El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia y Derechos Humanos y la asociación educativa Berriztu para la Inclusión Social para el desarrollo de acciones educativas en el ámbito de la Justicia Juvenil asistiendo a seis jóvenes y menores que deben cumplir medidas de acogida residencial o reinserción en la residencia de Autonomía de Bilbao. Destinará para ello un millón de euros entre 2025 y 2026.
A propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se ha ratificado la firma de este convenio, ya que el próximo 31 de diciembre concluirá la última prórroga del suscrito en 2020 y es necesario garantizar la continuidad de estas actuaciones educativas.
El convenio contempla la ejecución de medidas de acogida residencial y reinserción social de seis menores y jóvenes que deban cumplir una media cautelar o firme, en los regímenes abierto o semiabierto, incluidos los terapéuticos o las medidas de convivencia en grupo educativo y permanencias de fin de semana establecidos en la ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores que hayan sido impuestas por los Juzgados de Menores.
La vigencia del convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, y para ello se destinará algo más de un millón de euros, 510.552 € en 2025 y 525.864 € en 2026.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado prorrogar por un año dos convenios con los ayuntamientos de Portugalete y Barakaldo para la gestión del servicio de Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial. En el caso de Portugalete está dotado con 200.000 € para el año próximo, y en el de Barakaldo de 160.000 €.
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