- Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos−Gogora, ha comparecido ante la Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Asamblea de Extremadura en el transcurso de la tramitación parlamentaria de la Propuesta de Ley de Concordia
“La intención de quitarle peso a la violencia represiva del franquismo abre una puerta inasumible para quienes hemos tenido que soportar la presión, las amenazas y el señalamiento de quienes trataban de socializar el sufrimiento y las responsabilidades”.
Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos−Gogora, se ha referido así a la Propuesta de Ley de Concordia de Extremadura promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Popular y de Vox.
Alonso ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Asamblea de Extremadura a solicitud de los grupos parlamentarios, en el transcurso de la tramitación parlamentaria de la norma.
Alonso ha centrado su intervención en dos aspectos del texto de la Propuesta de Ley de Concordia: la ambigüedad y la equidistancia a la hora de abordar el periodo de la dictadura franquista y la descontextualización de las víctimas de las diferentes violencias en el periodo que abarca la propuesta de Ley.
Así, en palabras del director de Gogora, el texto de la Propuesta de Ley mantiene “una mirada equidistante del periodo franquista que pretende justificar una violencia, la del Franquismo, como consecuencia de otra violencia anterior, la republicana”. Alberto Alonso ha señalado la similitud en la estructura argumental con la utilizada por la izquierda abertzale en las últimas décadas “pretendían justificar una violencia, en su caso, la de la banda terrorista ETA, como si fuera consecuencia de otra violencia anterior, la ejercida primero por el Franquismo y, posteriormente, desde su perspectiva, por el ‘Estado opresor’”. Para evitar esta ambigüedad, en palabras de Alonso, “es preciso que el texto legal huya de discursos que pretendan justificar o relativizar cualquier tipo de violencia como consecuencia de otra anterior”.
Existe, en su opinión, una intencionalidad de “diluir las responsabilidades” que choca con la época más reciente de nuestra historia: “la intención de quitarle peso a la violencia represiva del Franquismo abre una puerta inasumible para quienes hemos tenido que soportar la presión, las amenazas y el señalamiento de quienes trataban de socializar el sufrimiento y las responsabilidades”.
Las víctimas en su contexto
A la hora de abordar la forma en el que el texto de la Propuesta de Ley se refiere a las diferentes víctimas de la violencia política, Alberto Alonso ha señalado que “esta ley engloba a todas las víctimas en una misma categoría, despojando a cada una de ellas del contexto en que sufrió su victimización”. Y ha añadido “porque las víctimas, fuera de su contexto, pasan a ser una categoría abstracta que, en su afán por querer representar a todas, termina por no representar a nadie”.
Así, el director de Gogora cuestiona “¿Es lo mismo un alcalde republicano fusilado en el verano caliente de 1936, que un policía nacional asesinado por ETA en 1987 o los cuatro etarras acribillados en el hotel Monbar de Bayona por el GAL en 1985? ¿Tienen el mismo tratamiento los casos de Manuel Vivas, alcalde republicano de Villagonzalo, condenado a morir de hambre en el penal vizcaíno de Orduña que el de Juan Paredes, alias Txiki, militante de ETA nacido en Zalamea de la Serena y condenado a muerte por un régimen dictatorial sin ningún tipo de garantías procesales? ¿Los proponentes de esta ley creen que en todos estos casos las víctimas merecen el mismo tipo de reconocimiento?”
La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con una norma propia de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas del terrorismo – Ley 2/2020-, y así se recoge en esta Propuesta de Ley. Sin embargo, y así lo ha señalado Alonso en su intervención, “las víctimas de otros contextos, las injustamente llamadas ‘otras víctimas’, no han tenido la oportunidad de recibir el reconocimiento del dolor y la injusticia a las que fueron sometidas, ni por parte de las instituciones ni por parte de la sociedad en su conjunto”.
“Y esta proposición de ley precisamente ahonda una vez más en ese agravio. Usa a las víctimas del terrorismo como parapeto tras el que esconderse y así disolver, junto a ellas, a las miles de víctimas del franquismo”, ha apuntado.
Para terminar su intervención Alberto Alonso ha insistido en la necesidad de contextualizar el momento histórico y el tipo de violencia sufrida por las diferentes víctimas: “no hurten el contexto a las víctimas. No las neutralicen englobándolas en un concepto abstracto y difuso que solo sirve para difuminar su dolor. No todo vale. No quieran silenciar el dolor de quienes llevan tantas décadas esperando una respuesta de las instituciones usando a las víctimas del terrorismo como sordina”.
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