, la presencia de personas mayores o la existencia de viviendas vacías hacen más necesaria la intervención. También prevé impulsar iniciativas de acompañamiento a las comunidades de propietarios, con Osintxu como posible ámbito piloto para desarrollar un modelo de apoyo a la rehabilitación y a la movilización de vivienda.
“No basta con identificar las viviendas vacías: hay que conocer por qué no se utilizan y qué necesitan para volver a cumplir una función residencial”, ha explicado el viceconsejero. “La rehabilitación, la seguridad para las personas propietarias y la colaboración con los programas públicos de alquiler deben formar parte de una misma respuesta”, ha añadido.
En otro orden, Artola ha destacado la importancia de abordar la problemática de la vivienda desde el conocimiento de la realidad local y de las necesidades de la ciudadanía. “Desde el Ayuntamiento tenemos que seguir trabajando para conocer la situación de las viviendas que actualmente no están en uso e identificar qué medidas pueden facilitar su incorporación al mercado del alquiler”. Y ha añadido que “nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan encontrar en Bergara una vivienda adecuada y asequible, y para ello es fundamental sumar esfuerzos y aprovechar todas las herramientas disponibles”.
Generar nuevas oportunidades sin ocupar más suelo
El plan propone, además, aprovechar mejor los espacios ya construidos para ampliar la oferta residencial sin depender exclusivamente de nuevos desarrollos urbanísticos. Entre las posibilidades que plantea figuran facilitar, bajo condiciones reguladas, la transformación de locales en viviendas, estudiar la división de determinados caseríos cuando resulte compatible con la actividad agraria y permitir la segregación de viviendas de gran tamaño.
Estas medidas requieren revisar ordenanzas y procedimientos municipales, analizar las características de cada inmueble y garantizar que las nuevas viviendas cumplen las condiciones de habitabilidad y se integran adecuadamente en el entorno urbano. El documento plantea actualizar la normativa sobre locales, simplificar trámites y localizar los espacios que podrían incorporarse al uso residencial.
Atención a la demanda y coordinación institucional
El plan también incorpora medidas dirigidas a mejorar la atención a las personas que necesitan una vivienda. En 2024, el 51,32% del gasto municipal en ayudas de emergencia social se destinó al alquiler, con un importe de 149.300 euros. El documento propone adaptar la gestión de estas ayudas al nuevo sistema de prestaciones de vivienda, reforzar la coordinación con Etxebide e informar y acompañar a la ciudadanía en la tramitación de las ayudas disponibles.
Asimismo, plantea abordar las dificultades que se producen cuando los recursos de alojamiento de emergencia prolongan su ocupación por la falta de alternativas residenciales asequibles. El objetivo es mejorar la coordinación entre los servicios sociales y las políticas de vivienda para facilitar respuestas adecuadas a cada situación.
El plan de acción se estructura en cuatro ejes: ampliación y movilización de la oferta residencial; rehabilitación y aprovechamiento del parque existente; atención a la demanda y a las situaciones de vulnerabilidad; y coordinación institucional y seguimiento. Su calendario abarca el periodo 2026-2028 e incluye actuaciones prioritarias relacionadas con la vivienda vacía, Bizigune, la rehabilitación, la atención a la demanda y la gobernanza del plan. La Mesa de Vivienda tendrá un papel central en la coordinación, el seguimiento de las medidas y la actualización de la información sobre las necesidades residenciales del municipio.
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