El Observatorio Europeo sobre las Personas sin Hogar (European Observatory of Homelessness, EOH), bajo los auspicios de la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA) publica un informe sobre las personas sin hogar en Europa enfocado al análisis de las políticas y protocolos relacionados con la salida de prisión y su intersección con la situación de las personas sin hogar.
La liberación de prisión puede ser un período de transición crítico ya que, a veces, implica riesgo de pérdida del hogar, en el caso de no dar con una solución de vivienda y apoyo adecuado antes y después de la liberación. Asimismo, una sentencia de prisión también puede resultar en falta de vivienda cuando no existen mecanismos para mantener el arrendamiento existente mientras se produce el cumplimiento de la pena.
Metodología
Con punto de partida en un cuestionario comparativo preparado por el EOH 13 estados miembros de la Unión Europea (Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovenia) y dos países europeos (Noruega y Reino Unido) participan de la investigación comparativa diseñada para conocer la naturaleza y el alcance del riesgo de las personas que salen de prisión -ya sea al producirse el fin de la condena, ya sea como resultado de la concesión de la puesta en libertad anticipada (libertad condicional)- de quedarse sin hogar.
Características diversas de los sistemas de justicia penal en Europa
Los sistemas de justicia penal existen en múltiples formas en toda Europa y se comprueba una gran variación en la naturaleza y alcance de las sentencias de prisión y, en particular, en el grado en que se utiliza el encarcelamiento. Algunos Estados miembros y otros países europeos hacen un uso mucho mayor de sentencias no privativas de libertad (comunitarias) que otros, con enfoques que en algunos casos plantean un mayor énfasis en la rehabilitación, el tratamiento y la prevención de la reincidencia. Así, se constatan diferencias incluso dentro de cada país, en los que se dan diferentes formas de encarcelamiento, y el equilibrio entre las formas de prisión de alta seguridad y las más abiertas puede diferir dentro de los países y, a veces, mucho menos entre los propios países.
En cuanto a los datos, las tasas generales de encarcelamiento en la Unión Europea estas se sitúan en torno a las 106 personas por cada 100.000 habitantes, pero existen variaciones considerables: algunos países como Finlandia, Eslovenia y Alemania presentan tasas de encarcelamiento menor (menos de 80 por cada 100.000 habitantes), mientras que países como Hungría y Polonia tienen tasas de encarcelamiento mucho más elevadas (más de 180 personas por cada 100.000 habitantes). En cuanto al perfil según género, las poblaciones encarceladas son mayoritariamente masculinas, es decir, normalmente alrededor del 95% son presos, destacando el caso del Reino Unido donde se registran personas que se identifican como transgénero en su población carcelaria (representando aproximadamente el 0,25% de la población carcelaria total). Si se tiene en cuenta el origen, en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, el número de “personas extranjeras” en prisión resulta significativo, particularmente en el área mediterránea. No obstante, cuando los Estados miembros de la UE presentan altas tasas de encarcelamiento, es porque tienden a encarcelar más a sus propios ciudadanos/as, no tanto a personas extranjeras.
Asociación entre salida de prisión y pérdida del hogar
A nivel europeo, los sistemas penitenciarios tienen más probabilidades de detener a personas socioeconómicamente marginadas. Estos sistemas también tienden a encarcelar a personas con necesidades múltiples y complejas en altas proporciones. De modo que pese a que la mayor parte de las personas, bien cuando son encarceladas o bien cuando son liberadas, no se quedan sin hogar, se constatan elevadas tasas de contacto con los sistemas de justicia penal entre las poblaciones de alto riesgo que experimentan una falta de vivienda recurrente y sostenida en Europa. Así, se observan asociaciones entre prisión, delincuencia y contacto con los sistemas de justicia penal entre poblaciones con necesidades múltiples y complejas que tienden a experimentar una falta de vivienda repetida y sostenida.
