- El ejecutivo responde al Parlamento para que la Mesa realice en el día de hoy la toma de conocimiento del criterio favorable a la tramitación de la Ley, lo que previsiblemente implicará su toma en consideración durante el desarrollo del Pleno Ordinario del próximo jueves 26 de junio
El Consejo de Gobierno Vasco ha manifestado hoy su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, presentada por los grupos parlamentarios EAJ-PNV y PSE-EE. El ejecutivo responde al Parlamento para que la Mesa realice en el día de hoy la toma de conocimiento del criterio favorable a la tramitación de la Ley, lo que previsiblemente implicará su toma en consideración durante el desarrollo del Pleno Ordinario del próximo jueves 26 de junio. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo central la activación urgente de suelo para la construcción de vivienda, especialmente protegida, así como la introducción de mejoras normativas que permitan dar una respuesta más ágil a la actual situación del mercado residencial.
El Gobierno Vasco considera que la proposición incorpora medidas necesarias y urgentes en diversas leyes del marco normativo vasco para facilitar la producción de vivienda de protección pública, agilizar los procedimientos urbanísticos y garantizar el acceso a la vivienda en condiciones dignas. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la posibilidad de crear reservas estratégicas de suelo, nuevas figuras urbanísticas para acortar plazos, y un marco sancionador efectivo en zonas declaradas como mercado tensionado.
Impulso normativo en favor del derecho a la vivienda
La proposición de Ley introduce cambios en varias normativas autonómicas, entre ellas la Ley de Suelo y Urbanismo, la Ley de Vivienda, la Ley de Administración Ambiental y la Ley de Turismo, con el fin de alinear el marco vasco con la legislación básica estatal y afrontar los desafíos del acceso a la vivienda.
En este sentido, y atendiendo a la situación de la vivienda en cada municipio, a la viabilidad económica de las actuaciones y bajo condiciones de ejecución inmediata, se permitirá que los ayuntamientos puedan reducir la reserva para vivienda de protección pública establecida por la Ley 2/2006, de un 75% hasta un mínimo del 60%, siempre respetando al menos un 55% de Viviendas de Protección Social en suelos urbanizables.
Asimismo, se facilita la promoción de vivienda protegida en el ámbito rural, incluyendo municipios de menos de 3.000 habitantes, para frenar el despoblamiento y reforzar la cohesión territorial. También se habilita la suspensión automática de nuevas viviendas y habitaciones de uso turístico en zonas de mercado residencial tensionado, como medida para preservar el acceso a la vivienda de alquiler de larga duración.
Una respuesta coordinada y urgente a las necesidades del territorio
La iniciativa también contempla medidas de mejora y agilización en el ámbito ambiental. Con el fin de sincronizar procedimientos urbanísticos, ambientales y de suelos, se modifica la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental del Euskadi, para facultar a los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes a asumir competencias ambientales en determinados procedimientos de planes y proyectos, en coherencia con lo dispuesto en la Ley estatal 21/2013, de evaluación ambiental.
Se optimizan además los procedimientos de remediación de suelos contaminados, se declara la urgencia de los contratos públicos en materia de vivienda protegida, y se incorporan mejoras en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, conforme a la jurisprudencia reciente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El Gobierno Vasco considera que las medidas propuestas responden a una necesidad urgente, por lo que ha instado a su tramitación por el procedimiento de urgencia en el Parlamento Vasco. La iniciativa busca ofrecer herramientas efectivas a las administraciones públicas vascas para afrontar las tensiones del mercado inmobiliario, incrementar el parque de vivienda pública y garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda en todo el territorio.
Con este acuerdo, el Ejecutivo reafirma su compromiso con el derecho a una vivienda digna y adecuada, y avanza en la mejora de la planificación urbanística, el uso eficiente del suelo y la sostenibilidad ambiental y social de los entornos urbanos y rurales.
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