Esto significa que la falta de vivienda a largo plazo (crónica) y repetida (episódica) se asocia con altas tasas de contacto con los sistemas de justicia penal y altas tasas de adicción, enfermedades mentales graves, enfermedades limitantes y discapacidad combinadas con marginación y estigmatización socioeconómica.
El informe confirma que, tradicionalmente, ha existido una conciencia política generalizada sobre la vivienda estable como requisito previo para que las políticas y las prácticas previnieran de la reincidencia entre las personas ex-presas. Sin un hogar estable, la reintegración no podía tener éxito y, sin reintegración, los riesgos de regresar a prisión eran altos. Sin embargo, se detecta que con frecuencia varios Estados miembros y otros países europeos no implementan políticas y prácticas que brinden y garanticen soluciones de vivienda estables para la población ex-reclusa.
La investigación subraya, también, el aislamiento y descoordinación que se produce en materia de recursos en los procesos de ex-carcelación, en parte debido a la inexistencia de una autoridad única o de recursos destinados a garantizar el alojamiento de la población ex-reclusa. En este sentido se identifica un acceso frecuentemente errático y limitado a proyectos especializados destinados a la población reclusa para la prevención de la falta de vivienda. El riesgo de que una persona afronte la pérdida del hogar tras su paso por prisión mantiene una relación estrecha con el grado de apoyo familiar y social accesible a su salida del centro penitenciario.
La ausencia de una conexión local demostrable con un determinado entorno local (un municipio o área específica, por ejemplo), resulta un factor fundamental para el acceso a la vivienda (y a otros apoyos sociales y de salud), debido al rechazo al que se enfrentan quienes no pueden demostrar la existencia de un vínculo (por ejemplo, una dirección registrada en un área geográfica concreta) con el área administrativa en la que se ofrece un servicio de vivienda determinado. Existen excepciones al respecto, con Francia como el caso más significativo, donde se posibilita la búsqueda de vivienda con el límite de demostrar sin ciudadano/a de un país europeo (al margen queda la población migrante y/o solicitante de asilo). Además, aquellas personas que, tras su paso por prisión, no deseen regresar a su municipio de origen, pueden enfrentarse a numerosos obstáculos derivados de la exigencia de demostrar una conexión local para el acceso a servicios de vivienda y otros.
Otro reto lo constituye la población ex -reclusa que a su salida de prisión comienza a vivir en calle o a experimentar una falta de vivienda oculta. Estos casos habitualmente quedan fuera del radar de los sistemas de protección social y, en definitiva, con serias dificultades para el acceso a los servicios públicos de apoyo.
En definitiva, la entrada en prisión puede agudizar el riesgo de que una persona pierda su hogar en Europa debido a:
- La ausencia de una política preventiva para abordar la falta de vivienda entre las personas que se encuentran a punto de salir de prisión.
- La carencia de recursos y la falta de coordinación en la planificación de los procesos de reintegración/reinserción social destinados a la población reclusa una vez producida su liberación.
- La existencia de escasos proyectos y servicios especializados para reducir el número de personas sin hogar entre población ex-presidiaria en relación con las necesidades y la demanda detectada.
- La constatación de que las condenas de corta duración amplifican los efectos del castigo cuando conllevan la pérdida de vivienda por parte de la persona presa.
Entre los objetivos de la Declaración de Lisboa de 2021 de la Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo se planteó el desarrollo de un proceso de respuesta al sinhogarismo en toda la UE-27, en el que entre sus objetivos inmediatos se encontraba garantizar que ninguna persona fuese dada de alta de institución alguna (prisión, por ejemplo), sin una alternativa de vivienda adecuada. La información publicada por este informe pone de manifiesto que ningún Estado miembro está logrando este objetivo.
Si desea ampliar esta información, acceda al informe “Abandono de prisión y sinhogarismo” (Leaving prison and homelessness, European Federation of National Organisations Working with the Homeless) publicado en 2024.